Los funcionarios dispondrán de ocho semanas intransferibles de paternidad en 2019

Todos los empleados públicos de la Administración General del Estado (funcionarios, personal estatutario o laboral) que sean padres el año que viene dispondrán de ocho semanas de permiso. En su caso, la medida saldrá adelante tanto si sale adelante el acuerdo de presupuestos que firmaron PSOE y Podemos como si no. La ampliación de las seis semanas actuales a ocho y la progresiva equiparación con las madres a 16 semanas en 2020 no depende en el caso de los funcionarios públicos de que el resto de partidos respalden ese convenio que incluye la ampliación de los permisos de paternidad para todos los trabajadores y cuyos apoyos aún están en suspenso.

El acuerdo cerrado este lunes entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y CIG se aplicará a partir de 2019 tras una modificación que el departamento de la ministra Meritxel Batet promete sacar adelante aunque el Gobierno y Podemos no encuentren respaldos suficientes.

El modelo actual contempla seis semanas obligatorias e intransferibles para la madre frente a cinco para el padre, voluntarias pero intransferibles. Quedan otras 10 semanas que son intercambiables y que los padres asumen en menos del 2% de los casos, según datos oficiales.

Los nuevos permisos no serán transferibles con el objetivo de garantizar “la corresponsabilidad en el cuidado del menor por ambos progenitores”, según el acuerdo. Las primeras cuatro semanas tras el parto deberán tomarlas de forma simultánea e ininterrumpidas. No fija la obligatoriedad. Las restantes no se podrán disfrutar de manera simultánea sino antes o después que el otro progenitor. La no simultaneidad es un aspecto que no contempla el acuerdo de presupuestos firmado por Podemos y PSOE para el resto de trabajadores aunque sí figura entre las demandas de algunos colectivos feministas o de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (Ppiina), cuyo modelo hace suyo Podemos.

La estimación oficial es que se produzcan unos 3.000 permisos paternos anuales entre los empleados públicos, con un coste de 12 millones de euros más cuando se aplique la equiparación total, con 16 semanas para cada progenitor. “La Administración General del Estado tiene que dar ejemplo”, ha señalado la ministra Batet. Esta equiparación es “un paso más en la voluntad de este Gobierno de avanzar en políticas para la igualdad entre hombres y mujeres”.

CSIF aplaudió el acuerdo pero mantiene “una posición crítica” porque querían la equiparación con los permisos de los que disponen los funcionarios en Andalucía, con 20 semanas. También reprochan al Ejecutivo que redujeran una semana de las nueve que habían previsto en la negociación antes de cerrar el acuerdo con Podemos.

“Durante la crisis las empleadas y empleados públicos hemos sido los primeros en sufrir los recortes que después se han trasladado al resto de la ciudadanía, ahora nos toca convertirnos en un ejemplo de igualdad”, valoró por su parte Carlos Álvarez, de UGT.