“Me dijeron que no podían hacerme la PCR por no tener papeles”

Con síntomas de covid, con contactos cercanos positivos y sin papeles. Con este panorama, Paula (nombre ficticio), hondureña de 27 años, empleada del hogar con sueldos en negro, llamó al centro de salud de su barrio: Nueva Numancia, en Vallecas, una de las zonas con restricciones por la alta incidencia de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Sin tarjeta sanitaria le dijeron que no podían atenderla. Comenzó un periplo burocrático que ya dura una semana sin que le hagan pruebas PCR, con la mediación de una vecina médica, con un cambio de empadronamiento mediante y varios viajes en metro por la capital para hacer gestiones presenciales, a pesar de su sintomatología, por las negativas de recibir atención telefónica.

Como muchas infecciones (aunque la suya no está confirmada), sucedió en una fiesta de cumpleaños el pasado 12 de septiembre. Lo celebraban unos vecinos. Tres de ellos habían dado positivo en las pruebas recientemente y deberían haber estado aislados. Pero Paula, por entonces, no lo sabía. Lo averiguó cuando, cuatro días más tarde, comenzó a sentirse mal. Ella y la hija de otra asistente, que es española, y dio positivo tras hacerle las pruebas rápidamente. Indagaron hasta que estos tres conocidos les confesaron que tenían la covid.

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Fue el jueves, 17 de septiembre, cuando llamó por primera vez a su centro de salud. “Al principio me atendieron, me preguntaron por mis síntomas, tengo malestar, me duele la vista, me cuesta un poco respirar..., por los contactos, pero en cuanto dije que no tenía papeles ni tarjeta sanitaria, me contestaron que no podían atenderme para hacerme pruebas”, relata por teléfono entre toses. Decidió dejar de ir a trabajar, tanto a la casa donde cuida a un señor mayor por las mañanas, como en la que recoge a los niños del colegio por la tarde, para no transmitirles la enfermedad, en caso de que la tenga, algo que todavía no sabe con certeza.

Desde 2018, los inmigrantes tienen derecho a sanidad, con documentación en regla o sin ella, cuando un decreto tumbó la norma que los excluía, aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Pero la cuestión burocrática se complica en tiempos de pandemia y ocasiona situaciones como la de Paula. Cada comunidad tiene un sistema para atenderlos. En la de Madrid les proporcionan en los centros de salud lo que llaman código DAR. Pero cuando se personó en el suyo, le dijeron que no podían hacerle la gestión, ya que estaba empadronada en otro barrio, en Cuatro Caminos. Con sus toses y su malestar, cogió el metro y se presentó en su antiguo distrito. “Me dijeron que allí no podía ir con síntomas, que llamara por teléfono y que si no me atendían por no tener tarjeta, que me hiciera las pruebas en una clínica privada, pero yo no tengo dinero para eso, cuesta casi 100 euros. Menos ahora que he tenido que dejar de trabajar y no cobro”, explica.

La ONG Médicos del Mundo tiene un servicio de atención a inmigrantes para ayudarles con las barreras de acceso a la salud. Cristina Hernández, una de las técnicas, explica que es una pescadilla que se muerde la cola: “Muchas personas no tienen la documentación necesaria para que les atiendan. El código DAR requiere presencialidad, pero nos encontramos casos de personas con síntomas que no pueden ir al centro de salud a gestionarlo y a las que tampoco atienden por teléfono, por lo que no reciben el seguimiento necesario”.

Una portavoz de la Comunidad de Madrid asegura que en los centros de salud, cualquier ciudadano que necesita atención urgente es dado de alta como transeúnte y se le presta la atención de urgencia que necesita. “Puede haber sido un caso puntual, que no refleja las actuaciones que se llevan a cabo en estos casos en la Comunidad de Madrid”, asegura.

El problema, en el caso de Paula y en otros similares, es que la burocracia choca con los derechos. “Nos hemos encontrado con otros casos en los que no tramitan el código DAR porque no cumple con los requisitos, que es llevar más de tres meses en territorio español y poder demostrarlo y tener pasaporte en vigor”, asegura Hernández.

Facilitar el diagnóstico

Pedro Gullón, epidemiólogo y experto en desigualdades sociales en salud, cree que aunque fuera por cuestiones “puramente utilitaristas” se debería facilitar a todo el mundo el diagnóstico y el seguimiento con las menores trabas posibles. “Los médicos de primaria vienen reclamando espacios fuera de los centros de salud donde la gente pueda ir a hacerse las PCR sin más. En Navarra, por ejemplo, tienen un complejo al estilo del hospital de campaña de IFEMA que funciona así. Lo contrario pone en peligro no solo la salud de la persona que no recibe atención, sino la de toda la población”, explica.

Ante la falta de atención en los dos centros de salud, Paula optó por cambiar su empadronamiento a su vivienda actual. Otra vez salir a la calle con síntomas, hacer una cola y unas gestiones ante la desesperación de las constantes negativas que recibía por teléfono. Este miércoles se empadronó, fue a su ambulatorio acompañada de una vecina médica y le dieron por fin el código DAR. “Si no fuera por ella tampoco me lo habrían dado”, lamenta.

A pesar de los problemas para hacerse las pruebas, Paula no ha tenido que superar una barrera idiomática. La cosa se complica con otros inmigrantes que no entienden bien el español. Cristina Arcas, de la ONG Salud entre culturas, que lleva años atendiendo este tipo de problemas, asegura que no ha habido ninguna adaptación idiomática para atender la pandemia. “Nosotros les facilitamos mediadores que hablan su lengua para que les den, desde la información más básica sobre mascarillas y aislamiento, hasta para ayudarles en gestiones que a veces resultan complicadas incluso para los españoles”, asegura. “Esperábamos que pasados los meses de mayor agitación hubieran habilitado facilidades para estos migrantes, pero nos volvemos a encontrar con las mismas barreras”, añade.

El principio de la segunda ola comenzó, precisamente, entre poblaciones inmigrantes, vulnerables, sin soluciones habitacionales dignas, sin capacidad de renunciar a un trabajo por horas que era su único sustento y con una comprensión del castellano no siempre idónea. Eso fue en julio, en los campos de Aragón y Cataluña. Ahora, las casas de las empleadas del hogar, a menudo, también sin papeles, son otro flanco de esta pandemia. Carolina Elías, de la asociación Servicio Doméstico Activo, asegura que muchas compañeras con síntomas están recurriendo a remedios naturales (y de más que dudosa efectividad) para continuar trabajando. “En algunas casas los empleadores cometen abusos ante la vulnerabilidad de las compañeras, que temen perder su empleo. Tenemos un caso que le obligaban a presentar PCR, y debía pagárselo ella si quería seguir trabajando”, explica.

Aunque Paula no ha tenido problema con sus empleadores para dejar de trabajar, la familia del señor que atiende por las mañanas le pidió que fuera a hacerle la comida cuándo él no estaba en casa. “Les dije que no, no quiero ponerle en riesgo”, zanja mientras aguarda la cita para hacerse la PCR que ha estado persiguiendo por medio Madrid. La esperará, ahora sí, aislada, con su hijo de un año.

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