El récord de muertes por la covid-19 en Perú tiene sus razones

Perú es el país con mayor mortalidad por habitante de América Latina por coronavirus. Para entender esta excepcionalidad hay que considerar varias causas: la autoridad sanitaria y los expertos coinciden en que la alta incidencia de la pandemia se debe principalmente a la falta de acceso a servicios de salud, un sistema de sanidad debilitado, el cierre del nivel primario de atención y “la imposibilidad de confinar adecuadamente”, indica el epidemiólogo César Cárcamo. Las áreas con mayor cantidad de muertes, respecto de los tres años anteriores, son la costa urbana y algunas regiones de la Amazonía, combinando efectivamente factores poblacionales, de densidad y tamaño, pero también de acceso a cuidados adecuados.

“En España declaran cuarentena y cada quien se va a su departamento propio a hacer teletrabajo y sigue ganando su sueldo. Aquí, la persona se va con el resto de su familia a esa habitación que ha alquilado en una casa que comparte con otras familias, y cada día que no sale a trabajar es un día que no tienen qué comer. Quedarse en casa no significa ninguna protección: la informalidad (laboral) y el hacinamiento contribuyen en Perú a que la cuarentena sea menos factible y menos efectiva”, explica Cárcamo, investigador de la Universidad Cayetano Heredia y miembro del Grupo Prospectiva que asesora al Ministerio de Salud en las medidas para encarar la pandemia. Antes de la llegada del virus a Perú en marzo, el 70% del empleo era informal, según cifras oficiales.

Lima tiene un tercio de la población del país y su distrito más poblado y de mayor déficit de vivienda es San Juan de Lurigancho, donde se registra el mayor exceso de muerte de la capital, entre marzo y agosto. A fines de julio, un estudio de prevalencia del nuevo coronavirus en Lima y Callao determinó que el 18% de los habitantes se infectaron: una mayor proporción de contagiados era población en condición de pobreza y que vive en hacinamiento. Según datos anteriores a la pandemia del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en San Juan de Lurigancho la pobreza monetaria afecta del 15% al 20% de las personas.

Hasta este miércoles, el Ministerio de Salud ha reportado 29.259 fallecidos por la covid-19, contabilizados luego de practicada una prueba rápida o una prueba molecular. A inicios de agosto, la ministra dijo que los muertos por la enfermedad serían unos 47.000, teniendo en cuenta los datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), una plataforma de registro más veloz que la que lleva los datos de la pandemia. Cárcamo apunta que si se considera la cantidad de muertes registradas en Sinadef por médicos que han anotado covid-19 en la partida de defunción, los fallecidos ascenderían a 60.000.

Tomando en cuenta las cifras del Sinadef, EL PAÍS calcula que entre marzo y agosto de 2020 hubo un exceso de 74.000 muertes comparada con la media de esos meses en los tres años anteriores. Se trata de fallecimientos por toda causa, durante una pandemia que tiene otros efectos en el acceso a salud y cuidados (por ejemplo, reduciendo el acceso de quien sufre otras enfermedades), y no necesariamente por infecciones. En cualquier caso, Cárcamo señala que el alto número de muertes en Perú por o durante la epidemia “sí corresponde con la realidad, pero no es comparable necesariamente con países que tienen otra forma de registrar las defunciones, como Brasil o Chile”. Y, en efecto, la plataforma del Sinadef es particularmente actualizada y transparente, ofreciendo un registro por cada muerte acontecida en el país de la que se tiene dato hasta final del mes de agosto.

Falta de acceso

Cuando Perú dispuso el confinamiento obligatorio a mediados de marzo, cerró los consultorios de los hospitales y el personal sanitario solo atendía emergencias, partos y pacientes de la covid-19. Desde entonces, el presidente Martín Vizcarra ha reiterado que de tener pocas camas de cuidados críticos fueron incrementando la cantidad; sin embargo, el punto de partida fue muy bajo.

”Una desventaja para el Perú en cuanto a mortalidad es la falta de acceso a servicios de salud. Comparado con otros países, cuando empezó la pandemia había muy pocas camas de UCI lo que hizo que muchas personas mueran sin posibilidad de ser atendidos”, comenta Cárcamo. “El conteo iba de 125 a 250 camas de cuidados críticos en el país; en abril el Gobierno incrementó y ahora hay más de 1.200, pero nunca alcanzaron: llegamos al pico de la pandemia y las personas iban al hospital y no podían ingresar a UCI”, añade el investigador.

Un segundo aspecto que determina el grave saldo de muertes en Perú es la escasez de personal médico. “Una cama UCI se puede implementar de un día para otro, pero un profesional, no. A falta de ello, anestesiólogos o emergenciólogos que no son especialistas en cuidados intensivos pero saben manejar un ventilador mecánico, y, residentes o médicos de otras especialidades atendían a los pacientes (de la covid-19), pero el manejo en estas condiciones no es el mismo. La pandemia ha agarrado al país con un sistema de salud debilitado”, asevera Cárcamo.

El Colegio Médico del Perú y sus secciones regionales reclamaron desde junio que el Gobierno aplicara el rastreo de contactos de los infectados, el cerco epidemiológico y la apertura del nivel de atención primaria de la salud, pero poco de ello se dio. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, calcula que solo un 35% a 40% del personal está trabajando.

”En un momento se vio que solo se iba a dejar solamente lo esencial: los servicios de emergencia. En la práctica no ofrecieron atención primaria porque los médicos que atendían allí pasaban la edad de riesgo de la covid-19, y a los que estaban activos los llevaron a los hospitales de atención secundaria o terciaria. La atención primaria se quedó sin personal porque o bien se infectó o era de alto riesgo”, afirma el epidemiólogo.

Sin cerco ni rastreo

En una entrevista con la prensa extranjera, la ministra de Salud dijo hace un par de semanas que ante la dificultad de hacer cercos epidemiológicos -o aislamiento de infectados- “se han hecho cuarentenas localizadas para disminuir la movilidad de las personas”. El viernes último, el Gobierno prorrogó nuevamente por un mes el estado de emergencia, el toque de queda, la prohibición de salir los domingos, y estableció la cuarentena total en cuatro regiones y la localizada en 45 provincias de 14 regiones.

Consultado Cárcamo sobre la falta de rastreo de contactos de los positivos, respondió que “el sistema de la red nacional de epidemiología ha sido desbordado. El equipo no alcanzaba a seguir a los contactos, se enrolaba más gente y no alcanzaba. La pandemia ha estado por delante de la capacidad de respuesta en cada momento”, algo que se refleja en la alta tasa de positividad sobre el total de pruebas realizadas en el país.

Un sospechoso de covid-19 consultado por este diario, que no tuvo acceso a un test molecular y salió negativo en la prueba rápida, pero tenía todos los síntomas, llamó varias veces a inicios de agosto al número de emergencia 113 y la atención fue deficiente. “Con razón se muere la gente, tuve que consultar otros dos médicos”, describió.

Perú ha realizado más de 3 millones 200 mil diagnósticos, pero de ellos, el 82% fueron pruebas rápidas (75% sobre el total de positivos), que tienen mucho margen de error. De hecho, este tipo de pruebas (técnicamente denominadas “serológicas” porque detectan presencia de anticuerpos generados por una infección previa) suele usarse no como método de diagnóstico, sino para comprobar seroprevalencia agregada, es decir, porcentajes de personas afectadas en el pasado sobre el total de poblaciones enteras. El uso masivo de las mismas es quizás el ejemplo más claro del desborde de las capacidades del sistema peruano ante la pandemia.

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