Rafael Zornoza: de obispo de los pobres al de los despidos

“No es nada personal, pero podemos prescindir de tu puesto porque los libros no comen”. Lola Macías tiene grabada a fuego la excusa que le dio el rector del seminario de Cádiz para despedirla un 5 de julio de 2017. La bibliotecaria de la institución hasta ese momento fue una de las primeras en sumarse a una lista de más de 20 empleados destituidos de manera fulminante por el obispado de Cádiz en los últimos ocho años. Desde este pasado 19 de diciembre engrosa también otra relación, la de extrabajadores del obispo Rafael Zornoza a los que la justicia ha dado la razón por prescindir de ellos sin causas justificadas. 

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La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la improcedencia del despido de Macías y ha condenado al seminario —dependiente del obispado— a indemnizar a la exbibliotecaria con 3.800 euros y asumir los 600 euros de costas de su abogado. La sentencia 3261/19 viene a corroborar un fallo anterior del Juzgado de lo Social Número 3 de Cádiz, que ya dio la razón a la extrabajadora en mayo de 2018 y que la institución recurrió. Contra el pronunciamiento del TSJA cabe recurso de casación, aunque la Iglesia gaditana no ha querido hacer declaraciones ni aclarar si ejercerá este derecho. 

Además de aquella frase que Macías no consigue olvidar, el seminario le entregó una carta en la que aseguraba que el despido se debía a que su puesto “se había desvirtuado y minimizado hasta quedar vacío de contenido”, según la argumentación recogida en la sentencia del TSJA a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo, los más de 15.000 ejemplares que la bibliotecaria custodiaba y catalogaba no se habían esfumado, ni el alumnado al que daba servicio. “Los libros siguen existiendo (…) y no se acredita que con respecto al año anterior haya un descenso real en el número de seminaristas”, según abunda el fallo de tribunal andaluz. 

“Para mí no es una alegría porque soy yo la que he perdido el trabajo después de 17 años de dedicación”, apunta Macías. La licenciada en Filología comenzó a trabajar sin contrato para el seminario en el año 2000. Hasta 2005 no le dieron de alta en la categoría de auxiliar de archivo con un contrato de 12 horas semanales por el que ganaba 330 euros al mes. Sin embargo, en el anterior juicio en Cádiz —y pese a llevar una testigo que así lo confirmó— la exbibliotecaria no consiguió demostrar los cinco primeros años que estuvo empleada sin ser dada de alta. 

Macías trabajó durante años bajo la promesa de que le “ampliarían la jornada”, aunque eso no llegó a ocurrir. Unos años después de la llegada de Zornoza a la diócesis de Cádiz —en octubre de 2011—, la bibliotecaria comenzó a percibir cambios que le advirtieron de que en el seminario todo “se puso de acuerdo para ahorrarse un sueldo”. El jefe de estudios decidió repartir los libros en las aulas y la dirección entregó las llaves a seminaristas de confianza, según alegó el propio obispado en el primer juicio. “Después de la fidelidad, me lo pagaron así. Fue muy triste y muy duro”, aclara esta madre de dos hijos que, a sus 40 años, no ha conseguido volver a encontrar trabajo. 

Mucho ha cambiado la diócesis de Cádiz desde que estaba gobernada por Antonio Ceballos, actual obispo emérito. El prelado llegó a verse investigado en la trama fraudulenta de los ERE después de solicitar a la Junta de Andalucía una ayuda para poder mantener una asignación a los 50 trabajadores de un geriátrico, cerrado entonces por obras. La juez María Núñez acabó archivando su causa al considerar su petición “justa y adecuada”. La actitud de Ceballos contrasta con la del actual pontífice de Cádiz, Rafael Zornoza, señalado por sus despidos a empleados y por destituir de sus cargos y responsabilidades a sacerdotes contrarios a él, como Rafael Vez.

Asegura la filóloga que decidió denunciar lo ocurrido y narrarlo ahora “para que los que estén pasando por lo mismo no se callen”. “Hay mucho miedo entre los trabajadores”, explica la gaditana, en referencia a los empleados que siguen trabajando para el obispado. De hecho, el pasado mes de junio el mismo juzgado de lo Social de Cádiz ya falló que la Iglesia de Cádiz —que ha recurrido el pronunciamiento— había actuado movida por “una represalia empresarial” para despedir a C. A. M., una administrativa de 46 años, cuya destitución fue declarada nula. Su caso se suma al de la guardesa de un convento de San Fernando, a la que el obispo quiere desahuciar pese a que ella alega que la casa en la que vive era un pago en especie por su trabajo. 

“Al menos, son 20 los afectados por despidos similares”, asegura un empleado que prefiere mantener el anonimato. Los destituidos han salido de entre los más de 30 trabajadores que el obispado tiene repartidos en distintas sedes de la capital, sin contar con un número no determinado de empleados en Cáritas y en las más de 120 parroquias de toda una diócesis que engloba la costa de Cádiz y la ciudad de Ceuta. Macías señala un posible culpable: “Todo ha cambiado desde que llegó este obispo. Está haciendo verdaderos desbarajustes”. Y C. A. M. ya aseguró en su momento a EL PAÍS que esto tenía una causa: “El obispado tiene ahora una línea ultraconservadora, quieren gente de esa ideología y no a los que no piensan como ellos”.