A por el Sintrom en el bus del cole

Galicia es la tierra de las 1.372 rutas de autobús, una maraña de itinerarios que pretende dar servicio a una población dispersa como ninguna. Casi 600 líneas de autocar, que conectan desde hace décadas las poblaciones más rurales y envejecidas, dejarán de funcionar de golpe este mes de agosto porque las concesionarias han renunciado al contrato alegando que el servicio no es rentable. Ante este plante, la Xunta ha diseñado contra reloj un nuevo mapa de trayectos, paradas y condiciones empresariales en 200 ayuntamientos que pretende seducir a las compañías y que permitirá, a partir del próximo curso, que adultos viajen en los buses escolares junto a los menores que van y vienen del cole. El rechazo de buena parte de las empresas, trabajadores y padres ha desembocado en la convocatoria de una huelga que ha paralizado este martes y miércoles el transporte de viajeros en la comunidad.

En las 500 rutas escolares en las que niños y mayores compartirán viaje, la mayoría en las provincias de Lugo y Ourense, las empresas deberán contratar a un monitor que vigile a los pequeños, pero no se establecerán barreras físicas entre unos y otros. Las asociaciones de padres de alumnos advierten de que la integración de ambos servicios permitirá a las empresas trasladar viajeros adultos en autocares más antiguos porque la flota para transporte escolar debe renovarse con menos frecuencia, mientras se limita la capacidad de los colegios para introducir modificaciones en horarios e itinerarios.

“La Xunta las plantea como rutas de viajeros nuevas en las que se reservan plazas para escolares y pone a los dos colectivos en igualdad de condiciones, ¿cómo va el colegio luego a plantear un cambio de horario escolar?”, se pregunta el presidente de la Confederación Galega de Anpas de Centros Públicos (Confapa), Rogelio Carballo, quien alberga también dudas sobre cómo se resolverán los posibles conflictos de convivencia que surjan en los coches de línea. Desde la Federación Galega de Servizos de Transporte en Autobús (Fegabús) coinciden con las críticas de los padres y se preguntan qué ocurrirá cuando el progenitor de un niño no esté en la parada para recogerlo, ya que el autocar deberá continuar su camino para cumplir los horarios de los adultos que han pagado su billete.

La Xunta, que dice haber tenido en cuenta en el diseño del nuevo mapa “factores tan dispares como el día de feria o de suministro del Sintrom en el centro de salud”, está convencida de que esta “integración intergeneracional” garantizará la rentabilidad de las concesiones, porque en Galicia las arcas autonómicas financian al 100% el transporte de los escolares. Las concesionarias, que serán elegidas por la Consellería de Infraestruturas sin concurso público a través de una adjudicación directa, dispondrán así de unos ingresos fijos a los que sumarán los billetes del resto de usuarios que se suban al autocar. El Gobierno gallego defiende que el modelo también beneficia a los vecinos, porque se duplicarán las paradas y “1,7 millones de personas tendrán una a menos de 500 metros de su casa”.

Frente a la opinión de otras asociaciones empresariales, la Federación Galega de Transporte de Viaxeiros (Fegatravi) considera “infundados” los temores de las asociaciones de padres. Su presidente, Javier de Bidegain, sostiene que “el eje del servicio” siempre será el traslado de los escolares y que si el colegio cambia el horario o la ruta “serán los adultos los que tengan que adaptarse”. “No tiene por qué haber problemas de convivencia. En las zonas rurales probablemente los niños y los mayores que viajen en el bus se conocerán”, añade.

UGT, CC OO y CIG consideran que los cambios en el sector, que en Galicia emplea a 5.000 trabajadores, son un “ERE encubierto” que “empeorará y encarecerá el servicio” y que no ha tenido en cuenta la “seguridad” de los niños. Las tres centrales han convocado una huelga indefinida todos los martes y miércoles para intentar parar el plan. La protesta, según fuentes sindicales y de la patronal, ha arrancado esta semana con un seguimiento superior al 90%.

Los empresarios esgrimen que hacer rentable el transporte de viajeros en Galicia es complicado por la “brutal dispersión poblacional”. La media de usuarios por autobús y kilómetro en esta comunidad es de 10 personas, una cuarta parte de la que tienen los servicios que atienden los pueblos de Madrid. “El coste del bus y del conductor es el mismo, así que prestar el servicio en Galicia es cuatro veces más caro”, subraya Bidegain.

Pocas frecuencias, pocos usuarios

Covas es un núcleo del Ayuntamiento de Ferrol, la ciudad gallega con el territorio rural más extenso, y su servicio de autobús es uno de los rechazados por las concesionarias por falta de rentabilidad. “El transporte público no es rentable en ningún sitio, ni en el casco urbano. Es un servicio esencial al que no se puede aplicar esa lógica, para eso está la Administración”, señala Manuel Sendón, de la asociación de vecinos.

Los habitantes de este paraje ubicado a unos diez kilómetros del centro urbano de Ferrol tienen solo tres servicios de autocar al día, el primero un poco antes de las diez de la mañana y el último pasadas las siete de la tarde. Ni los alumnos de Bachillerato ni los pacientes que tienen cita temprano en el centro de salud pueden usarlo. “Con esas frecuencias la gente soluciona su problema al margen del transporte público, usando su coche, pidiendo un favor a un vecino o cogiendo un taxi”, explica Sendón, quien apoya que se aprovechen las rutas escolares para trasladar viajeros adultos.

Con todo, del deficitario negocio gallego de los coches de línea ha emergido uno de los principales empresarios del sector en España, Raúl López, un influyente magnate que controla a través del grupo Monbus las líneas más importantes. Él fue precisamente quien protagonizó el anterior sobresalto del sector en 2015, cuando fue detenido dentro de la Operación Cóndor acusado de levantar su imperio con sobornos a políticos y funcionarios y fraude fiscal.

La patronal aspiraba a que el nuevo sistema abriese el reparto de las líneas a más pequeñas y medianas empresas, a las que ahora la Xunta permite aliarse en uniones temporales para optar a las concesiones. Sin embargo, tres federaciones de transporte (Anetra, Fegabús y Transgacar) ya han tildado el plan del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de "catastrófico" para concesionarias y usuarios. Aseguran que condena al cierre a las compañías de menor tamaño y sospechan que el "objetivo" de la Xunta es que "una multinacional se haga cargo de todo".