Los tres calvarios de Clara

–Tengo un secreto con el tío, pero me ha dicho que no se lo cuente a nadie.

La principal característica de los secretos es que se empiezan a perder cuando se anuncia que se tienen. Y aún antes: cuando se exige que se guarden. Así que cuando el 7 de marzo de 2017 Clara escuchó esta frase de su hijo mayor, insistió hasta que el niño, ese mismo día, habló. Clara para poder trabajar, dejaba algunos días a sus dos hijos, de cuatro y dos años, a cargo de un tío abuelo de los pequeños, de 61 años.

El niño le contó ese día a su madre que su tío le enseñaba el “piru” (pene). A continuación le dio varios detalles que evidenciaban la existencia de graves abusos. Pero cuando se le preguntaba sobre ello, el pequeño se llevaba el dedo a la boca en señal de secreto.

Ese día, Clara —que figura con nombre ficticio para preservar la identidad de los niños— interpuso denuncia contra su tío y llevó a sus hijos al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. La doctora les informó, mediante un informe clínico y una hoja de notificación y riesgo, de que había “indicadores” y una “fundada” sospecha de abuso sexual. El 14 de marzo de 2017 el Grupo de Menores de la Policía Nacional detuvo al tío abuelo de los menores por la presunta comisión de delitos de abuso sexual.

Lo que Clara creía como el final de una pesadilla monstruosa se reveló, semanas después, como el principio de algo aún peor. El 9 de junio de 2017, cuatro meses después de la primera denuncia, la mujer se encontró al llegar a su casa a sus dos hijos “aterrorizados” y a su padre con ellos. Uno de ellos tenía sangre en la nariz, un chichón, varios hematomas en la espalda y enrojecimiento en su pómulo derecho y su ano, según el informe médico.

El otro niño, de dos años, tenía una herida profunda en la rodilla. El padre de los niños se negó a contar lo que había pasado. Ese mismo día, 9 de junio de 2017, Clara denunció a su marido en la misma comisaría en la que había denunciado a su tío abuelo.

El 17 de junio, ocho días después de la segunda denuncia, el padre de los niños golpeó a Clara (“llegó a clavarme un tenedor en la espalda”, dice la mujer a EL PAÍS) por haber presentado la denuncia. El 21 de junio, el hombre fue condenado, tras un juicio rápido, como autor de un delito de maltrato familiar y tuvo una orden de alejamiento. Sigue pendiente de juicio por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales sobre sus hijos. Y sigue teniendo una orden de alejamiento.

Casi de seguido, el 4 de julio, la Dirección General de Familia de Murcia declaró la situación de desamparo de los hijos de Clara y se los arrebató. En cinco meses, Clara denunció que un tío suyo abusaba sexualmente de sus hijos, denunció a su expareja por hacer lo mismo y apalizarla, y con los dos investigados por la justicia (lo siguen estando actualmente), el Gobierno murciano decidió quitarle a ella la tutela de los menores.

La nueva consejera de Familia, Isabel Franco —de Ciudadanos, que gobierna con el PP en Murcia—, que tomó posesión el pasado 29 de julio, ha evitado valorar la anterior gestión. Franco señala que el asunto está en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad y que seguirá el caso “con especial atención”.

El expediente se incoa, según reconoce la resolución de desamparo, a causa de las denuncias interpuestas por esta mujer contra sus familiares (presuntos malos tratos en el ámbito familiar y abusos sexuales, apoyados por informes médicos y, en el caso de los malos tratos, por una condena judicial). En la resolución se acusa a la madre de los niños en su declaración policial de no ser “coherente, cambiando de tema sin venir a cuento”. Se admite que el padre de los niños apoya a su mujer en la denuncia contra el tío abuelo de los menores, pero que cuando se entera de que él también es denunciado meses después, él cuenta a la policía que ella tiene trastorno bipolar y que consume alcohol.

Ella lo desmiente: “Este tío al que denuncio por abusos sexuales a nuestros hijos escribe un folio sin aportar un solo documento, y ese folio es considerado en la resolución”. Ella aportó a la administración un informe de una psicóloga clínica, de que no sufría ningún tipo de enfermedad mental: “Tras la valoración oportuna no se aprecia, en el momento actual, sintomatología que corresponda a trastorno mental. Pero sí cierto nivel de ansiedad reactivo a la situación crítica (separación de sus hijos), que según refiere la paciente está atravesando en la actualidad”.

Por lo demás, la resolución de desamparo de la Dirección General de Familia se apoya en una declaración “incongruente e incoherente” de la madre; en que la administración pidió a los padres no contar nada a los niños de la denuncia, pero sí lo hicieron; en que los niños estaban agitados y uno de ellos no expresaba emociones, no hablaba y tenía la autoestima baja (“se pone de manifiesto que el entorno familiar no es el más adecuado”) y en que sus padres han entrado “en una vorágine de acusaciones y denuncias mutuas”. Un punto de la resolución dice que el padre “no puede responsabilizarse de los menores dado que se encuentra en un proceso judicial sobre maltrato hacia sus hijos y la madre de los menores, y por abusos sexuales a los menores, y tiene una orden de prohibición de acercamiento”.

Clara estuvo casi un año sin sus hijos, viéndolos solo en un centro de menores. Finalmente, el 19 de junio de 2018 la Dirección General de Familia consideró que esta mujer reunía las condiciones para asumir el cuidado de los menores. Las razones: ella al principio, en las visitas a sus hijos, se mostraba “ansiosa” poniendo a los menores en situación de “examen” (“les preguntaba qué hacían, si los trataban bien, les preguntaba una y otra vez”), pero a medida que pasaba el tiempo “se ha ido relajando”. También tuvo una “nueva pareja” y en diciembre de 2017 se había quedado embarazada. Su vivienda se encuentra en condiciones de “higiene y habitabilidad” y los dos, la nueva pareja de esta mujer y ella, “tienen los ingresos suficientes para atender las necesidades de los menores”. Estas dos últimas razones no fueron esgrimidas para quitarle la tutela.

Ahora su abogado, Ramón Jiménez, con el que consiguió que la Administración le devolviese a sus hijos, reclama de la Consejería de Familia 500.000 euros por los daños y perjuicios causados al privar a Clara de sus dos hijos durante más de once meses.