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La promotora de Castor recurre ante el Supremo su desmantelamiento

El Ministerio para la Transición Ecológica propuso en octubre la hibernación definitiva, con el desmontaje de las instalaciones y el sellado y abandono de los pozos

Informe Castor
Plataforma del almacén de gas Castor, en octubre de 2013.

Escal UGS, la empresa promotora del almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Vinarós (Castellón), ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno —del pasado 31 de octubre— de desmantelar de forma definitiva sus instalaciones, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). El recurso presentado por la adjudicataria de la plataforma, que causó cientos de seísmos en la zona, fue admitido a trámite el pasado 23 de diciembre.

El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado octubre habilitó al Ministerio para la Transición Ecológica para cumplir con el acuerdo de sellado y abandono de los pozos y también para ordenar las fases de desmantelamiento de las  instalaciones, al no ser "ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y el futuro del gas natural" en España. El Ejecutivo valoró que mantener la plataforma solo serviría para aplazar el abandono definitivo y prolongaría los costes de su vigilancia y mantenimiento.

La decisión de dejar temporalmente inactivo el almacén Castor se tomó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013. Enagás, responsable de administrar las instalaciones, encargó un estudio de geología estructural, sismología y geomecánica a profesionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard para corroborar si su reapertura era segura.

Dicho estudio concluyó que, en caso de reanudarse las operaciones de almacenamiento, podrían producirse terremotos de magnitud significativamente mayor que los que motivaron la decisión de paralizar las instalaciones, un riesgo que convierte en inviable aprovecharlas en una nueva concesión de almacenamiento.

Desde abril de 2016, los pozos con que cuenta Castor se encuentran sellados de manera temporal mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades, cuya vida útil, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse. Desde la fecha de su instalación, se realizan controles periódicos para certificar que las instalaciones están paralizadas de forma segura.

El sellado y desmontaje de las instalaciones de Castor, que hibernaba provisionalmente desde 2014, tiene un coste de 260 millones y llevaría cinco años, según un informe elaborado por Enagás a petición del Gobierno en febrero de 2018.

La portavoz de la plataforma en defensa de les terres del Sénia, contraria a a Castor, Cristina Reverter, considera el recurso presentado por Escal UGT -participada por ACS-, "esperpéntico" porque "ha quedado demostrado que el proyecto no es viable". Según esta representante, el recurso contencioso-administrativo puede entenderse también en clave judicial, "pues dos de los directivos de Escal UGS serán juzgados en breve por presunto delito medioambiental".

Castor fue planificado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como almacén de reservas estratégicas de gas natural, ante escenarios de desabastecimiento o aumentos salvajes de los precios como consecuencia, por ejemplo, de crisis en los países a los que España compra el gas, como Argelia. El Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, ordenó el cese de las operaciones después de que, tras comenzar a introducir el gas, se desatase una cadena de terremotos que causaron daños en varios municipios de Castellón y Tarragona.

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