El “miedo” a Podemos moviliza a la concertada

Escuelas Católicas tiene un arma poderosa: su enorme capacidad de movilización. La asociación cuenta con una red tupida y afianzada de casi 6.000 colegios, 1,2 millones de alumnos y 82.000 profesores. Por ahora no piensa echar mano de ella, pero avisa de que estará “atenta” a los pasos que dé un posible gobierno de izquierdas. José María Alvira, su secretario general, admite que Podemos es el motivo de sus temores: “Nos da un poco de miedo Podemos porque abiertamente se muestra contrario a la libertad de enseñanza. Por tanto, según el peso que Podemos tenga en el Gobierno, claro que nos produce inquietud y debería a todos los españoles”. Alvira hizo estas declaraciones tras la reunión de patronales, sindicatos y asociaciones de padres de la concertada (de titularidad privada pero sufragada con fondos públicos) con Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que el fin de semana les convocó de urgencia a Génova.

Casado dedicó toda su agenda del día a la escuela subvencionada. Por la mañana se reunió con sus consejeros (Madrid, Murcia, Castilla y León y Galicia, pero no Andalucía que está en manos de Ciudadanos); por la tarde, con el sector educativo. Su partido está dispuesto a tomar las calles para garantizar la libre elección, aunque la ministra en funciones, Isabel Celaá, ha repetido hoy por tercera vez que todo va a seguir igual. La mecha prendió el pasado jueves cuando Celaá afirmó que la libertad de elección de colegio por parte de las familias no emana del artículo 27 de la Constitución. “Entendemos que lo que dijo el otro día en el congreso [de Escuelas Católicas] es una advertencia de por dónde va a ir la futura Ley de Educación. El empeño de quitar la demanda social, ¿qué miedo da que los padres determinen el tipo de educación que quieren para sus hijos?”, se preguntó Alvira, que reconoce haber tenido una relación buena relación con el ministerio: “Han estado abiertos al diálogo”. Durante sus años como consejera de Educación en el País Vasco (2009-2012), Celaá se entendió también bien con la patronal que allí tiene una gran fuerza.

“Vamos a ver en qué queda la ley que pretenden hacer. Conocemos el proyecto y hay puntos que no nos tranquilizan. Voy a decirlo suavemente: no era ni el momento ni lugar para esas declaraciones y lo digo como anfitrión del congreso. Lo bueno es que ha puesto de manifiesto qué es lo que piensa la ministra”, subrayó Alvira, que pretende seguir reuniéndose con otros actores. “Hemos venido al PP porque nos han convocado, pero dónde nos convoquen iremos. A todos los partidos y, por supuesto, al ministerio”.

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El PP está dispuesto a dar la batalla en todos los frentes. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Políticas Sociales, abrió ayer la puerta a echarse a las calles para defender la educación concertada que en su opinión peligra. “El Partido Popular va a defender en todos los ámbitos el derecho constitucional de las familias a elegir colegio. Lo vamos a defender políticamente desde los gobiernos autonómicos [...] y apoyando si hay alguna iniciativa a los españoles que quieren garantizar un derecho”. Ya el viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó su disposición de manifestarse en la calle. El PP iría también a los tribunales y está presentando proposiciones en defensa de la concertada en todos los ayuntamientos, diputaciones y asambleas regionales.

La fuerza conjunta del PP y la Conferencia Episcopal puede ser grande. En noviembre de 2005 ambos lograron que cientos de miles de personas —407.000, según la Delegación del Gobierno; 1,5 millones, según la Comunidad de Madrid— marchasen contra la reforma educativa de José Luis Rodríguez Zapatero. Encabezaron la delegación popular Esperanza Aguirre (entonces presidenta regional) y los exministros Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. La Iglesia, por su parte, envió en representación a seis obispos. Escuelas Católicas hizo llegar una carta a los padres de alumnos para animarles a acudir a la cita.

Ciudadanos anda embarcado en la sucesión de Albert Rivera, por lo que no presta demasiada atención al incendio educativo, aunque gobierna con el PP en Murcia, Castilla y León, Madrid y Andalucía, donde están al frente de la consejería de Educación.

Aunque Vox se sumó a la bronca en redes contra Celaá, los conciertos a los centros privados no son su guerra ya que el partido aboga porque cada familia reciba un cheque escolar con el que pague el tipo de enseñanza que le interese.

Los conciertos educativos son un tema muy espinoso también para la izquierda: uno de cada cuatro niños estudia en un centro subvencionado, y nadie quiere intranquilizar a sus padres.