Los jueces abren la puerta a anular la jornada continua en 300 escuelas valencianas

El imparable avance de la jornada escolar continua en España ha sufrido un revés en la Comunidad Valenciana, donde el Tribunal Superior de Justicia ha declarado “viciado” el procedimiento utilizado para introducir el horario intensivo en 303 centros públicos. La Generalitat baraja recurrir ante el Supremo.

El modelo continuo comprime todas las clases en el horario de mañana reduciendo el recreo. Pero es popular entre los profesores, a quienes permite salir antes y no volver por la tarde. Los expertos educativos, en cambio, lo cuestionan porque aseguran que afecta al rendimiento académico, retrasa en exceso la hora de la comida y agrava las desigualdades sociales: las familias más pobres no pueden pagar extraescolares de calidad por las tardes. La jornada continua se ha extendido por el país en los últimos 30 años y hoy solo un puñado de autonomías se resiste a implantarlo.

La valenciana era una de ellas hasta 2016, cuando la Generalitat aprobó un procedimiento mediante el cual los centros podían aprobar este modelo si lo apoyaba una mayoría reforzada de los padres tras un periodo de debate. Los jueces reprochan ahora en tres autos que el Gobierno valenciano habilitó, en paralelo, una fórmula de urgencia que permitió a los colegios saltarse las garantías que la norma establecía para que las familias pudieran informarse “de forma objetiva” sobre el alcance de la medida e ir a las urnas tras haber “conocido y valorado” el nuevo sistema.

Durante las vacaciones

El atajo aprobado para el curso 2016-2017 por la Consejería de Educación redujo la tramitación y tiempo del debate de un año a solo dos meses y medio, que coincidieron con las vacaciones de verano. La orden se aprobó el 16 de junio, la votación en 315 escuelas se celebró el 8 de septiembre, el primer día de clase, y la opción de la jornada continua barrió, sobre todo en la provincia de Alicante, donde la asumieron 258 centros.

Un grupo de 70 padres de varias escuelas, reunidos en la Plataforma por la Jornada Partida, recurrieron la aprobación en tres de las escuelas, dos de Alicante y otra de Elche, y los magistrados les han dado ahora la razón. “Es legítimo que los profesores planteen sus reivindicaciones laborales, pero la jornada continua no es el camino. No hay estudios que demuestren que sea beneficiosa para los niños, y sí los hay de que es perjudicial. Además, la forma en que se introdujo en aquel curso fue un atropello”, afirma María Asunción García Lledó, abogada e integrante de la plataforma, que presentó los recursos junto a su colega Rosa Sánchez. “Nos ha costado mucho. Somos un grupo de madres y padres y enfrente hemos tenido a la Administración y a los sindicatos de profesores”, añade García.

Casi la mitad de las escuelas

Los autos de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano señalan que la vía de urgencia para aprobar el horario intensivo supuso una “supresión de trámites y plazos que implicó la vulneración de derechos de los colectivos implicados”. Las decisiones judiciales solo afectan directamente a los tres colegios donde se ha recurrido, pero abren la puerta a que se pida la anulación de los otros 300, que representan el 46% de todos los que han instaurado la jornada continua en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat, que está estudiando si recurre, ha garantizado “la normalidad de funcionamiento” en los centros afectados por los fallos. Susana Honrubia, portavoz en Alicante del sindicato de profesores ANPE, uno de los principales impulsores de la jornada continua, pidió ayer a Educación que permita a los consejos escolares, donde los docentes tienen mayoría, ratificar las jornadas continuas sin nuevas votaciones. Una opción rechazada por Lorenzo Tendero, presidente de la Confederación Valenciana de Ampas, que afirmo que la Administración “no puede cambiar las reglas del juego, deben decidir las familias”.

Petición centro a centro

Los autos judiciales indican que la aprobación de la jornada continua en casi la mitad de los centros de la Comunidad Valenciana se hizo mediante un “procedimiento viciado” que ha provocado la "contaminación de todos los actos realizados a su amparo". Pese a ello, las resoluciones solo tienen efecto directo para los centros donde se recurrió, porque en el orden contencioso-administrativo solo se extiende el efecto de una decisión judicial en materia tributaria y de personal, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia. De modo que en el resto debería solicitarse uno a uno ante los tribunales. La Generalitat sí podría anular las otras 300 jornadas continuas de oficio, pero nada indica que vaya a hacerlo.