Las emisiones de CO2 llegan al Tribunal Supremo de Holanda

En junio de 2015, la justicia holandesa sentó un precedente histórico al ordenar al Gobierno que redujera en un 25% para 2020, comparado con 1990, los gases causantes del efecto invernadero (CO2). Urgenda, una ONG especializada en sostenibilidad ambiental, ganó la demanda que había interpuesto aduciendo que las autoridades estaban obligadas a proteger la salud del ciudadano. En 2018, el Ejecutivo perdió su primera apelación, y la abogacía del Estado dijo entonces que los tribunales se habían entrometido en política al señalar que “si los gobernantes no actúan contra las actividades industriales dañinas, peligrará la vida de la generación actual”. Como la cuota de emisiones señalada por los jueces sigue lejos de cumplirse, a finales de año se verá de nuevo el caso en el Supremo.

Cumplir con la petición de Urgenda para 2020 precisa, según el Gobierno, una inversión de miles de millones de euros, y aunque el ministerio de Economía y Clima no rechaza la sentencia, ha decidido acudir al Tribunal Supremo. “Es por una cuestión de principios: queremos saber si los jueces ocuparán allí el lugar de los políticos con su veredicto”, ha dicho Eric Wiebes, titular del departamento.

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La ruta judicial seguida por el caso ha coincidido con el análisis del acuerdo holandés sobre el clima, a cargo de la Oficina Central del Planificación, especializada en macro economía. Presentado en diciembre tras nueve meses de negociaciones entre 300 organizaciones públicas y privadas, el Ejecutivo y las industrias, el pacto aspira a una reducción del CO2 del 49% para 2030, comparado con 1990. El coste calculado puede ascender hasta 1.900 millones de euros anuales. Sin embargo, la Oficina indicó este miércoles que las medidas previstas, incluida la supresión del uso de gas natural y los subsidios para los coches eléctricos, “tal vez no basten”. También señala que la clase media y media baja, los pensionistas y ciudadanos con subsidios perderán poder adquisitivo por los impuestos derivados del plan.

El Gobierno reaccionó de inmediato y propuso reducir dichas tasas a partir de 2020 para la población. A cambio, fijará unas “moderadas” para la industria, en particular la pesada. El apoyo al coche eléctrico de segunda mano, y la lucha contra la contaminación por parte de la agricultura “a cambio de dinero extra”, además de almacenar menos CO2, aparecen a su vez entre las nuevas propuestas. Sindicatos y grupos ecologistas mostraron su satisfacción ante el cambio de actitud gubernamental, aunque el acuerdo retocado volverá a los expertos para que calculen su precio. Se espera una respuesta en abril.

Mientras llega la llamada del Supremo para la apelación final, a Urgenda no le convence el argumento económico del Gobierno sobre su caso. Tampoco el posible rechazo ciudadano ante medidas impopulares. “Somos un Estado constitucional, no una república bananera. Los fallos judiciales se cumplen”, dice Marjan Minnesma, su directora. En su opinión, “el cierre de todas las centrales eléctricas de carbón del país” contribuiría a reducir el CO2.