Cómo se truncó la paz familiar en la casa de los niños muertos en Valencia

La muerte de dos niños en Godella (Valencia) a manos supuestamente de su madre, que indicó el lugar donde estaban enterrados los cadáveres, y de su padre trae al debate el cuándo y cómo deben intervenir los servicios sociales. En el caso de los hermanos de tres años y de cinco meses que desaparecieron este miércoles y cuyos cadáveres fueron hallados un día después, los servicios sociales del Ayuntamiento abrieron dos expedientes: el primero por unas protestas vecinales en 2016, que se cerró por cambio de domicilio y sin más incidentes; el último es de este mismo miércoles, advertidos por la abuela de los menores, que veía una situación alarmante en la familia. Ese día desaparecieron los niños.

¿Los servicios sociales y la policía local podían haber detectado antes los problemas de esta familia y haber actuado con mayor celeridad para evitar la tragedia? Después de un suceso como la muerte de dos niños tiende a pensarse que no fueron diligentes. Pero hay muchas variables y datos que se deben analizar. La pareja de Godella llevaba una vida alternativa. Vivía en una casa okupa, pero contaba con agua y con luz gracias a unas placas solares. Los niños no iban desarrapados ni sucios y estaban bien alimentados, según varias personas que los vieron y trataron. Los padres los llevaban a la piscina y al parque del pueblo. El mayor, de tres años y medio, asistía al colegio, y los padres colaboraban en las actividades escolares y en las fiestas, como la del Día de la Paz que se celebró el 30 de enero. Los dos parecían tratar muy bien a los niños. Y la madre se mostraba especialmente cariñosa con ellos, según las citadas fuentes.

La familia no era objeto de seguimiento especial por los servicios sociales del Ayuntamiento. Estos servicios son la primera instancia de actuación y clasifican las situaciones como “de vulnerabilidad y riesgo” (según explican fuentes de la Consejería de Igualdad de la Generalitat Valenciana) o formulan una declaración de riesgo. Cuando se supera este estadio, las competencias sobre el caso pasan del ámbito municipal al autonómico y el expediente puede acabar en que los menores sean declarados en desamparo y se suspenda a los padres su guardia y custodia. 

También se puede declarar urgente un caso y quitar la custodia a los padres por mandato judicial ante el riesgo evidente para la vida de un menor. La pobreza, insisten en la consejería, no implica una declaración de desamparo por sí misma. Se pueden arbitrar ayudas de subsistencia y de emergencia. Lo más importante es valorar el arraigo, la estima y vida familiar del menor.

En el caso de estos niños las cosas en la familia empezaron a cambiar hace alrededor de un mes, según los testimonios recogidos. El padre se quedó sin su trabajo de pinche. Su principal problema es que llegaba tarde a trabajar con frecuencia, según manifestó el propietario de un bar a este periódico. La pareja, consumidores habituales de marihuana y esporádicos de otras drogas alucinógenas, comunicó al colegio que el niño no seguiría allí porque iban a mudarse (el centro llamó dos veces en las semanas siguientes para preguntarles por qué no llevaban al niño o al menos formalizaban el traslado; ellos decían que sí, que se mudaban y que se pasarían a hacer el trámite).

Las amigas de la madre coinciden en que dejaron de frecuentarles porque se les estaba “yendo la cabeza”, pasando de sus posiciones de siempre, radicales, a ideas más raras: abducciones, extraterrestres, etcétera. Cuando fue detenida habló de la resurrección de sus hijos. La persona más cercana a ellos, la abuela, dio la alarma este lunes a la Policía local, que fue a la casa y vio que los niños estaban bien. Consideró que se trataba de una riña familiar con la abuela. Esta volvió a llamar el miércoles; los servicios sociales pusieron entonces en marcha su maquinaria, pero no dio tiempo. Los indicios apuntan a que la mujer, que había sido atendida por un problema de salud mental en 2017, sufrió una recaída y tal vez su pareja también se trastornó.

La investigación no ha hecho más que comenzar. De momento, el juez de Paterna ha calificado los hechos de homicidio y no de asesinato, tipo delictivo aplicable cuando se mata a una persona con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.