Pagar por ser rescatada

Las mujeres británicas que en años recientes se han visto atrapadas por matrimonios forzados en el extranjero —tras su traslado a un segundo país de origen familiar, bien a la fuerza o con triquiñuelas— pero que acabaron felizmente rescatadas por su gobierno tiene una factura pendiente. El Foreign Office (Ministerio de Exteriores) exige a esas víctimas sufragar el coste de la operación de asistencia que implica vuelos, dietas, gestiones diplomáticas y, por lo visto, muy poca consideración hacia el drama humano implicado en el asunto.

“Increíble” e “ inmoral” son los epítetos dispensados por la oposición contra el Foreign Office (Ministerio de Exteriores) tras las revelaciones del diario The Times sobre el peaje adicional que deben encarar aquellas mujeres convertidas en moneda de cambio por sus familiares. La respuesta del gobierno de Londres, cuyo titular de Exteriores, Jeremy Hunt, se ha limitado a prometer que indagará en el asunto, implica un aval al rotativo británico cuando éste asegura que las víctimas fueron en primer lugar informadas de que deberían pagar a posteriori por el esfuerzo de su rescate. Los ahorros, las conexiones familiares y de amigos o, a falta de dinero, la solicitud de un préstamo, son las soluciones que los responsables de la diplomacia británica ofrecieron a esas mujeres rescatadas, aunque castigadas de nuevo por una inesperada presión económica,

La política que en la práctica ejecuta el gobierno de la conservadora Theresa May —ahogar económicamente y a base de préstamos a las víctimas rescatadas— contrasta con su publicitada vocación de atajar el fenómeno de los matrimonios forzados. En los últimos tres años, el registro policial constata en el Reino Unido más de 3.500 casos, considerados una forma de esclavitud moderna y difícil de detectar al circunscribirse al ámbito familiar y privado.

Las cifras oficiales apenas arañan la magnitud del fenómeno, pero la investigación de The Times sí deja preclaro que escapar de ese ciclo con ayuda del gobierno británico implica una tremenda carga adicional. Similar a la del contrato con un banco (y sus obligaciones de pago), que contraen mujeres liberadas, por ejemplo, de su ingreso en un “correccional” de Somalia que pretendía su sumisión o de un matrimonio forzado en Bangladesh tildado por la legislación británica de esclavitud moderna. Que el propio gobierno ayude a liberarse de esas cadenas implica empero, un pago