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Entrevista a Helena Dalli, exministra de Igualdad de Malta

“Hemos logrado que los padres de gais estén orgullosos de sus hijos”

La exministra de Igualdad de Malta detalla cómo el país, católico y conservador, es el que más protege al colectivo LGTBIQ

Helena Dalli, ministra de Igualdad de Malta, el 3 de julio en el Hotel de las Letras, en Madrid.
Helena Dalli, ministra de Igualdad de Malta, el 3 de julio en el Hotel de las Letras, en Madrid.Samuel Sánchez
Isabel Valdés

Insiste en que si la política no mejora el día a día de los ciudadanos no sirve para nada. La laborista Helena Dalli (Zabbar, Malta, 1962) acaba de dejar su cargo como ministra de Igualdad de Malta porque ha sido propuesta por el presidente, Joseph Muscat, como comisaria europea. Si el Parlamento Europeo lo aprueba, Dalli será la primera política maltesa en ocupar un asiento en Bruselas. Sus iniciativas legislativas y su discurso social en torno a los derechos humanos, especialmente los relacionados con el colectivo LGTBIQ, han sido una de las claves del proceso de cambio que ha experimentado su país, el más pequeño de Europa, con poco más de 475.700 habitantes. Ese avance ha hecho que la hilera de indicadores de la ILGA (la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas), que miden la homofobia de estado según la criminalización, la protección y el reconocimiento de la comunidad LGTBIQ, sea completamente verde en la fila de Malta.

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Este país católico y creyente, conservador, que no legalizó el divorcio hasta 2011 y el último (junto a Andorra y el Vaticano) con el aborto prohibido en cualquier circunstancia es, sin embargo, el lugar del mundo con más y mejor protección de los derechos de este colectivo. El matrimonio homosexual es legal, también la adopción, su legislación y su burocracia están redactadas con género neutro, han reforzado la ley contra los delitos de odio... Y es el único en Europa que tiene prohibido por ley, desde 2016, las terapias de conversión, pseudo tratamientos para "curar" la homosexualidad, reprimirla o "corregir" la orientación sexual o la identidad de género. En medio de uno de los Orgullo más politizados que se recuerdan, Dalli estuvo en Madrid para asistir a una jornada organizada por la Asociación de Abogados y Abogadas contra los Delitos de Odio (AACDO). Entonces contó cómo ha sido ese avance. ¿Rápido? Sí. ¿Fácil? No tanto. "Aunque lo parezca".

Pregunta. ¿Cómo se ha tomado esta nominación como comisaria europea?

Respuesta. Toda mi vida hice todo lo posible para usar el puesto que ocupaba para mejorar la calidad de vida de las personas a las que servía. La experiencia me mostró que incluso en los avances legislativos de las minorías hubo un impacto social real.

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P. ¿Cómo planea su papel en Europa?

R. Tengo la intención de llevar el mismo espíritu conmigo a Bruselas y no rehuiré hacer lo correcto para las mayorías y las minorías, incluso si inicialmente las propuestas pueden parecer controvertidas. Creo en garantizar que la experiencia de cada europeo se base en la justicia, la equidad y la inclusión. Estoy segura de que la presidenta Ursula von der Leyen dará la debida importancia a la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. Además, en línea con su insistencia por la paridad de género entre los comisionados, estoy segura de que insistirá en que la formulación de políticas europeas refleje la diversidad de la población de la UE.

P. ¿Cómo ha logrado Malta avanzar tanto en tan poco tiempo en los temas que afectan a la comunidad LGTBIQ?

R. Teniendo la voluntad de hacerlo. Una de las claves fue la creación de un consejo consultivo LGTBIQ en mi Ministerio, del que forman parte representantes de todas las organizaciones de la sociedad civil de este colectivo, de partidos políticos, de estudiantes y también católicos. Escuchar lo que la gente necesita, lo que le ocurre, es vital.

