La gendarmería francesa registra el domicilio del ministro de Sanidad por su gestión de la pandemia
También se han inspeccionado las casas del ex primer ministro Philippe y de otros altos cargos, dentro de la investigación judicial abierta tras las denuncias de víctimas de covid
La oficina y el domicilio del ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, y otros altos responsables y ex responsables del Gobierno de Emmanuel Macron, incluido su antiguo primer ministro, Édouard Philippe, han sido registrados este jueves en el marco de una investigación judicial respecto a su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.
Además del actual responsable de Salud y su número dos, el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, han sido sometidos a registros los domicilios de Philippe, que dejó la jefatura del Gobierno en julio, de su entonces portavoz, Sibeth Ndiaye, y de la antigua ministra de Sanidad Agnès Buzyn, responsable de la gestión de la crisis en los primeros momentos de la pandemia, justo antes del confinamiento nacional de marzo, confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales.
El procedimiento forma parte de las acciones tras la investigación judicial abierta el pasado julio por la Corte de Justicia de la República (CJR), el organismo competente para juzgar a miembros del Gobierno por presuntos delitos cometidos en el marco de sus funciones, tras las denuncias de varias víctimas de la covid-19 que consideran que los altos responsables se demoraron en sus acciones para frenar la propagación del virus.
El registro ha tenido lugar unas horas antes de que Véran tuviera que comparecer ante la prensa, junto con el primer ministro, Jean Castex, y otros miembros de su gabinete, para detallar las medidas anunciadas la víspera por el presidente, Emmanuel Macron, que ha vuelto a imponer el estado de emergencia sanitaria en todo el país y ordenado un toque de queda nocturno en las principales ciudades. Preguntado sobre la investigación judicial y sus posibles efectos en su equipo, Castex no quiso “comentar las decisiones de una autoridad judicial”, pero aseguró su “confianza total” en su ministro de Sanidad que, agregó, “goza de la presunción de inocencia”.
Según anunció en julio la Fiscalía del Tribunal de Casación bajo el que actúa la CJR, se decidió abrir una “información judicial por abstención de combatir un siniestro”, es decir, dejación de funciones por no haber tomado medidas contundentes ante la epidemia que ya se avecinaba.
Airé Allimi, el abogado de uno de los demandantes, el sindicato sanitario Inter Urgences, explicó en la emisora BFMTV que uno de los objetivos de la demanda es “determinar quién es el responsable de la ausencia de material” protector en los primeros momentos de la crisis. “El Gobierno no permitió al personal sanitario protegerse contra una enfermedad cuando conocía los medios para protegerse (…). Se trata de conocer si sabían que la epidemia llegaba y no tomaron las medidas para proteger a los sanitarios”, dijo Allimi. Como otros países, Francia sufrió en los primeros meses de pandemia una carencia grave de mascarillas y otros materiales protectores.
Gendarmes de la Oficina central de la lucha contra los ataques al medio ambiente y la salud pública (OCLAESP) realizaron los registros de este jueves, según medios franceses. El Ministerio de Sanidad solo confirmó que los registros de Véran y Salomon, los dos únicos investigados del Gobierno actualmente en ejercicio, se llevaron a cabo “sin dificultades”.
Una fuente judicial explicó a este diario que la decisión de registrar los domicilios de los antiguos altos responsables es “un procedimiento habitual”, puesto que por ejemplo Philippe, al no ser ya primer ministro, “podría guardar en su casa expedientes” que se llevara de su antigua oficina y que podrían servir para aclarar su papel. Tras ser sustituido por Jean Castex, Philippe volvió a ocupar su puesto de alcalde de Le Havre. Según Franceinfo, los agentes llegaron acompañados de informáticos. El objetivo principal del registro, agregó, era buscar información como informes no públicos o correos profesionales que puedan demostrar el nivel de conocimiento que tenía el Gobierno, por ejemplo eventuales alertas que no tuvo en cuenta. En cualquier caso, subrayó la fuente judicial, ninguno de los investigados ha sido aún imputado ni tampoco hay todavía una fecha fijada para su posible interrogatorio.
La acción policial se ha producido horas después de que el presidente Macron anunciara, la pasada noche, una nueva imposición del estado de emergencia sanitaria desde el sábado. Esta medida le permite al Gobierno contar con un marco legal para adoptar acciones contundentes, como el toque de queda nocturno impuesto a las nueve principales ciudades del país, incluido París, también a partir de este sábado y al menos por un mes.
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