El Gobierno amplía por decreto ley el permiso de paternidad a 16 semanas

El gran guiño a la igualdad de Pedro Sánchez llegó en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes y a una semana del 8 de Marzo, en el que el movimiento feminista vuelve a llamar a la huelga. El Gobierno ha aprobado por decreto ley la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, una medida que sitúa a España a la cabeza de Europa. Los padres dispondrán de 16 semanas pagados al 100% a partir de 2021. El decreto obliga además a las empresas a incluir un registro de salarios para evitar la discriminación por sexo.

Hasta la iconografía ha acompañado este viernes al anuncio. La vicepresidenta del Gobierno con más ministras de Europa, Carmen Calvo, ha comparecido para informar de las medidas del nuevo decreto ley contra la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Y lo hizo tras un cartel morado al 8-M, con la leyenda: Tiempo de Mujeres. “La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres, sino una opción libre de la mujer”, dijo Calvo, también ministra de Igualdad. La medida persigue reforzar la presencia de los hombres en los cuidados y la de las mujeres en el mercado laboral, donde siguen siendo penalizadas cuando se convierten en madres. Y es la principal de un decreto que también recoge un registro de los salarios desagregados por sexo para controlar la brecha salarial y la ampliación del número de empresas obligadas a contar con planes de igualdad.

El permiso de paternidad se ampliará de forma progresiva. Tras su entrada en vigor, al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y durante el resto de 2019, pasará de las actuales cinco semanas a ocho. Desde el 1 de enero de 2020 subirá a 12, y será en 2021 cuando padres y madres disfrutarán de permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas, que serán ampliables en casos de partos múltiples en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El impacto presupuestario para 2019 se calcula entre 250 y 300 millones; la equiparación total, en 1.100 millones, según el Gobierno, más otros 12 millones para los funcionarios.

A lo largo de esta semana, esta medida peligró en las negociaciones entre los diferentes departamentos del Ejecutivo, apuntan varias fuentes gubernamentales. “Ha salido adelante porque al frente de las negociaciones han estado mujeres”, apuntaba una de estas fuentes, que ponía nonmbres y apellidos: las secretarias de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, la de Empleo, Yolanda Valeolivas, y la de Presupuestos, María José Gualda.

El decreto aún tiene que ser convalidado en el Congreso pero difícilmente votarán en contra los partidos que en junio de 2018 respaldaron por unanimidad debatir sobre permisos de paternidad y maternidad iguales. Las críticas del PP se centraron ayer en recordar que el Gobierno usó un real decreto, previsto para situaciones “de urgencia”, para sacar adelante algunas de las principales medidas que se quedaron descolgadas en los presupuestos y que no pudieron tramitar en el Parlamento. Pero no aclararon si lo iban a rechazar.

Unidas Podemos anunció su respaldo, aunque su portavoz parlamentaria, Irene Montero, lamentó que el Gobierno no hubiera sido más ambicioso garantizando que estos permisos se puedan disfrutar de forma no simultánea. El texto del Ejecutivo establece que las primeras seis semanas sean obligatorias para ambos progenitores, mientras que el partido morado defendía que solo lo fueran las dos primeras semanas, y que a partir de ese momento las parejas decidan cómo repartirse el resto de los días previstos por ley. También PNV anunció que iba a votar a favor. Por su parte, PDeCat o ERC lo vieron con buenos ojos, pero no aclararon el sentido final de su voto. Ciudadanos no se pronunció.

Sanción parlamentaria

Desde la entrada en vigor del decreto, el Gobierno dispone de 30 días para que lo convalide el Congreso de los Diputados, labor que le corresponderá a la Diputación Permanente al disolverse las Cortes el próximo martes 5. De no lograrlo, el real decreto decaería y se volvería a la regulación anterior, como ocurrió con el decreto de reforma de los alquileres, que tumbó Podemos en enero pasado al votar en contra, y que este viernes ha vuelto a aprobar el Ejecutivo tras negociar mejoras.

El texto incluye otras medidas con las que el Ejecutivo pretende atajar la brecha salarial, “que no ha sido reducida en los últimos años”, apunta el borrador del decreto que llegó al Consejo de Ministros. Una es la obligación de todas las empresas, independientemente de cuál sea su tamaño, de llevar un registro en el que se detallen las medidas salariales de la plantilla desagregadas por sexo, así como los complementos y “percepciones extrasalariales”. Estos datos deben estar a disposición de los representanes de los trabajadores. Además, en las empresas de al menos 50 trabajadores si esos promedios en la retribución superaran el 25% se deberá incluir una justificación aclarando que esa diferencia no se debe a “motivos relacionados con el sexo”.

Otra de las medidas importantes del decreto es la ampliación del número de empresas que deben tener plan de igualdad. Hasta ahora el umbral mínimo son 250 trabajadores, cuando se publique este listón baja a 150, el segundo año a 100 y el tercero a 50. Con los niveles actuales, las empresas con planes de igualdad emplean a 5,3 millones; al acabar el periodo transitorio se llegará a 7,7 millones.

Para CEOE y Cepyme, la forma en la que llega el decreto y “las cargas administrativas” que suponen son un problema. Destacan que “la igualdad es un derecho y un deber de la sociedad”, pero criticaron que “no se haya dado el tiempo suficiente a la negociación”, que empezó el pasado 13 de febrero. También la falta de tiempo y de acuerdo fue criticada por CC OO, quien también lamentó los periodos transitorios de adaptación a la nueva norma. UGT, por su parte, consideró “insuficiente” las medidas. Ambas centrales comparten la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.