La opresión de las mujeres palestinas continúa pese a las tímidas reformas

El Gobierno de la Autoridad Palestina se enfrenta al reto de responder a la violencia de género en Cisjordania, tras las protestas por la muerte de la joven Israa Ghrayeb, la joven maquilladora de un pueblo cercano a Belén víctima de un crimen de honor. Cientos de mujeres se movilizaron el pasado agosto en diversas ciudades palestinas en un movimiento que alcanzó gran repercusión en las redes sociales. Tras varias semanas de marchas y concentraciones, el Ministerio de Asuntos de la Mujer anunció que presentaría una ley de protección familiar para fines de este año.

A principios de noviembre, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, aprobó una modificación en la ley jordana de 1976, que hasta ahora regía el estatuto personal, para decretar la elevación de la edad mínima para casarse a 18 años para ambos sexos. La medida pretende poner fin al matrimonio infantil, hasta el momento permitido a chicas mayores de 15 años en Cisjordania y de 17 en Gaza. La sociedad civil ha celebrado parcialmente la medida, pero quedan aún por promover medidas para impedir el matrimonio forzoso. Pese a la reforma legal, los jueces tendrán la potestad de decidir sobre la validez del enlace si consideran que la menor está madura para el matrimonio y su padre lo aprueba.

“No es suficiente para avanzar de forma decidida en la protección de los derechos de las mujeres”, afirma Eva Anadón, jefa de misión en Palestina de Alianza por la Solidaridad. De acuerdo con esta ONG española, no se ha abordado ningún cambio profundo en la institución del matrimonio. También cuestiona que no se haya avanzado en una visión de las mujeres como personas autónomas y titulares de derechos. Anadón precisa que aún sigue siendo necesario para la mujer obtener el consentimiento del wali [tutor masculino] para casarse o para trabajar fuera de casa, y que todavía se incluyen en la ley excepciones para consentir el matrimonio infantil que dependen de la decisión de un tribunal religioso.

Los datos recogidos en el último año por la Oficina Central de Estadística palestina en Cisjordania y Gaza indican que el 29% de las mujeres casadas de entre 18 y 64 años reconocen haber sufrido algún tipo de violencia, en especial psicológica, por parte de sus maridos. Más de la mitad, así como las menores de 29 años no casadas, permanecen en silencio sobre estas agresiones.

De acuerdo con Yara Hawari, analista política del centro de estudios palestino Al Shabaka, la causa de las mujeres en Palestina no puede desligarse de la ocupación israelí porque, aunque siempre se han enfrentado a una constante marginación interna, el régimen israelí también las reprime al empoderar las estructuras patriarcales a través de la colonización y la fragmentación de las comunidades.

Hawari critica que el foco de atención se centre en la violencia machista dentro del hogar, sin considerar la ocupación de Cisjordania y el bloqueo a Gaza como factores que contribuyen a las violaciones de derechos de las mujeres. Como ejemplo, cita el interrogatorio de la adolescente palestina Ahed Tamimi, condenada por abofetear a un soldado israelí, en el que dos agentes del Shin Bet (servicio secreto interior) la acosaron verbalmente e hicieron comentarios acerca de su cuerpo.

A la espera de una legislación clara sobre violencia de género en Palestina, un nuevo frente, el de la paridad en las distintas instancias gubernamentales, marca la diferencia en el diseño de políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres.

Actualmente, la inclusión femenina en la política institucional palestina se ve limitada a un 20% de mujeres en el Consejo Legislativo Palestino y a solo una mujer, la histórica dirigente Hanan Ashrawi, entre los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Solo hay también una mujer gobernadora de provincia y tres ministras en el Gabinete de la Autoridad Palestina, al frente de las carteras de Sanidad, Turismo y, precisamente, Asuntos de las Mujeres.

El Gobierno palestino fue el primero de Oriente Próximo en adherirse a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. Según el centro Al Shabaka, una sentencia de 2017 del Tribunal Supremo que regula la vigencia de los acuerdos internacionales dentro del sistema legal palestino, permite a los tribunales no aplicar aquellos convenios que entren en conflicto con la legislación local. Organizaciones como Human Rights Watch denuncian que el texto de la convención sigue sin haber sido oficialmente publicado en Palestina, por lo que no es vinculante.