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Valencia multará con 120.000 euros las terapias para ‘corregir’ la orientación sexual

El pleno aprueba una ley de igualdad que establecerá medidas en sanidad, educación, empleo y atención social del colectivo

Invitados al pleno de las Cortes Valencianas alzan una bandera LGTBI.
Invitados al pleno de las Cortes Valencianas alzan una bandera LGTBI. EFE

El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles la ley de igualdad de las personas LGTBI que prohíbe las terapias para corregir la orientación o identidad de género. La Comunidad Valenciana establecerá multas de 60.000 a 120.000 euros para estas infracciones y prestará asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria y medidas sociales a las víctimas de odio del colectivo LGTBI, cuyos derechos serán reconocidos en el estatuto de la víctima. La nueva ley incluye una cláusula general antidiscriminación que señala que las Administraciones podrán actuar de oficio, sin necesidad de denuncia o queja, contra estas terapias.

"A menudo, me llaman padres de chicos y chicas al enterarse de que sus hijos son gais o lesbianas, para ver si puedo cambiar su sexualidad. Hay mucho desconocimiento", critica el doctor Antonio Ortega López, psicólogo y terapeuta sexual. Ortega está especializado en psicología LGTBI, pero su labor es todo lo contrario de lo que algunos clientes demandan de sus servicios. Este doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid valora la medida tomada por las Cortes Valencianas: "Deberían perseguirse estas terapias que atentan contra la identidad humana, el respeto y la diversidad".

"Que nadie más tenga que vivir dentro del armario, que nadie por edad tenga que volver a entrar en él, por todas las personas que han vivido con miedo o no han podido soportar esa realidad tenemos la obligación de aprobar esta ley", ha declarado Rosa Mustafá, diputada del PSOE en las Cortes. El acalorado debate que ha tenido lugar en el pleno ha concluido con la aprobación de la ley con el respaldo de todos los grupos menos del PP, que se ha abstenido. La nueva ley contempla también la creación del Consejo valenciano LGTBI como órgano de participación ciudadana en derechos y libertades, y se garantiza un servicio de orientación y asesoramiento a estas personas y sus allegados. Asimismo, se habilitará el Espacio de la Memoria LGTBI para promover la investigación sobre la historia del colectivo.

En el ámbito de la salud, la norma dicta que se ofrecerá formación al personal sanitario para garantizar una atención respetuosa a todas las personas, servicios específicos para atender las necesidades particulares de las personas LGTBI o la garantía de acceso a las técnicas de reproducción asistida. En materia de educación, se apostará por un sistema "libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de orientación sexual" e incorporará el tratamiento de la diversidad en los planes de estudio a través de guías de educación sexual. La ley ahonda también en la garantía de que no exista discriminación hacia este colectivo en la valoración de idoneidad en los procesos de adopción.

El portavoz de Compromís Fran Ferri, antiguo representante de la Federación Estatal de LGTB, ha mostrado su satisfacción y ha indicado a este diario que "el presupuesto para la ley ya está incluido en las partidas previstas en los presupuestos de las diferentes consejerías". El diputado de Ciudadanos Emilio Argüeso ha celebrado la aprobación y ha recalcado la necesidad de "enterrar de una vez por todas cualquier forma de discriminación y de los tratamientos aberrantes", que ha calificado de "verdaderas torturas" a las personas LGTBI.

Desde el PP, su diputada en las Cortes Blanca Garrigues ha argumentado que se han abstenido porque aunque "no es la ley que habría hecho su partido, son más las cosas que les unen que las que les separan". Pero ha criticado que la ley "necesita recursos para ser aplicada". El PP planteaba en sus enmiendas en cuanto a la educación el tratamiento de la diversidad sexual especificando el "respeto a la libertad de cátedra, la autonomía pedagógica y el ideario propio del centro".

Diversas asociaciones han recibido la noticia de la aprobación de la ley valenciana con los brazos abiertos. "Estas terapias pueden causar un daño psicológico y físico irreparable en los sometidos", explica Iago Blando, coordinador del colectivo Arcópoli. Blando critica la "medicalización" de la homosexualidad en todas sus formas. Desde la asociación advierten de que en España existen clínicas que ofrecen servicios de "reversión" de la sexualidad que "cobran alrededor de 300 euros por sus servicios". "Se anuncian como cursos de sexualidad o como eventos de carácter religioso, pero en realidad son catalizadores de la destrucción psicológica de la persona", señala el coordinador.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales también ha mostrado su apoyo a la aprobación de la ley de igualdad y ha lamentado que "sigan existiendo este tipo de infracciones en el siglo XXI". Paula Iglesias, vocalista de políticas estratégicas de la federación, ha criticado la falta de legislación acerca de estos peligrosos tratamientos . "Estos terapeutas, si se les puede llamar así, se benefician del sufrimiento que pueden tener personas LGTBI que, por su ambiente o circunstancias, no pueden aceptar su identidad de género".

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