Otras 26 empresas agrícolas, imputadas por posibles vertidos contaminantes al Mar Menor

Otras 26 empresas agrícolas del Campo de Cartagena tendrán que declarar ante el juez los próximos meses de diciembre y enero acusadas de posibles vertidos contaminantes al mar Menor, generados supuestamente por utilizar desalobradoras y pozos ilegales. Están imputadas por los mismos hechos por los que ya han declarado otras 7 empresas y 15 agricultores a lo largo de este mes de noviembre en el marco del denominado “caso Topillo”, que investiga la degradación de la laguna salada, en total colapso desde el episodio de gota fría que afectó a la Región de Murcia el pasado mes de septiembre.

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Está previsto que el juez que instruye el caso, Ángel Garrote, les tome declaración a todos ellos en calidad de investigados -anterior figura del imputado- en un total de 18 sesiones -6 en el mes de diciembre y las otras 12, en enero- y, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), probablemente no serán las últimas que pasen ante el magistrado. En total, está previsto investigar a 80 compañías, 79 de ellas agrícolas y una más de instalaciones eléctricas, por lo que 32 estarían aún pendientes de ser citadas ante los tribunales. El proceso, según las previsiones del TSJ, finalizará en abril de 2020.

En esa fecha se cumplirá un año de la operación de la Guardia Civil que puso el foco en las prácticas de estas compañías. Se inspeccionaron 67 fincas agrícolas y se precintaron 38 desalobradoras y 35 pozos que operaban sin autorización.

Algunas de las desalobradoras estaban escondidas en zulos y funcionando a pleno rendimiento: con ellas los agricultores quitaban las sales de las aguas subterráneas que, de otra manera, no servirían para el riego, un proceso que genera unos residuos (salmueras) que supuestamente eran eliminados a través de los propios pozos o de ramblas, con lo que acabarían en el mar Menor, empeorando cada vez más su situación.

Este “caso Topillo” se inició en diciembre de 2017 a raíz de una dura denuncia presentada por el fiscal superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera. En febrero de 2018, la entonces titular del Juzgado Número 2 de Murcia, que asumió el caso, Miriam Marín, decidió dividir la causa en 26 partes diferentes, pero al ser sustituida por Garrote al frente del juzgado, este decidió agruparla de nuevo, como pedían la fiscalía y la acusación particular de Ecologistas en Acción.

Además de las empresas agrarias, en la causa se investiga a una docena de funcionarios y ex altos cargos de la comunidad autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura, entre ellos, el exconsejero Antonio Cerdá, o el expresidente de la CHS Salvador Fuentes Zorita, que ya prestaron declaración a mediados de este año.