El Gobierno cierra la vía a registrar bebés de vientres de alquiler en Kiev

La Embajada de España en Kiev no abrirá nuevos expedientes de menores nacidos por vientres de alquiler. El Ministerio de Exteriores ha anunciado este martes que cierra esa vía después de que Justicia dejara sin efecto el pasado sábado una instrucción que permitía la inscripción con pruebas de ADN en este país. Y este martes ha comenzado a dar salvoconductos para 39 menores ya nacidos y para las familias españolas que aguardaban una solución, algunas de ellas desde diciembre.

Pero esos salvoconductos solo sirven para 39 niños ya nacidos en Ucrania, un país que permite gestar menores siempre que las parejas solicitantes sean matrimonio y heterosexuales con infertilidad acreditada. Los casos iniciados que estén pendientes de que las madres den a luz, deberán solucionarse por otra vía. Exteriores aseguró que pedirá a la Embajada de Ucrania que expida pasaportes ucranianos para los menores, un camino que supone más tiempo de espera y restricción de movimiento para esos niños en caso de que tengan que viajar fuera de España.

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“Al ser menores tienen muy cubierta la situación, con sanidad y derecho a colegio”, señala Ana Miramontes, abogada experta en gestación subrogada y asesora de la asociación Son Nuestros Hijos. Tendrán que acceder primero a la ciudadanía ucraniana, para lo que Miramontes calcula un plazo máximo de tres meses de espera en Kiev, y luego que el país les expida un pasaporte para viajar fuera. Conseguirles el pasaporte español “es un proceso que tarda meses que pueden llegar a ser años”, según la abogada.

Este el último episodio de una crisis que arrancó la semana pasada, cuando esta Embajada rechazó la inscripción de cinco menores tras haberse comprometido con las parejas españolas a registrarlos y facilitarles la documentación para salir del país. Los vientres de alquiler son ilegales en España, que además desaconseja a Ucrania como destino para estos embarazos desde 2016.

Una instrucción aprobada en 2010 contempla la inscripción de menores nacidos por vientres de alquiler en países donde se pueda obtener una resolución judicial, como Estados Unidos. No es, sin embargo, un documento viable en Ucrania ni en otros destinos incipientes, como Georgia o Rusia. Sin embargo, y pese a que esa instrucción en vigor no incluye fórmulas concretas para esto destinos, hasta la fecha se han inscrito cientos de casos anuales solo en Ucrania.

El pasado fin de semana, en apenas 24 horas, las familias que aguardaban en Kiev con los bebés recibieron una respuesta y la contraria. El viernes llegó a las embajadas una nueva instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados —que depende del Ministerio de Justicia— y el sábado quedó sin efecto. La ministra Dolores Delgado aseguró que se había hecho sin que ella lo supiera: “No tenía conocimiento [de la instrucción] y se había hecho pública sin contar con mi criterio”, respondió después. Para el Gobierno de Pedro Sánchez el rechazo a la práctica del alquiler de vientres figura entre sus principios irrenunciables. Han llegado a compararla con el tráfico de órganos.

“Seguiré luchando”

A pesar de ello, han tratado de cerrar este asunto con salvoconductos para los 39 menores, esto es, un permiso para salir de Kiev y llegar a España. Ana Reyes viajará este miércoles de vuelta con su marido y el bebé, que ayer cumplía dos meses. Volverán a Palencia tras haber esperado en Ucrania desde el pasado 6 de diciembre. Reyes, de 45 años, asegura que les han dado permiso para salir con la misma documentación que hasta ahora no ha sido válida, incluida la prueba de ADN que confirma que el padre biológico de la niña es su marido, Fernando Frontela, de 40 años. El consulado requirió también la presencia de la madre gestante ucraniana.

Ana Reyes asegura que se marcha con un sabor agridulce: “Me dan pena las familias que se quedan aquí, seguiré luchando por ellos”.

“Exteriores lleva meses con medidas excepcionales en el caso de Ucrania. Al final, los que acuden a estos países donde se requiere prueba de ADN funcionan por la vía de los hechos. Fuerzan la voluntad de los Gobiernos con un niño entre los brazos”, critica Alicia Miyares, portavoz de No Somos Vasijas, asociación contraria a los vientres de alquiler. “Reclamamos la nulidad absoluta, que no sea posible inscribir a ninguno de esos niños. Todos nos fijamos en las criaturas, pero hay que empezar a cuestionar a los adultos que sabiendo que en su país no es legal, marchan a otro para forzar la situación y no les importa usar a un menor para conseguir sus deseos”.

Marcos Jornet, presidente de Son Nuestros Hijos, tampoco muestra satisfacción con la rectificación del fin de semana: “Nos encontramos ante una nueva contradicción del Gobierno. Están sacando a las familias con salvoconductos para evitar la mala imagen en campaña electoral de dejar a niños abandonados. Una vez más, y esta es la cuarta en estos meses, amenazan a las familias con dejar a los niños en el limbo”.