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El director multado por comparar la ley LGTB con el terrorismo pide ayuda para pagar

La organización Arcópoli pide que se investigue a la Fundación Educatio Servanda, que dirige el colegio Juan Pablo II de Alcorcón

El director del colegio privado-concertado Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, ha escrito una carta en la que pide ayuda para recurrir judicialmente la multa de 1.000 euros que le ha impuesto la Consejería de Políticas Sociales y Familia por criticar la ley en defensa del colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB). Martínez comparó la ley de identidad de género con el fanatismo terrorista en una misiva remitida al principio de curso a los alumnos y padres.

Fachada del colegio Juan Pablo II de Alcorcón.
Fachada del colegio Juan Pablo II de Alcorcón.

El director afirma en su último escrito que no tiene dinero para pagar la multa, que tiene una reducción del 20% si la paga en el periodo voluntario. Añade que no quiere abonarla porque, en su opinión, la ley en defensa del colectivo LGTB atenta contra “la libertad de pensamiento, de expresión y de educación”. “Creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Muchísima gente me está animando a que siga adelante, a que haga frente a la pretensión que tiene esta Consejería. Es lo que pretendo hacer, pero me faltan recursos para ello”, explica en la carta. Para ello pide donativos de 10 o 15 euros, “o lo que cada uno pueda”. “Y si estás convencido de que merece la pena, te ruego también que lo difundas entre tus contactos”, añade Martínez en la carta. Se despide pidiendo que recen por él y “por todos los damnificados por esta ley”. Este periódico intentó contactar ayer por la tarde, sin éxito, con el director del Juan Pablo II.

Investigar la fundación

La organización Arcópoli, dedicada a la defensa del colectivo LGTB, pidió ayer que se investiguen “los valores y el ideario” de la Fundación Educatio Servanda, de la que depende el colegio Juan Pablo II. En su opinión, este colectivo ha atentado contra “la dignidad de las personas LGTB tras su contundente apoyo al director del colegio”. “Se le ha mantenido en el cargo pese a la sanción, con lo que nos tememos que podría estar transmitiendo su ideología ilegal y seguir adoctrinando al alumnado con todo el apoyo de su fundación”, afirmó Arcópoli en un comunicado. “Este centro recibe cuatro millones de euros del Gobierno regional”, añade el escrito.

El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, afirmó ayer que no creía que la fórmula de mecenazgo puesta en marcha por Martínez “vulnere ninguna norma”. Garrido mantuvo que, cuando se presente el recurso ante la Consejería de Políticas Sociales, se continuará con el expediente y los servicios jurídicos lo resolverán “conforme proceda”.

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