Arcuri y la fiscalía piden a la Audiencia que confirme la prisión para Juana Rivas

A finales de julio, un juez de lo penal de Granada dictó sentencia condenando a Juana Rivas a cinco años de cárcel, seis de pérdida de la patria potestad y 30.000 euros de indemnización para su expareja, Francesco Arcuri. La consideraba culpable de dos delitos de sustracción de menores. Ahora es el momento de los recursos y toca a la Audiencia Provincial ratificar o no esa condena. Hace unos días fue el abogado defensor de Rivas quien presentó su escrito. En él solicitaba la libre absolución de su defendida o, en su defecto, que se estableciera un único delito de sustracción, lo que podría suponer dos años de cárcel y, en su caso, la posibilidad de no entrar en prisión. Este martes, tanto la defensa de Francesco Arcuri como la fiscalía han presentado sendos escritos insistiendo en que se mantenga la sentencia original.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, y la fiscalía coinciden en que a la condena impuesta por el juez Manuel Piñar en julio no cabe quitarle ni un día. Además, ambos insisten en que el recurso de Juana Rivas no se mantiene en ninguno de sus puntos. La fiscalía, no obstante, se muestra un poco más flexible en lo que respecta a la indemnización de 30.000 euros por dañar el honor de Francesco Arcuri y admite que “se podría moderar la cuantía inicialmente fijada”.

Juana Rivas vivía en Italia con su expareja desde 2013 hasta mayo de 2016, cuando volvió a España con sus hijos. Entonces presentó una denuncia por violencia de género contra Arcuri y durante un año y algunos meses mantuvo a sus hijos, de 4 y 11 años ahora, con ella en España. Su marido presentó una denuncia por sustracción. Los jueces ordenaron a Rivas que devolviera a los niños en varias ocasiones. En julio de 2017, ante un ultimátum judicial, Rivas desapareció durante un mes con los niños y, finalmente y por consejo de sus abogados, los entregó a finales de agosto a su padre. Desde entonces los niños viven con él en Carloforte, una pequeña isla al sur de Cerdeña, en Italia.

El abogado de Arcuri insiste en que en todo momento Juana Rivas conocía las consecuencias de llevarse a los niños con ella, entre otras cosas, porque así se lo había advertido el propio Arcuri y la abogada de oficio que la representaba en aquel momento. La fiscalía insiste en que “visto el despliegue de resoluciones judiciales claras, contundentes y debidamente notificadas" para que entregara a los niños, así como "el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento", cabe preguntarse "qué es exactamente lo que doña Juana no comprendía o qué labor profusa y compleja realizó su entorno asesor para desvirtuar esta realidad jurídica aplastante”. El abogado de Arcuri sostiene en su escrito que Rivas "ha sido dueña absoluta de su destino. Ella ha marcado en todo momento qué es lo que quería”.

En cinco o seis meses podría haber ya una resolución de la Audiencia Provincial, pero eso no agota el proceso: quedan instancias como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional antes de saber si, finalmente, Rivas entra en prisión.

La Universidad de Granada (UGR) ha celebrado este martes una jornada sobre el caso Juana Rivas, dirigida por Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena y profesora de la Facultad de Derecho de la UGR. En ella ha participado la vicerrectora de Responsabilidad Social de la institución así como diversos especialistas que han asesorado o ayudado en la defensa de Rivas como la propia Granados o el profesor Miguel Lorente. No lo ha hecho José Estanislao López, quien hasta hace una semana había llevado la defensa de Juana Rivas. A media mañana, Enrique Zambrano, abogado Arcuri, ha presentado una queja formal a la rectora de la universidad por este acto al considerar que mancilla su prestigio al permitir que varios participantes lo hagan como miembros de la comunidad docente de la misma para seguir denostando a la justicia, a su demandante y a sus hijos. Un portavoz de la universidad ha dicho que “no toman partido” y que se trataba de una actividad académica “de carácter técnico” que la institución se limitaba a acoger.