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Holanda debe reducir las emisiones de CO2 en un 25% para 2020

El Estado pierde su apelación contra la demanda de Urgenda, una ONG medioambiental, porque "debe proteger al ciudadano"

Emisión de humo de un tubo de escape.
Emisión de humo de un tubo de escape. AFP

El Estado holandés ha perdido por segunda vez ante la justicia un caso sin precedentes sobre la proporción de gases de efecto invernadero (CO2) que debe reducir para combatir el cambio climático. Debe ser un 25% para 2020, comparado con 1990. En 2015, el Juzgado de Primera Instancia de La Haya fijó dicha cantidad tras la demanda interpuesta por Urgenda, una ONG medioambiental. El Estado apeló, y este martes el fallo va incluso más lejos. No importa que el Gobierno se proponga rebajar en un 49%, para 2030, las emisiones nocivas. “Tiene la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas. Si no actúa, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”, dicen los jueces.

La abogacía del Estado holandés sostiene que los tribunales no podían entrometerse en la política, y debían respetar la separación de poderes. También subrayan que la protección del entorno es un asunto que compete al Parlamento, “y Holanda es un país pequeño en un contexto global respecto al cambio de clima”.

Los jueces de apelación han rechazado sin reservas ambos argumentos. Por un lado, consideran que el país ha firmado tratados internaciones relativos al clima, “que pueden hacerse valer legalmente ante las cortes nacionales”, sin invadir otras competencias. En cuanto al tamaño del país, señalan que “no exime de proteger el territorio contra el cambio de clima”. “En caso de peligro para la población, el Estado debe tomar medidas preventivas”.

Por último, añaden que “reducir el CO2 lo antes posible, disminuirá los riesgos sanitarios y rebajará costes”. La Oficina Central de Estadística indicó en septiembre que, en 2017, la cifra total de emisiones de gases de efecto invernadero fue solo un 13% menos que en 1990.

Urgenda recibió en 2015 el apoyo de un millar de ciudadanos, y se acogió a la legislación europea sobre derechos humanos. En concreto, al “derecho de daños” para exigir el freno a las emisiones de CO2. Con esta segunda victoria, los seguidores se han lanzado a las redes sociales diciendo que “los jueces han hecho picadillo al Estado”.

“El fallo confirma que un 25% menos [de gases de efecto invernadero] es el mínimo. El Gobierno debe poner manos a la obra”. Los portavoces de la ONG han abundado luego en la relevancia de la decisión. “Está claro que el tiempo se le acaba al Gabinete. Ya no es el momento de pactar. Hay que actuar porque el agua nos llega ya al cuello, pero no lo vemos”. De momento, el Estado debe pagar las costas del caso. Luego estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, “porque no se trata del clima o sus políticas de mejora, sino de que los tribunales entran en las decisiones políticas del Gobierno”.

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