La UE rastrea los móviles para combatir la epidemia

El cruce a gran escala de datos privados y de geolocalización permitió a China y Corea del Sur controlar los movimientos de sus ciudadanos y contener la expansión de la epidemia de coronavirus. Este modelo de gestión ha llevado a la Comisión Europea a solicitar a los principales operadores de telecomunicaciones datos de sus clientes para hacer un seguimiento de la Covid-19 en los Estados miembros y poder anticipar el ritmo de evolución de los contagios. Paralelamente, el Gobierno español ha puesto en marcha el programa DataCovid-19 para rastrear los desplazamientos de la población y evaluar así las capacidades sanitarias en cada provincia.

En el proyecto avalado por la Comisión participan ocho de las mayores compañías de móviles del continente, entre las que figuran Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone Telecom Italia y Orange. Facilitarán datos agregados (recopilados de miles de móviles) y anonimizados (suprimiendo información personal) y serán borrados una vez haya pasado la crisis sanitaria, según la Comisión. Combinando el big data y la inteligencia artificial, se pretende trazar un mapa territorial de la Covid-19 y evaluar los efectos de las medidas de confinamiento implantadas en los países de la Unión. Analizar este torrente de datos permitirá definir patrones de expansión del virus y revisar o endurecer las órdenes de cuarentena.

También Sanidad quiere tener una fotografía de la movilidad de los españoles en los días previos y durante el confinamiento. Para ello, ha encargado un estudio de movilidad capaz de rastrear los desplazamientos demográficos. Esta imagen servirá para evaluar las capacidades sanitarias en cada provincia. Con esta solución tecnológica, se aspira a “mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios”, argumenta el ministerio. El plan obliga a comunidades y centros hospitalarios públicos y privados a remitir los datos a Sanidad.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se encargará además del desarrollo urgente de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Permitirá realizar al usuario “la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado, ofrecer información al usuario sobre la enfermedad y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación”.

La aplicación permitirá la geolocalización del usuario para verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en la que declara estar. Puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet.

Estas iniciativas están amparadas por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Las entidades que velan por la privacidad han dado luz verde al uso de información personal al estar ante una situación “excepcional” que busca garantizar los intereses vitales de los afectados o de terceros. El reglamento, de hecho, autoriza el tratamiento de información para fines humanitarios —incluido el control de epidemias y su propagación— o en situaciones de emergencia en caso de catástrofes naturales o de origen humano.

Los datos relativos a la salud gozan de especial protección, aun así, el artículo 9 del reglamento especifica que podrán ser recopilados para hacer frente a amenazas transfronterizas graves para la salud o para garantizar los niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios “sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional”.

El estudio de movilidad sigue el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística el año pasado cuando durante ocho días siguió el rastro de todos los móviles de España a través del cruce de datos de las operadoras. Este rastreo de información es compatible con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y con la directiva de ePrivacidad, toda vez que está amparada por una situación de emergencia sanitaria. Borja Adsuara, abogado experto en Derecho y Estrategia Digital, asegura que lo importante es que se adopten “las debidas garantías” y que los datos solo se traten para la finalidad prevista y se eliminen cuando pase la situación de emergencia. Recuerda que “son datos bajo el deber de secreto, como cualquier otro relativo a la salud”, y propone crear un comité de expertos independientes, tanto tecnológicos como jurídicos, para supervisar los trabajos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) enfatiza que el tratamiento queda exclusivamente vinculado al control de la epidemia. Su finalidad es “ofrecer información sobre el uso de las aplicaciones de autoevaluación realizadas por las Administraciones Públicas o la obtención de estadísticas con datos de geolocalización agregados para ofrecer mapas que informen sobre áreas de mayor o menor riesgo”.

Con el apoyo del big data, las autoridades sanitarias podrán verificar que los ciudadanos que han dado positivo en la prueba del Covid-19 están acatando la cuarentena, ya que una de las medidas más relevantes para contener la epidemia es limitar la libre circulación de las personas. En este sentido, Adsuara sostiene que este plan se ha quedado corto. “La aplicación por sí misma vale para ver los flujos de movilidad. Habría que hacer muchos más test, identificar los casos positivos, aislarlos y luego, mediante los datos del móvil, saber dónde y con quién han estado en contacto para aislarlos o ponerlos en tratamiento”, explica, convencido de que “el big data salva vidas”.

El tratamiento de los datos no es ilimitado. Sanidad y las consejerías podrán cederlos solo a los profesionales encargados de la gestión de la pandemia. La AEPD recuerda que esta emergencia no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a privacidad, pero argumenta que la normativa tampoco puede utilizarse para obstaculizar la efectividad de las medidas, ya que la propia ley prevé soluciones para compatibilizar el uso lícito de los datos personales con las medidas necesarias para garantizar el bien común.

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