300 ONG piden al Gobierno que garantice la sanidad universal por vía de urgencia

Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo, junto a 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos integrados en la plataforma Reder, han pedido al Gobierno que apruebe por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal.

En una carta enviada a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, las organizaciones piden que anuncie en el próximo Consejo de Ministros la aprobación del reglamento de desarrollo del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Y lo hacen, según Reder, porque la norma es necesaria para garantizar este acceso en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en España, antes de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo, que paralizará la tramitación de la norma como proyecto de ley.

Según las entidades firmantes, "la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes". Entre ellos se han denunciado recientemente casos como los de personas que llegan a España por reagrupación familiar. Como no son entradas ilegales, se les exige un seguro médico que cubra su atención. También ha habido casos de mujeres que se han dado cuenta de que estaban embarazadas cuando llegaron a España. En ese caso, al no haber pasado los tres meses de residencia que se exige para que la estancia sea ilegal, se les aplicaba la misma normativa que a los turistas, y se les exigió un seguro de su país de origen.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del real decreto-ley fue un paso importante, "este fue insuficiente, y desde el primer momento se alertó de que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria". Por ello, estiman que es "urgente desarrollar el reglamento necesario". Las organizaciones recuerdan que las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.

En la misiva remitida a Sanidad se apuntan los dos ejes fundamentales en los que debe reparar el reglamento. El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata. El segundo, que la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtenerlo. En su lugar, consideran válido cualquier medio de prueba admitido en derecho, como certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos o documentos emitidos por organizaciones sociales.

Las organizaciones recuerdan también la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores -padres, madres, abuelos y abuelas- que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.