El sector de la dependencia advierte contra la apertura de los centros de día en la fase 1: “Es un riesgo”
El Gobierno faculta a las comunidades a abrir estas instalaciones que atienden a mayores, aunque indica que debe priorizarse la atención telemática y la presencial será para casos “imprescindibles”
Con el 51% de los españoles a punto de entrar en la fase 1 de desescalada, comienzan también las medidas de alivio en el sector de la dependencia. En la orden que regula esta primera etapa se indica que cuando sea posible se priorizará la atención telemática en el ámbito de los servicios sociales y que la presencial se reservará para los casos “imprescindibles”, pero establece que los centros y servicios deberán estar abiertos y disponibles para atención presencial y que se garantizarán las terapias y atención diurna a las personas con discapacidad o en situación de dependencia. Algo que ha alarmado a los expertos en el sector, que consideran “un riesgo” que los centros de día, con más de 100.000 plazas para mayores en España, se puedan abrir en esta fase. Piden más concreción al Gobierno y temen que estas instalaciones se conviertan en un foco de contagio en un grupo de población especialmente vulnerable al virus. Fuentes de comunidades autónomas consultadas lo califican de “temeridad”.
En la orden del Ministerio de Sanidad de este sábado se dispone la apertura de los centros recogidos en el catálogo de servicios sociales, que incluyen los centros de día, en los que se atiende a mayores para compensar o prevenir la pérdida de autonomía. Muchas de estas instalaciones están al lado de residencias, donde el virus ha dejado miles de muertos, e incluso comparten espacios y trabajadores. En la orden se explica que el objetivo de abrir los centros es que se pueda atender presencialmente a quienes lo necesiten, adoptando medidas de prevención e higiene. Fuentes del Gobierno señalan que la orden faculta a las comunidades a abrir los centros de día cuando sea posible, siempre y cuando se den las condiciones para garantizar la seguridad. En la orden no se especifica, sin embargo, cuáles son esas condiciones.
El sector de la dependencia pide cautela. Si bien en el documento con las medidas de desescalada difundido hace días por el Gobierno se hablaba de reactivar progresivamente los servicios sociales en la fase 1, priorizando a las personas con discapacidad, las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales, no se mencionaba específicamente a quienes están en situación de dependencia, muchos de los cuales son mayores, salvo para hablar de atención a domicilio y seguimiento de los casos. El BOE del sábado sí hace referencia a ellos. Fuentes de varias comunidades autónomas consultadas expresan su sorpresa y su preocupación, afirman que la orden es contradictoria con lo que había comunicado el Ejecutivo hasta ahora.
“Es una inconsciencia abrir los centros de día en estas condiciones. Si vuelve a haber un brote, serán un foco de contagio por sus características. Además hay que tener en cuenta que muchos mayores se desplazan a los centros en transportes colectivos y esto es un riesgo”, apunta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Pide que se consulte a los expertos en el sector antes de tomar decisiones en este ámbito.
“Podemos cometer una negligencia abriendo los centros de mayores, puede haber una reinfección rapidísima", sostienen fuentes de una comunidad que piden permanecer en el anonimato. “Pediremos que nos den más detalles porque esto ha sido una sorpresa, no cuadra con lo hablado con el Ministerio de Derechos Sociales, es contradictorio con un primer documento en el que se está trabajando. Es una temeridad”, añaden fuentes de otra autonomía. En otra región coinciden en la necesidad de relegar la apertura de los centros de día al final de la desescalada, aunque matizan que es importante atender ya a los mayores que sufren deterioro cognitivo, siempre garantizando una distancia de seguridad y aforo limitado, seleccionando a quienes padezcan demencia o alzhéimer y hayan sufrido mayor retroceso durante el confinamiento.
Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, se muestra preocupada por el deterioro que han sufrido las personas en situación de dependencia, tanto mayores como niños y personas con discapacidad, durante el confinamiento. Por ello, celebra la medida. “Es necesario y muy deseable la vuelta a los centros de día, así como los de rehabilitación y fisioterapia. Con las precauciones de higiene y sanitarias y de distanciamiento no debería haber ningún problema y es aconsejable”, sostiene.
Cinta Pascual, presidenta de la patronal de la dependencia Ceaps, considera en cambio que "de ninguna manera los centros de día deben abrirse en una primera fase, sino en la última”. Están preparando un protocolo de actuación en estos centros, que contempla que se reduzca su capacidad y especial precaución en los transportes colectivos. Asegura que aún hay que precisar qué centros se ven afectados por la orden publicada en el BOE y señala además que hay muchas incógnitas aún sin resolver, por lo que han pedido aclaraciones al Gobierno. “Con esta orden no está claro el qué, el cuándo, el cómo y, sobre todo, en qué condiciones [deben abrirse los centros]”.
Una reapertura "reordenada y paulatina"
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha emitido un comunicado este sábado en el que señala que, tal y como había solicitado, la orden ministerial recoge una "reapertura ordenada y paulatina, con algunas especificidades, de los servicios sociales en las zonas de España donde la evolución de la pandemia es más favorable".
En este tiempo, las residencias para personas con discapacidad han seguido funcionando, no así los centros de atención temprana, ocupacionales o de rehabilitación. Estos servicios venían recogidos para la fase 1 de la desescalada en el documento que se difundió por parte del Gobierno hace unas semanas. Las visitas en los centros de discapacidad se reservan para la fase 2.
En el comunicado, el Cermi sostiene que, para que la prestación de los servicios sociales a personas con discapacidad "cobre su total plenitud", cuando estos son gestionados por organizaciones sociales sin ánimo de lucro, es necesario que las "Administraciones competentes regulen marcos flexibles que se acomoden a la nueva realidad asistencial en tiempos de postpandemia". Además, solicita que las comunidades flexibilicen la normativa, por ejemplo la referente a ratios, para poder cumplir con las medidas de distanciamiento necesarias para salvaguardar la seguridad. Pide también "nuevos recursos económicos para poder llevar a cabo los cambios y ajustes en la cartera de servicios sociales y adaptarlos a la nueva normalidad".
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