Radiografía de los divorcios más conflictivos en España

El 97% de los divorcios de parejas con hijos y cuyo caso se resuelve en los juzgados tiene un alto nivel de conflicto, es decir, las partes discuten por asuntos como la vivienda, la pensión alimenticia o la custodia de los niños. Este es uno de los resultados del primer Observatorio del Derecho de Familia, una encuesta realizada a 401 de los más de 2.000 miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que ha sido presentada este sábado en Madrid. El sondeo permite identificar los tiempos de resolución de las separaciones, mucho mayores en juzgados no especializados, el grado de adaptación de los menores a la custodia compartida —según la percepción de los letrados— o la importancia de la vivienda como gran foco de hostilidades en parejas con hijos.

En 2018 se presentaron más de 111.000 demandas de disolución matrimonial —separaciones y divorcios— en los juzgados, según datos del Consejo General del Poder Judicial. De ellas, en unas 65.000 se llegó a un acuerdo entre las partes y otras 46.000 acabaron en manos de los jueces. El informe de la Aeafa revela que los divorcios sin acuerdo tardan en resolverse más de tres años y medio cuando se tramitan a través de juzgados y audiencias provinciales no especializadas en derecho de familia. En juzgados especializados, el tiempo se reduce a dos años de media contando ambas instancias. "Preocupa el tiempo de demora. En función de si el juzgado está especializado en familia, se dobla la duración del procedimiento, tanto en divorcios contenciosos como en los acordados", sostiene María Jesús Lozano, presidenta de la Aeafa. El 85% de los divorcios de mutuo acuerdo es resuelto por los juzgados de primera instancia especializados en menos de seis meses. El porcentaje desciende al 49% cuando se dirimen en los generalistas.

"Los procesos no pueden durar tanto, hace falta una respuesta rápida", sostiene Lozano. "Tenemos una justicia de primera categoría, de la que disfrutan quienes viven en ciudades donde hay juzgados especializados, con jueces y fiscales expertos, y otra de segunda categoría, donde no los hay", critica la abogada. "La encuesta arroja dos conclusiones fundamentales: es preciso crear una jurisdicción específica y abordar una reforma profunda de las normas de derecho de familia, que son de hace 30 años y no se adaptan a la realidad actual", prosigue. "Hay parejas que no se casan y también se separan. Hay familias donde los hijos de un primer matrimonio conviven con los del segundo. ¿Qué ocurre en esos divorcios? La legislación no aporta una respuesta", continúa.

En casos que se resuelven en el juzgado, cuando no hay descendencia, el enfrentamiento alto o muy alto se limita al 16% de las ocasiones, según las apreciaciones de los abogados. Es decir, el nivel de conflicto aumenta considerablemente cuando hay hijos. "Se discute por el sistema de custodia —monoparental o compartida—, por la pensión de alimentos, por la vivienda. Es lo que mayor conflicto genera ahora mismo", prosigue. El 76% de los letrados considera que la litigosidad sobre la custodia de los hijos es menor cuando está ya resuelto el problema de la casa.

"El progenitor que ostenta la custodia exclusiva tiene el uso de la vivienda hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad. En caso de custodia compartida, el Código Civil no prevé nada. Deja al criterio del juez la decisión", sostiene Lozano. "Han cambiado tanto los paradigmas familiares que el legislador debe abordarlos", añade. "También hay que exigir procedimientos ágiles. Cuando no se cumple una sentencia, porque no se paga la pensión o se incumpla el régimen de visitas, es inadmisible que se tarden cinco o seis meses en exigir que se acate la decisión del juez", dice Lozano. “Una respuesta rápida reduce el riesgo de violencia”.

El 79% de los abogados afirma, en base a lo que le comunican los padres o las madres, que la adaptación de los menores a la custodia compartida es satisfactoria o muy satisfactoria, tanto en los casos en que esta fórmula ha sido pactada por los progenitores como cuando ha sido impuesta por el juzgado a una de las partes. El 2% la considera nada satisfactoria y el 19%, poco satisfactoria. Lozano precisa que la asociación no se posiciona sobre el modelo recomendable —custodia compartida o exclusiva para un progenitor—, sino que aboga por que se estudie caso por caso. En 2017 este sistema se otorgó en casi el 30% de las ocasiones, según datos del INE.

"El Código Civil no establece en ningún caso qué modelo es prioritario. En nuestro ordenamiento jurídico se introdujo en 2005 la posibilidad de la custodia compartida. Está absolutamente descartada en procesos de violencia de género", explica la abogada. "El Tribunal Supremo ha indicado que es el sistema deseable. Con las sentencias que ha ido dictando, sobre todo a partir de 2011 o 2012, ha ido cambiando la mentalidad", añade.

El 75% de los abogados encuestados considera que en la custodia compartida el reparto del tiempo de residencia de los hijos con cada progenitor más adecuado para la estabilidad y rutinas de los niños es semanal. El 78% de los letrados opina que el sistema de ‘casa nido’ —los hijos viven en la casa familiar de forma permanente y los padres se alternan, en función del periodo de custodia— no funciona. Un 17% cree que solo es efectivo cuando los tribunales así lo deciden, para favorecer la venta del inmueble.