Condenadas a criar al fruto de su vientre (de alquiler)

Sreyoun (nombre ficticio) mira con ternura al risueño bebé de 10 meses que se revuelve en sus brazos. “Hemos pasado mucho juntos”, confiesa, se diría que justificando su apego por el pequeño, esta camboyana de 24 años. “Mucho” no hace justicia a su inconcebible historia: forma parte de un grupo de 43 mujeres detenidas en Camboya por hacer de vientres de alquiler para familias extranjeras, algunas de ellas chinas, quedando en libertad provisional bajo la condición de quedarse con los bebés que gestaban. Si no lo hacen, podrían ser condenadas a penas de hasta 20 años de cárcel por tráfico de menores.

“Antes de dar a luz no esperaba que me iba a sentir tan unida a él. Pero realmente le quiero como a un hijo, siento mucha lástima por él”, asegura Sreyoun, mientras el pequeño Li (un pseudónimo) juguetea con los cachivaches que quedan a su alcance, ambos sentados en una vetusta tarima de madera junto a su cabaña de bambú en la provincia de Kampong Speu (Camboya). No comparten genética: a Sreyoun le implantaron el embrión, fruto de una fertilización in vitro previa, en una clínica de la capital, Phnom Penh, y solo sabe que la pareja que la contrató es china. El aspecto del inquieto Li así lo evidencia.

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Sreyoun no habría imaginado ni de lejos que este sería su destino hace casi dos años, cuando un compañero en la fábrica textil donde trabajaba –una industria clave de la economía camboyana- le habló de la posibilidad de hacer de vientre de alquiler a cambio de un estipendio de unos 10.000 dólares (8.800 euros). Con un sueldo mensual de alrededor de 160 dólares (141 euros), la mujer hizo cálculos y pensó que así podría comprar una casa y ahorrar algo de dinero. Y dijo que sí.

Tímidamente, afirma que desconocía que Camboya prohibió por decreto las gestaciones subrogadas en 2016. Lo hizo un año después de que Tailandia prohibiera el alquiler de úteros a los extranjeros, momento en el que Camboya, uno de los países más pobres del sureste asiático, se convirtió en el principal foco de vientres de alquiler de la región. Mientras su Ejecutivo debate un borrador de ley al respecto, “lo considera tráfico de menores”, asegura Sam Everingham, de la ONG australiana Familias a través de la Gestación Subrogada.

“Es la primera vez en el mundo que gestantes sin vínculo genético con los bebés son obligadas a quedárselos”, enfatiza. Hasta la detención, todo transcurrió con relativa calma para Sreyoun; una vez se quedó embarazada, fue trasladada a una vivienda de Phnom Penh junto a una docena de mujeres en su misma situación. El ambiente en la casa era distendido, tenían un cocinero, no pagaban gastos y se hizo amiga de otras gestantes, entre ellas Sreya (nombre ficticio). La joven, que afirma tener 21 años pero no aparenta ser más que una adolescente, se suma a la conversación con un bebé de cuatro meses, también de origen chino, amarrado a su cintura.

Pero todo cambió un día de junio de 2018. Entonces varios agentes de policía irrumpieron violentamente en la vivienda, al tiempo que otros tantos hacían lo mismo en un apartamento cercano. En total, 32 mujeres fueron detenidas. Sreyoun, madre de una niña de 5 años, estaba embarazada de ocho meses. Sreya, recién casada y sin hijos, acababa de quedarse. “Sentí pánico, no supe lo serio que era todo hasta que nos dijeron que nos acusaban de tráfico de menores”, apunta Sreya. Cada una fue trasladada a un hospital capitalino: Sreyoun al Royal y Sreya al Central. Y allí, bajo supervisión policial y en ocasiones esposada a la camilla –“un agente se compadeció de mí y me las quitó cuando di a luz”, narra Sreyoun-, nació Li. Sreya alumbraría ya fuera de cautiverio.

Libertad provisional

El pasado diciembre, un tribunal camboyano concedió a las 32 la libertad provisional si se quedaban con los pequeños. “Me sentí feliz de volver a casa juntos”, dice Sreyoun, que para entonces había pasado seis meses retenida con el bebé en el hospital, un tiempo en el que asegura que se encariñó de él. No le quedó más remedio: durante esas semanas era visitada con frecuencia por Chou Bun Eng, vicepresidenta de la Comisión contra el Tráfico de Menores de Camboya, quien la recordaba que si daba la espalda al pequeño sería enviada a prisión. En noviembre otras 11 gestantes eran detenidas, liberadas bajo fianza en mayo también bajo condición de quedarse con los bebés.

Todas están a la espera de juicio, mientras los padres biológicos carecen, por ahora, de acceso a los pequeños. “Pienso en lo que deben estar sufriendo, pero no quiero que nos encuentren”, afirma Sreyoun. Ambas hablan con miedo; a que los niños se “pierdan”, dicen, a acabar siendo encarceladas. “No quiero que sus padres me contacten. Si eso ocurre, lucharé por él”, añade Sreya, repudiada por su familia por lo sucedido y más pobre aún que antes. Ninguna ha recibido el dinero acordado, tienen una boca más que alimentar y no pueden trabajar, pues su documentación está confiscada hasta que acabe el juicio.

Ajenos aún al drama, los pequeños sestean en brazos de las mujeres, protegidos del abrasador sol del mediodía por el precario tejado de uralita que cubre el inesperado hogar camboyano de Li. “Si un día me pregunta por su origen, le diré la verdad. No puedo mentirle, todos los vecinos conocen su historia”, afirma, afligida, Sreyoun.