La libertad de expresión ampara a los bocazas

La libertad de expresión convive en colisión permanente con el humor, la sátira y la creación artística. Las sucesivas reformas del Código Penal, unidas a la ley mordaza,marcan las líneas rojas de chistes, tuits y canciones. Con la ley en la mano, los jueces han impuesto penas de cárcel y fuertes sanciones a actos que entrañan “descrédito, menosprecio o humillaciones” a víctimas del terrorismo o a sus familiares y han admitido querellas por supuestas injurias a santos y vírgenes.

Estos delitos han encontrado un filón en las redes sociales. Los jueces diseccionan minuciosamente los tuits, muchos de ellos publicados de forma irreflexiva e insensata. Durante la jornada organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) sobre los límites del humor, el magistrado Joaquim Bosch apuntó que es el debate público el que deja en su lugar “las faltas de respeto y las barbaridades; el que refuerza las ideas buenas”. Porque a fin de cuentas, el precio de la libertad de expresión es “tener que soportar un montón de basura”. No todo cabe en el derecho a la libertad de expresión pero, como observa el abogado Carlos Sánchez Almeida, “ampara también a los bocazas”.

Con la justicia acaba de topar el dramaturgo Carlos Santiago. Un juzgado ha admitido a trámite una querella por supuestas injurias al apóstol en el pregón que pronunció el pasado febrero en el carnaval de la capital gallega, en el que aludió a “los huevos” del santo y vertió “calificativos eróticos y soeces” hacia la Virgen, según los denunciantes, la Asociación Española de Abogados Cristianos, la misma que actuó contra Willy Toledo. El actor fue procesado por un delito contra los sentimientos religiosos por difundir en Facebook este mensaje: “Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea”.

El caso de Toledo recuerda al rocambolesco juicio que en 2012 sentó en el banquillo al cantautor Javier Krahe, acusado de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por un corto emitido en Canal + en el que se cocinaba un Cristo crucificado. El juez consideró que la creación artística tiene en ocasiones una dosis de provocación. “La sátira y el recurso a lo irreverente han sido en no pocas ocasiones un recurso artístico para hacer crítica social, mostrando la oposición del creador a determinados modelos”, exponía. Y añadía que el corto de marras contenía “un inequívoco sentido satírico, provocador y crítico, pero no el de ofender”, como pretendían los denunciantes.

Sánchez Almeida, que forma parte de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, sostiene que el Gobierno debería revisar los delitos de opinión en el Código Penal porque se alejan de los estándares internacionales: “La reforma de 2015 ha exagerado las penas en materia de delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo y sería bueno que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo echaran el freno. Hay un exacerbamiento”.

Una creación artística, la del rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtònyc, ha sido examinada detalladamente por los jueces. Valtònyc huyó a Bélgica para eludir los tres años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional por considerar que las letras de sus canciones contenían amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. Sin entrar en el fondo del asunto, los jueces de Gante denegaron la extradición porque los hechos que se le imputan no están tipificados como delito en Bélgica.

 Distintas varas de medir

 La libertad de expresión no tiene una vara de medir única en la UE. El profesor de Derecho Público de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno, distingue entre la situación, en términos legales y jurisprudenciales, de la libertad de expresión en España y las actuaciones de los tribunales de países de la UE en casos como el de Valtònyc. “Empezando por este último, el papel de dichos tribunales no es enjuiciar el fondo de los asuntos resueltos, con mayor o menor acierto, en otro país de la Unión. Si se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión tendrá, en su caso, que decidirlo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, explica.

Sánchez Almeida incide en que la creación artística tiene más margen a la hora de expresar opiniones críticas, pero aún así una amenaza —como la lanzada por Valtònyc— no deja de ser una amenaza, aunque sea cantada. Sin embargo, no basta con un “exceso verbal” porque la amenaza tiene que ser “creíble”, advierte. Es en estos casos en los que procedería que la víctima reclamara una indemnización.

El estado de la libertad de expresión en España, según Presno, presenta tres síntomas preocupantes: “La extensión del delito de odio a conductas para las que no está previsto (el TEDH ha reiterado que no debe aplicarse cuando los destinatarios no son personas o grupos vulnerables y aquí se ha empleado incluso para proteger al Rey), el efecto desaliento que pueden causar las sanciones administrativas, en ocasiones más cuantiosas que las penales, y el análisis descontextualizado que llevan a cabo algunos tribunales cuando juzgan expresiones vertidas en las redes sociales”.

La presidenta de CAA, Emelina Fernández, pone el acento en el salto cualitativo que supone el hecho de que sea en el Código Penal donde se diriman los límites de un chiste. “No sé si vamos por buen camino cuando la libertad creativa y el sentido del humor se cercenan desde el ámbito penal”.