El “órdago” económico del obispo de Cádiz aboca al desahucio a un colegio público

Una decrépita placa de mármol recuerda a los benefactores del colegio Institución Provincial Gaditana, José Moreno de Mora y Micaela de Aramburu. Sobrevivió milagrosamente a la explosión de un polvorín que, en 1947, arrasó el anterior hospicio que ellos financiaron. Al final, la pieza ha resultado ser más resistente que la voluntad de estos dos filántropos de finales del siglo XIX. El desahucio del centro educativo público en el que estudiaban 63 niños parece inexorable. Rafael Zornoza, polémico obispo de Cádiz y propietario del inmueble, ha reclamado su devolución y el pago de más de 200.000 euros a la Diputación, la gestora del equipamiento que ya da casi por extinguido el acuerdo.

“El obispo lo que quiere es dinero, la Diputación y la Junta de Andalucía lo que buscan es ahorrárselo”, sentencia Mario López, presidente del Ampa del centro. Es el resumen que el padre hace de un enmarañado lío de competencias y acusaciones cruzadas que dejará sin colegio a su hija Claudia, de 10 años, para el próximo curso. Tras desarrollar toda su formación en ese lugar, la pequeña es una de las afectadas por el movimiento de un prelado conocido en su diócesis por despidos a sus trabajadores, desahucios y maniobras para entregar la gestión de centros concertados católicos a manos de Educatio Servanda, una institución de Madrid famosa por su corte conservador.

La Institución Provincial Gaditana es ya siquiera la sombra de lo que fue. Asediada por la baja natalidad de Cádiz y la cercanía de hasta cinco colegios concertados en su entorno, el centro apenas conservaba ya 63 alumnos, frente a los más de 1.000 que llegó a tener en los años 80, cuando su formación llegaba hasta el bachiller y las formaciones profesionales. La Diputación de Cádiz gestiona el equipamiento desde que en 1963 rubricó un acuerdo con Fundación Aramburu Moreno de Mora, una entidad del Obispado, presidida por su prelado y heredera del patrimonio que el adinerado matrimonio gaditano dejó a la beneficencia. La administración provincial se seguía encargando hoy del colegio gracias a otro convenio con la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias ahora en educación.

Aunque cada vez más mermado en mantenimiento y afluencia, el status quo de la Institución Provincial Gaditana pareció conservarse hasta el pasado mes de marzo de 2019. Entonces, Zornoza envió una carta a la Diputación en la que pedía “recuperar a la brevedad posible el uso del edificio”. El obispo argumentó que quería hacerse con la gestión del inmueble para emprender un “proyecto renovado al servicio de la infancia”, ya que el convenio de 1963 ya no era compatible con el marco jurídico actual y no se estaban cumpliendo las condiciones económicas pactadas, según argumentó en una misiva difundida ahora por la administración provincial en un comunicado. Zornoza acababa de poner en marcha el reloj para el fin de la Institución Provincial.

En enero de este año fue el representante legal de la Fundación el que envió un nuevo escrito, mucho más explícito en lo pecuniario. “Nos hicieron una reclamación de una cantidad bastante elevada, superaba los 200.000 euros. La suma parece responder a que, en el convenio de 1963, se habla de una compensación de 225.000 pesetas anuales a las monjas que estaban entonces para atender unas salas para niños huérfanos. Hasta ahora nunca se había reclamado, ya que no se tiene constancia de que esas salas llegaran a funcionar”, explica el diputado de Desarrollo Social Daniel Moreno. La Diputación mostró su disconformidad con el importe y en caso de reconocer la deuda, la estimaba en no más de 7.000 euros, correspondientes a lo no prescrito en los años.

Maniobra fallida

En última instancia, Fundación ofreció la firma de un nuevo convenio —según asegura el Obispado en un comunicado—, ya que la ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público obligaba a fijar un tope máximo de cuatro años de validez para todos aquellos convenios de administraciones con entidades privadas que no tuviesen fecha de fin, como ocurría con la rúbrica de 1963. Pero Moreno asegura que ya no hay nada que hacer, dado que la Diputación no puede rubricar un acuerdo para una competencia, la educativa, que ya no le pertenece. “Además, al denunciar el obispo el convenio, ya tiene que hacerse uno nuevo. Si no se hubiese reclamado, nosotros hubiésemos seguido”, asegura el diputado. Tampoco la Junta asegura poder rubricar un acuerdo similar al tratarse de un suelo privado y asegura que poco más puede hacer, más allá de garantizar la escolarización de los niños en otros centros públicos de su titularidad.

“Todo esto parece que ha sido un órdago del obispo que no ha salido como esperaba”, apunta una fuente cercana a la Diputación. Y ni en las filas de la propia Iglesia sorprende la maniobra de Zornoza que aseguran ya haber visto antes. “Están presionando a las órdenes religiosas que tienen colegios en edificios de la diócesis y que no pagan nada de alquiler a la misma. Todo es problema de dinero”, asegura una persona cercana a la curia gaditana. De hecho, desde que llegó a la Diócesis de Cádiz en 2011 ya ha apartado a comunidades femeninas que gestionaban colegios católicos en la capital, La Línea o Puerto Real.

En todos los casos ha acabado sustituyendo a estas monjas por Educatio Servanda, una institución educativa madrileña que, en apenas nueve años ha tenido un ascenso meteórico en la provincia de Cádiz, donde ya se encarga de cinco centros. La Fundación es famosa por su corte conservador y por polémicas como comparar las leyes LGTB con el terrorismo o por pedir a las profesoras que vistan con “recato” y “modestia” en centros concertados con la Comunidad de Madrid. Ahora, sectores contrarios a Zornoza consultados por EL PAÍS temen que, tras la petición económica fallida, el prelado repita la maniobra con la organización madrileña.

Mientras, López y el resto de padres libran una batalla a la desesperada para intentar salvar in extremis al histórico centro. Desde que el pasado 15 de mayo les notificaron oficialmente el cierre, saben que es una guerra casi perdida. El progenitor se queja de la falta de interés de administraciones públicas en mantener el equipamiento abierto y en el oscurantismo que rodea a un convenio que ni el Obispado ni la administración provincial nunca han dado a conocer. “El colegio se cierra no solo porque la fundación solicite la devolución sino porque la Diputación y la Junta no quieren mantenerlo abierto. Nuestra obligación es que salga a la luz toda la verdad”, zanja el padre indignado.