Esperando el bus escolar para ir a cobrar la pensión

Unos 10.000 niños de aldeas de 200 municipios de Galicia, en su mayoría de las provincias de Ourense y Lugo, comparten un año más el transporte escolar con los vecinos, fudamentalmente pensionistas, que necesitan trasladarse a hacer sus gestiones (médicas, judiciales, bancarias...) a las cabeceras de comarca. Forzada por un plantón de las concesionarias de las líneas generales que cubrían 1.372 rutas y que en 2017 renunciaron a operar en casi 600 de ellas apelando a su escasa rentabilidad, la Xunta puso en marcha en tiempo récord el pasado curso un modelo de bus compartido, el escolar, que no convence a nadie.

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Frente al sentimiento generalizado de que la medida evidenciaba la muerte anunciada del campo gallego, el Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo defendió entonces, como ahora, su viabilidad precisando que es el “primer paso” de un proyecto que “favorecerá mucho” la movilidad en el medio rural. Una apreciación que discuten los afectados: los vecinos, limitados a los horarios escolares para hacer sus gestiones; los padres de alumnos, que ven mermados los derechos de estos; y los alcaldes, que denuncian el aislamiento en el que quedan los habitantes de las aldeas.

“Para ir al médico o a cobrar la pensión tenemos que coger el autocar escolar que sale a primera hora de la mañana y quedar esperando hasta las seis de la tarde, sin nada que hacer, a que salgan los estudiantes para poder regresar a casa. Antes volvíamos a las 12.30 para comer. ¿A usted qué le parece?”, devuelve la pregunta sobre las ventajas o inconvenientes del recién estrenado modelo de transporte compartido Manuel, 78 años y vecino de una aldea de la comarca de O Ribeiro.

El más de medio millar de líneas de autocar que durante casi cuatro décadas ha conectado a los vecinos de las poblaciones más pequeñas de las zonas rurales con las cabeceras de comarca se esfumó de golpe en 2017 y la Xunta apostó por unificar la mayor parte de estos viajes en las líneas escolares para salvar la situación. Frente a las protestas con que los grupos de oposición, los alcaldes de municipios afectados y buena parte de los usuarios recibieron la noticia de esta fusión de líneas, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, calificó el autobús compartido como algo “completamente lógico”.

Rodríguez se apoyó en el dato de que el uso del transporte escolar en Galicia estaba muy extendido, alcanzando hasta el “40% de los alumnos de Primaria frente a la media estatal del 8%”, para destacar que lo razonable era buscarle “mayor rentabilidad social” a esta red mediante su uso por el resto de vecinos de estos pequeños núcleos. No obstante, la envejecida población de las dispersas aldeas gallegas siente que ha quedado a merced del calendario académico: atrapada en sus horarios, en sus rutas y también en sus festivos (si no hay colegio, no hay autocar). Y esto en el mejor de los casos, porque hay poblaciones a las que ni siquiera llega el transporte compartido, sencillamente porque no hay niños.

Ocurre en algunas aldeas del municipio ourensano de Carballeda de Avia (cerca de 1.400 habitantes) en donde, denuncia el regidor, el socialista Luis Milia, el modelo de bus compartido ha dejado ya el curso pasado “aislada” a la mitad de la población. Noemi, trabajadora social en ese Ayuntamiento, narra la situación “bochornosa” que vivió el año pasado. Una de las usuarias de su servicio municipal, “una mujer de edad con diabetes y en riesgo de exclusión social que cobra una pensión que no llega a los 400 euros” acudió a la cita en el Ayuntamiento en taxi porque su aldea es de las quedan al margen de la ruta escolar. “Se me cayó el alma a los pies” al verla llegar”, reconoce la trabajadora que puntualiza que la institución local se hizo cargo de la situación.

Pero si para los vecinos el nuevo proyecto de transporte genera serios problemas, para los alumnos tampoco ofrece grandes ventajas. La Confederación Galega de Anpas de Centros Públicos (Confapa) mantiene la misma preocupación que cuando se estrenó la línea compartida. Entiende que los menores dejan de ser los únicos sujetos de derecho del servicio público escolar, “con el riesgo que eso supone de merma en posibles reclamaciones de cambio de horario” ante la Administración.“Creemos que la Xunta ha hecho lo que ha podido en una situación compleja”, sostiene el presidente de la Confapa, Rogelio Carballo, para explicar que las Anpas a las que representa no ven otra alternativa posible frente al inopinado plantón de las concesionarias.

Carballo reconoce, no obstante, que los vecinos tampoco quedan muy bien parados. Así, señala que las rutas y líneas se adaptan a las demandas escolares “de forma que cuando no coincidan con las necesidades de la población, esta se queda sin servicio”.“No es lo mismo tener una residencia de ancianos que tener una residencia y utilizar algunas plantas para dedicarlas a ancianos”, explican en la Confapa. En cualquier caso, el portavoz de los padres matiza que no pueden rechazar este nuevo modelo “porque no hay alternativas”.

Carballo reconoce que en el primer curso de bus compartido la Xunta tuvo que improvisar soluciones a problemas puntuales como ofrecer plazas en comedores escolares a alumnos de bachiller que, obligados a compartir el bus escolar de los de primaria, no podían ajustar su horario académico.El Gobierno gallego insiste en que las prioridades y objetivos marcados con esta medida se centran en que los niños “lleguen y regresen a sus casas en el horario previsto, en las mismas paradas de siempre y recorriendo el itinerario fijado en el servicio de transporte escolar”.