El Tribunal Superior de Navarra delibera sobre los recursos al caso de La Manada

Son cinco y no tres, como suele ser habitual, los magistrados de la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que este miércoles se reúnen para culminar el trabajo de estudio de los recursos a la sentencia de La Manada. La sala, con Joaquín Galve —presidente del TSJN— a la cabeza, tiene sobre la mesa un caso que excede, por sus circunstancias e impacto social, la trascendencia de uno de los recursos habituales que estudia esta instancia judicial.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra condenó la pasada primavera a un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento a los cinco acusados por lo ocurrido la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona. Todas las partes —Fiscalía, acusaciones y defensas— recurrieron el fallo, y los componentes de la sala del TSJN estudian desde julio los recursos y los centenares de folios de la sentencia y el voto particular emitido por el magistrado Ricardo González.

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En el acto de este miércoles, los cinco magistrados se han citado para alcanzar un veredicto. Será José Antonio Álvarez Caperochipi el encargado de redactar la sentencia, que se conocerá en un plazo aproximado de un mes. No ha citado ni a los condenados ni a los abogados de las partes, y la reunión se celebra a puerta cerrada en la sexta planta del palacio de Justicia.

Los cinco magistrados decidieron que no era necesaria una nueva vista oral para estudiar los recursos, y su deliberación se basará únicamente en los hechos probados recogidos en la sentencia firmada por dos de los tres componentes de la Sección Segunda de la Audiencia. Entre las posibles opciones está que los jueces consideren que lo que se produjo fue una agresión sexual, como pide la defensa de la víctima —tendrían que entender que en los hechos probados de la sentencia se observa intimidación o violencia verbal o física—; que se mantenga la misma condena por abuso sexual; agravarla, como reclama la acusación particular en caso de que se vuelva a estimar que no hay agresión sexual, o absolver a los cinco condenados por considerar que hubo consentimiento por parte de la chica.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra estableció que el robo del teléfono móvil de la víctima fue un hurto atribuible a Antonio Manuel Escudero, el guardia civil de La Mandada. El TSJN tendrá que decidir ahora si la sustracción fue intimidatoria, es decir, que buscaba que la chica no pudiera avisar a nadie para pedir auxilio, en cuyo caso sería atribuible a los cinco procesados.

Es prácticamente imposible que se modifiquen los hechos probados que ya dictó en abril pasado la Sección Segunda. No obstante, la descripción de lo sucedido, cuando los cinco miembros del grupo introdujeron a la chica en un pequeño almacén del portal, recoge que “la víctima fue rodeada por cinco varones en un lugar recóndito y angosto” y “cuando llegaron al cubículo empezó a sentir miedo por las actitudes de ellos y se creó una atmósfera coactiva”.

La fiscal Elena Sarasate y las acusaciones particular y popular, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, basaron en estas descripciones sus recursos para solicitar que lo sucedido se entienda como una agresión sexual. Los recursos de las defensas solicitan la libre absolución porque consideran que las relaciones fueron consentidas y no existió intimidación. Las defensas también inciden en las contradicciones que aprecian en el testimonio de la víctima en la vista oral y los informes periciales sobre las consecuencias psicológicas en la chica, que tenía 18 años cuando se produjeron los hechos. Dos abogados representan a los cinco condenados, ya que Alfonso Cabezuelo, que recientemente fue expulsado del Ejército, dejó al letrado que le defendió en la vista oral y se adhirió a la defensa que realiza Agustín Martínez Becerra para otros tres condenados.