Cambios en las universidades y en la Formación Profesional: ¿Habrá prácticas para todos?

Para muchos, Bolonia trajo la enseñanza por competencias, la evaluación continua, y… las prácticas externas. No es que fuesen realmente nuevas, pero por primera vez estas aparecieron como obligatorias como una parte de su itinerario formativo y como elemento facilitador de su inserción laboral. Para conseguir estos objetivos, las Universidades tuvieron que realizar un ingente esfuerzo para ofrecer las prácticas que requería el nuevo sistema. Las universidades situadas en poblaciones pequeñas, y no tan pequeñas, han hecho auténticos malabarismos para que sus estudiantes pudiesen completar los practicum que exigían sus planes de estudios. O había prácticas o no había título.

Por eso extrañó tanto que hace escasos días, un 28 de noviembre, se aprobase en el Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En él, a instancias del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se retoma parcialmente un proyecto de ley del grupo parlamentario de Podemos y se sujetan todas las prácticas formativas (universitarias y de Formación Profesional) a la Seguridad Social. A juzgar por las reacciones, los Ministerios correspondientes no habrían consultado con los interlocutores sociales, las universidades, las asociaciones de estudiantes ni las comunidades autónomas.

Este Real Decreto-Ley modifica el estatus que tenían hasta ahora las prácticas de los universitarios. La normativa solo obligaba a que los estudiantes se diesen de alta en el caso de que sus estancias en empresas estuviesen remuneradas. Además, si eran curriculares, lo que quiere decir que eran obligatorias dentro de sus planes de estudios, la Seguridad Social las bonificaba en el 100%, lo que solo supone un coste administrativo.

Mientras, las extracurriculares, aquellas que son voluntarias y cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral, cotizaban completamente si por ellas se percibía un salario. Aquellas que no estaban remuneradas se encontraban exentas de visitar la Tesorería de la Seguridad Social. La norma incluye también un periodo de tres meses para su desarrollo reglamentario, donde se supone que se aclararan aspectos como las bonificaciones, quién ha de pagar qué, etc.

El cambio puede parecer poco relevante, especialmente si se tiene en cuenta que la lógica indica que las prácticas se bonificaran al 100% durante el desarrollo reglamentario. Sin embargo, esta tampoco será una solución para muchas PYMES. Para ellas soló la contratación de estudiantes supondría un coste administrativo difícil de justificar. Por otro lado, muchas de los practicum son obligatorios en los planes de estudios de titulaciones como Magisterio o Ciencias de la Salud. Las autonomías titulares de las instituciones donde se realizan las mismas se verán inundadas por miles de expedientes con el consecuente coste. Mucho más importante serán las consecuencias sobre la Formación Profesional, que hasta ahora no se veía afectada en su relación con la empresa.

En cuanto al aspecto económico de la medida, el diario EL PAÍS citaba que el Ministerio de Trabajo preveía ingresar por esta medida cerca de 75 millones de euros, si bien no está claro quién va a pagar. Los académicos sabemos que las arcas universitarias están exhaustas por la crisis. Las empresas es difícil que puedan o quieran soportar un gravamen adicional. Sí es cierto, como el periódico reconoce, que esta medida incrementará en más de 500.000 estudiantes los que aparecerán como inscritos en las Seguridad Social, lo que servirá para maquillar unos datos de empleo que empiezan a mostrar signos de desaceleración.

Este cambio está en la línea del proyecto de ley que en septiembre de 2017 presentó el grupo parlamentario de Podemos con el objetivo, en sus palabras, de acabar con “…el uso en fraude generalizado de las prácticas y su laxa regulación…”, que en su opinión suponía para los estudiantes”…una barrera de entrada laboral en condiciones de trabajo dignas…”, lo que ”…precipitaba el retraso a un acceso de un empleo con derechos”. El proyecto, que todavía sigue su trámite en el congreso, traía novedades. Como más destacada, su rango; por primera vez las prácticas se regularían a nivel de ley. La idea más llamativa, la finalización de las prácticas extracurriculares. El mayor cambio que incluye es que se fija un límite inferior para su remuneración que corresponde al salario mínimo y obliga, como recoge el Real Decreto-Ley 28/2018, a su inclusión en la Seguridad Social. La más interesante, la creación de un Estatuto del Estudiante en Prácticas que evite los abusos.

En su trámite parlamentario, si lo hay, o en el desarrollo reglamentario, existe la oportunidad de modificar algunos de los aspectos que más dudas han suscitado el nuevo Real Decreto-Ley. La principal, la falta de diálogo de la que se han quejado muy explícitamente los rectores y los gestores de Formación Profesional de las Comunidades Autónomas. No es la primera vez que la presión ha servido para que el hoy Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social mude sus posiciones. Hace un año, la movilización de rectores y afectados tras un cambio en la forma de inscripción de los contratos de los estudiantes predoctorales forzó al Ministerio a retractarse. Veremos que sucede ahora que los efectos, si cabe, son mayores.

Jorge Sainz es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y becario de La Caixa. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública, para EL PAÍS.