Intereses y poder alrededor de los vientres de alquiler en Camboya
"El bebé no compartirá genética con la embarazada, no debes preocuparte por su apariencia o color de la piel", dice la propaganda
“Tenemos mujeres vietnamitas, camboyanas, chinas… Todas han pasado estrictos exámenes médicos”, aseguran desde el Hospital Royal de Phnom Penh. Un encargado del centro, de propiedad china, no titubea a la hora de constatar la realidad: que los vientres de alquiler siguen a la orden del día en Camboya, pese al decreto que los prohíbe y a las drásticas medidas tomadas contra 43 gestantes, obligadas a quedarse con los bebés a cambio de no ser enviadas a prisión por trata de menores.
“Si lo necesitas, puedes ver una foto de la gestante. El bebé no compartirá genética con la embarazada, no debes preocuparte por su apariencia o color de la piel”, añaden por mensaje a través de una red social china desde el centro, creyendo que hablan con un cliente de la segunda economía mundial. Solo atienden, dicen, a oriundos de China, país con crecientes inversiones en Camboya.
Pese a que al menos una de las 43 gestantes -entrevistada por este periódico- asegura haber pasado allí los meses de arresto, desde el centro se desentienden. “Por favor, relájate. No hay ninguna ley en Camboya al respecto (…) Para ser honesto, en Camboya todo es posible si tienes dinero. Todas las agencias grandes tienen relación con personal del Gobierno”, remacha el encargado.
Camboya, con un modelo de partido único en la práctica y sin separación de poderes real, habría decidido tomar medidas públicas contra las gestaciones subrogadas por “las presiones de las agencias de protección de menores”, afirma Sam Everingham, de la ONG “Familias a través de la Gestación Subrogada. Pero, lejos de los focos, el negocio continúa. “Es un secreto a voces que altos cargos del Partido del Pueblo de Camboya de Hun Sen (en el poder desde 1985) tienen intereses en agencias de gestación subrogada”, afirman fuentes diplomáticas de Phnom Penh. Camboya ocupa el puesto 161, de un total de 180, del ranking de credibilidad institucional de Transparencia Internacional.
La georgiana Mariam Kukunashvili gestionó una agencia de gestación subrogada en el Hospital Central con pleno apoyo gubernamental, asegura, desde 2015. “El centro es de la hija del ministro de Salud de Camboya (su página web lo define como ‘privado’). Los servicios de fertilidad y el parto de las gestantes se hacían allí bajo su supervisión”, afirma por correo electrónico Kukunasvili, dueña de la agencia “New Life”, aún activa en varios países. Muchos de sus clientes cuando operaba en Camboya, dice, “eran chinos, pero también europeos. Cobrábamos 30.000 dólares por todo el proceso (unos 26.500 euros)”.
“En 2016 –continúa- anunciaron la prohibición y nos obligaron a marcharnos. Pero la hija del ministro continuó con el negocio”. Asegura que el último grupo de once gestantes detenidas fueron tratadas en ese hospital, como también afirma una de las mujeres entrevistadas por El PAÍS. “Las gestaciones ahora se hacen en una clínica de fertilidad del centro llamada Lotus”, indica Kukunashvili.
Efectivamente, esta clínica se encuentra en la octava planta de dicho hospital. Se trata de un espacio desangelado, presidido por una sala de espera vacía un viernes a mediodía. La recepcionista recibe con gesto de sospecha. “Aquí solo hacemos revisiones ginecológicas”, responde airada al ser preguntada si ofrecen servicios de fertilidad y gestación subrogada.
Con muchos menos tapujos hablan desde la agencia Icheruby Internacional, con sede en la china Shanghái. “Hay todavía muchos vientres de alquiler en Camboya. Ahora tenemos al menos cinco o seis parejas chinas iniciando el proceso, y más esperando en China el nacimiento de los bebés”, afirma un encargado por teléfono. Asegura estar al corriente de lo ocurrido a las 43 mujeres, pero defiende que es porque esas agencias no tenían “licencia”, un posible eufemismo de “contactos” al no existir permisos como tal. “Nosotros sí. No tendrás problema”, insiste. Solo hay un requisito, añade. “Prepárate para desembolsar 600.000 yuanes (unos 77.000 euros)”, alrededor del triple que lo que pedía la agencia georgiana. Lo que ya no dice es que el “éxito” del proceso dependerá, probablemente, de cómo –y a quién- ese dinero sea repartido.
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