La Audiencia Provincial de Navarra se ratifica en dejar libre a La Manada
El tribunal ha decidido desestimar los recursos presentados en enero por las acusaciones para el reingreso en prisión de los cinco condenados a nueve años por abuso sexual
La Audiencia Provincial de Navarra ha vuelto a fallar a favor de la libertad provisional de La Manada, los cinco hombres condenados a nueve años de cárcel por abusar de una joven de 18 años en Pamplona durante la primera noche de San Fermín en 2016. La Sección Segunda del tribunal navarro ha desestimado los recursos de súplica que las acusaciones interpusieron el pasado 3 de enero cuando la propia Audiencia decidió mantener esa libertad, en la que permanecían desde el 22 de junio, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ratificara la condena el 5 de diciembre.
El pasado enero, la decisión de la Audiencia Provincial abrió de nuevo el debate judicial sobre la libertad provisional, a pesar de que es una práctica común que los condenados sin sentencia firme estén en la calle a los dos años. Juristas y expertas apuntaron en aquel momento a las circunstancias específicas de este proceso e insistieron en que los cinco hombres ya habían sido condenados y la sentencia había sido ratificada por el TSJN. Pero, a pesar de que este caso ha provocado cambios legislativos y sociales, el tribunal de Navarra ha ratificado su propia decisión.
En aquel momento, como ahora, la Audiencia decidió por dos votos contra uno: el de la magistrada Raquel Fernandino y el juez Ricardo González frente al del presidente de la Sala, Francisco Cobo, que ha emitido un voto particular discrepante y en el que reitera su petición de prisión provisional comunicada y sin fianza, hasta el límite máximo de cuatro años y medio, descontando de ese periodo el tiempo que estuvieron en prisión, entre el 9 de julio de 2016 y el 22 de junio de 2018, cuando salieron tras abonar, cada uno de ellos, 6.000 euros de fianza.
Contra el auto que firman Fernandino y González no hay posibilidad de recurso. Argumentan para su decisión, entre otras razones, que aunque los hechos por los que se les condena son graves, "no implica que de ello se derive, indefectiblemente, un incremento del riesgo de fuga, que justifique la modificación de la situación personal de los encausados". Y explican en ese mismo documento que tiene que tenerse en cuenta el arraigo personal y familiar, que no hay indicios de que dispongan de “medios económicos en el extranjero y ni siquiera en España" y que, hasta hoy, “han acatado puntualmente las obligaciones que les fueron impuestas”.
Para Carlos Bacaicoa, el abogado de la víctima, esto vuelve a ser “lo esperado”. E incide en “lo absurdo de que el recurso lo tenga que resolver el mismo órgano que dicta la resolución recurrida”. Al letrado le parece “una barbaridad” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “A ver si un día de estos los legisladores se dan cuenta de esto y eliminan este procedimiento. Por lógica debería ser un órgano superior al que se recurre el que decidiese sobre la decisión recurrida”.
La fiscal contra la violencia machista de Andalucía, Flor de Torres, explica que esto es un cauce legal habitual, "aunque haya disensión social en lo que se dicte". “Son normas procesales, mecanismos de corrección de los propios tribunales para que se retracten o no de una decisión ya tomada”. Añade que, cuando existe sentencia firme, sí hay una posibilidad de recurso, “pero no es el caso”. Ahora, la sentencia está a la espera de que se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia.
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