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Un velo entre el ministro y Malala

Tras posar con la activista, el titular de Educación de Quebec dice que no podría dar clases con pañuelo en la provincia canadiense

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Jean-François Roberge, ministro de Educación de Quebec, y la activista Malala Yousafzai, el 5 de julio en París.

Jean-François Roberge, ministro de Educación de Quebec, ha vivido días agitados por culpa de una fotografía. Roberge participó en un encuentro internacional en París el 5 de julio. Ahí coincidió con Malala Yousafzai, la joven paquistaní a la que los talibanes dispararon a la cabeza en 2012 por defender la escolarización de las mujeres. Yousafzai recibió en 2017 la ciudadanía honoraria de Canadá y una escuela, en la provincia de Ontario, lleva su nombre. El ministro quebequés compartió una fotografía en Twitter, acompañado de ella, con el siguiente mensaje: “Bello encuentro con Malala Yousafzai, ganadora del Nobel de la Paz, para conversar sobre acceso a la educación y desarrollo internacional”. Las reacciones no demoraron, y el sonido de las rechiflas ha sido mayor que el de los aplausos.

La razón es que la conservadora Coalición Futuro de Quebec, el partido en el poder, presentó el 28 de marzo una iniciativa para prohibir que diversos funcionarios (jueces, fiscales, directores y profesores de escuelas públicas, entre otros) porten símbolos religiosos. La agrupación del primer ministro de la provincia canadiense, François Legault, aprovechó su mayoría en el parlamento quebequés para aprobar la medida el 17 de junio. Legault ha subrayado varias veces que la disposición cuenta con amplio apoyo ciudadano (más del 70%, según las encuestas). Sin embargo, diversos políticos y organizaciones —dentro y fuera de Quebec— han protestado por considerarla discriminatoria, especialmente hacia las mujeres musulmanas.

La palabra “hipocresía” es una de las más frecuentes entre la ola de comentarios a la fotografía de Roberge con Yousafzai, en la que la joven paquistaní aparece, precisamente, con velo. Salim Nadim Valji, periodista de CTV Montreal y colaborador en The New York Times, preguntó al ministro, vía Twitter, qué le respondería a Malala Yousafzai si quisiera ser profesora en Quebec. Roberge contestó: “Ciertamente, le diría que sería un honor inmenso y que en Quebec, como es el caso en Francia (donde estamos ahora) y en otros países abiertos y tolerantes, los profesores no pueden usar símbolos religiosos en el ejercicio de sus funciones”.

Hélène David, diputada del Partido Liberal de Quebec, expresó que la ley aprobada va justamente a privar a mujeres como Yousafzai de tener acceso a distintas profesiones. “Malala Yousafzai puede y hará lo que quiera. Es una pena que no se pueda decir lo mismo de los jóvenes religiosos en Quebec”, escribió, por su parte, la periodista Emma Teitel en las páginas de The Toronto Star. Algunos internautas y periodistas de Quebec mostraron su respaldo a Roberge, señalando que la ley obedece a la necesidad de defender la laicidad. No obstante, las críticas al ministro de Educación sonaron con mayor poderío. Fue tanto el ruido que el primer ministro Legault declaró el 8 de julio que se estaban mezclando dos temas. Comentó que Malala Yousafzai ha hecho un gran trabajo al buscar que niñas y adolescentes tengan acceso a la educación en distintos países. “El otro punto es saber quién puede enseñar.

En Quebec, al igual que en Francia, Alemania y Suiza, hemos tomado la decisión de que los profesores no porten símbolos religiosos”, dijo Legault. “La gente que porta símbolos religiosos son buenas personas y pueden tener buenos valores, pero al mismo tiempo, la laicidad es un valor importante en Quebec”, añadió. Finalmente, el primer ministro respaldó lo señalado por Roberge: Malala Yousafzai debería quitarse el velo en caso de querer trabajar como profesora en la provincia canadiense.

Diversos colectivos analizan con lupa cómo llegar con eficacia a los tribunales para frenar la ley, considerada como un golpe directo al multiculturalismo canadiense. No será una tarea fácil, ya que Legault ha señalado que puede recurrir a la cláusula derogatoria, un mecanismo constitucional que permite blindarla durante cinco años de recursos judiciales que evoquen tanto la Carta de derechos y libertades de Canadá como la de Quebec.

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