P. El diálogo social.

Los ciudadanos se dieron cuenta de que dar sus derechos a una parte de la población no significaba quitárselos a otros

R. Sí. Intentamos fortalecerlo siempre. Solo así conoces lo que está pasando a la ciudadanía. Uno de ellos, importante, fue con la Iglesia Católica, hablamos y les explicamos lo que estábamos haciendo. No era necesario que estuvieran de acuerdo, sino que entendieran nuestro proyecto político y que no intercedieran intentando bloquear las iniciativas legislativas.

P. ¿Cómo las recibe la ciudadanía?

R. Con la primera ley, la de uniones civiles [de 2014], vieron que el cielo no había caído sobre sus cabezas y se dieron cuenta de que dar sus derechos a una parte de la población no significaba quitar otros ni interferir con otros.

P. ¿Cómo afrontaron aquella primera legislación?

R. Era una narrativa importante para la sociedad. Sobre todo para los padres que en algún momento sintieron vergüenza o decepción por tener hijos o hijas gays o trans o lesbianas... La cuestión era que todo el mundo entendiese qué y por qué estábamos haciendo eso. Ahora, esos mismos padres con hijos gais se sienten orgullosos, se han empoderado y a su vez empoderan a los niños.

P. ¿Ha sido la sociedad quien ha empujado los cambios o ha sido el Gobierno quien ha iniciado el cambio social?

R. La mayoría del tiempo ha sido el gobierno quien ha puesto estos temas en la agenda y ha hecho políticas públicas.

P. ¿Cuál fue el inicio de esta "revolución acelerada"?

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R. Con el caso de una mujer trans que fue hasta el Tribunal de Estrasburgo porque la ley maltesa no le permitía casarse con su pareja, un hombre. Una de las primeras cosas que hice fue cambiar esta ley, este Gobierno no podía tolerar eso.

P. ¿Y el origen de la ley que prohíbe las terapias de conversión?

R. Un hombre gay me habló del horror de la experiencia con sus padres, que lo llevaron a una de estas terapias. Quedé en shock, tengo dos hijos y me preguntaba cómo alguien podía hacer eso. Me di cuenta de que había mucha ignorancia sobre este tema. Porque no es algo que se pueda cambiar, no es algo que quieras, pensé sobre esto mucho y le conté a mis compañeros la historia y mi determinación a hacer algo. Y surgió la ley. Él y su experiencia fueron lo más importante para el desarrollo de esta legislación.

P. A la que han introducido una excepción.

R. Sí. Nuestra legislación prohíbe las terapias de conversión de forma profesional, porque eso que se intenta no es ciencia, por lo que es nuestro deber criminalizar la práctica profesional de estas terapias [las penas son económicas y de prisión y varían, pueden llegar a los 10.000 euros y hasta un año de cárcel]. Pero si se tiene más de 18 años, no se es una persona vulnerable y se quiere acudir a la Iglesia, por ejemplo, o a grupos que rezan, etc., se puede. En Malta hay libertad religiosa y no podemos prohibir a los ciudadanos que acudan a practicar su fe.

P. ¿Han tenido ya casos que la hayan infringido?

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R. Hubo una persona gay que, después de una de estas terapias, comenzó a contar en medios de comunicación que era "exgay", que tenía novia y que esos procesos funcionaban. Paramos aquello. Era algo que hacía daño especialmente a los adolescentes, que tienen que ser libres para vivir su sexualidad, y a sus padres, que pueden llegar a pensar que eso puede funcionar. Bloqueamos esas apariciones en medios de comunicación y pedimos a las televisiones que dejaran de reproducir aquellas declaraciones, no hubo ningún problema, entendieron perfectamente por qué era perjudicial.

P. ¿Hubo resistencias políticas?

R. En ningún momento. Cuando conté a mi gabinete lo que tenía pensado hubo un acuerdo general. Después, en la cámara, ni siquiera la oposición votó en contra.

P. ¿Y sociales?

R. En algún momento, pero no generalizadas. Al final, lo importante es que las leyes tengan repercusión en la vida de las personas, y en esta lo notamos por ejemplo, en la celebración del Orgullo. Antes de 2013 apenas había movimiento; luego fueron unos cientos, ahora son miles. Es verdaderamente un paso hacia delante, hacia la libertad de que cada uno sea lo que quiere ser y se sienta libre de serlo.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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