Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fiscal pide nueve años de cárcel para el exlíder socialista de Elche acusado de tener pornografía infantil

El exsecretario general de las juventudes del municipio alicantino fue liberado al mes y medio de ser detenido tras abonar 20.000 euros de fianza

El exsecretario general de las juventudes socialistas de Elche, Alejandro Díaz.
El exsecretario general de las juventudes socialistas de Elche, Alejandro Díaz. ATLAS

El exsecretario general de las juventudes socialistas de Elche (Alicante), Alejandro Díaz, se enfrenta a nueve años de prisión si prospera la petición de la Fiscalía. Esta le acusa de tenencia y difusión de pornografía infantil. El fiscal opina que los vídeos y fotografías encontrados en el ordenador que utilizaba Díaz desprenden “una predisposición de carácter sexual dirigida a menores de edad”, con “especial predilección hacia niños con edades comprendidas entre 0 y 12 años”. Además, los archivos muestran, a juicio del ministerio público, “un carácter enormemente deshumanizado por el trato humillante y vejatorio al que se ven sometidos estos menores”.

Díaz, de 28 años, fue detenido por la policía el 8 de junio del pasado año. Una investigación sobre distribución de pornografía infantil a través de Skype condujo a la policía hasta un ordenador situado en el domicilio que el acusado comparte con sus padres. De hecho, el identificador de este dispositivo indicaba que pertenecía a su padre, aunque el fiscal exime a este de toda responsabilidad, ya que en su calificación especifica que el “único usuario de los ordenadores y efectos intervenidos es el acusado”. Tras pasar un mes y medio en la prisión alicantina de Fontcalent, Díaz fue puesto en libertad tras depositar una fianza de 20.000 euros.

En el momento de su arresto, el exdirigente socialista también fue acusado de abusar de unos niños saharauis que visitaban ocasionalmente Elche, aunque la denuncia fue desestimada por falta de pruebas. Sin embargo, en los juzgados sigue abierta otra causa que le señala como abusador de una niña de dos años en su entorno. Ambas investigaciones partieron de unas conversaciones halladas entre el material incautado por la policía, de gran crudeza, reproducidas en el escrito de calificación del fiscal y al que ha tenido acceso este periódico.

En diferentes archivos, “perfectamente estructurados y ordenados sistemáticamente”, los agentes encontraron todo tipo de vídeos en los que aparecían abusos, tratamientos vejatorios y torturas aplicados a personas que el fiscal califica “sin ningún tipo de duda, por su apariencia física, menores de edad”. A menudo, “bebés de solo meses de edad”. Según los investigadores, Díaz había accedido a estos contenidos mediante aplicaciones y archivos ejecutables que “permiten el funcionamiento de un programa” utilizado como vía de entrada “anónima” a la red oscura, lo que en términos informáticos se conoce como darknet.

En el escrito, se detalla que este tipo de archivos “solo pueden descargarse tras una búsqueda sistemática desde las redes anónimas que existen en la darknet”, de foros sobre pedofilia y siempre que los usuarios “intercambien o distribuyan libremente dichos contenidos”. Una vez descargados, Díaz supuestamente distribuía los archivos, según los investigadores, mediante la aplicación Skype. Para acreditarlo, el fiscal señala que entre los objetos incautados, apareció un pendrive en el que había una imagen “que coincide plenamente con las remitidas” por el acusado “a través del servicio de comunicación Skype”.

En su calificación, el fiscal solicita además la imposición durante diez años de la medida de libertad vigilada con el fin de prohibir que desempeñe “determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión de cometer hechos delictivos de similar naturaleza”. Así mismo, le impone la obligación de “participar en programas formativos de educación sexual” y, por último, demanda la pena de “inhabilitación especial”, también durante diez años, para que no ejerza "profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad”.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información