El mapa de concesiones del transporte público se mantiene desde hace 30 años

El número de viajeros en autobús y tren no cesa de caer, año tras año, en Galicia. Eran 28 millones en 2006, un 30% menos que los 40 millones registrados en 1990. Un descenso en paralelo al de la oferta de transporte público: tampoco deja de menguar. Se reducen continuamente servicios de buses y se suprimen paradas de trenes. Y todos los indicadores, proyectos en marcha y decisiones apuntan a más destrucción de servicios públicos de transporte. La tan cacareada movilidad es una utopía en una comunidad autónoma donde la apuesta por el asfalto y el coche es aún mayor que en el resto de España, el país a la cabeza de Europa en autopistas y autovías: Galicia cuenta con 34,7 kilómetros de este tipo de vías -sin contar los nuevos proyectos- por cada 100.000 habitantes. La media nacional está en 22,9, y la europea en 13,6, según un informe del Ministerio de Fomento.

La vía del tranvía Vigo-Gondomar-Baiona que conectó durante buena parte del siglo pasado el Val Miñor con la capital del sur desapareció al decidir la Xunta construir sobre su trazado una carretera, inaugurada en 1989. Esa reconversión en asfalto de un servicio público de transporte en el entorno de una ciudad hoy tan necesitada de él ilustra una tendencia que va en aumento. Los presupuestos para 2010 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras vuelven a primar la construcción y la conservación de carreteras (419 millones) frente a la "ordenación e inspección de transporte". Son 189 millones bajo este epígrafe, aunque el grueso del dinero (162 millones) es en realidad destinado a construir "aparcamientos para autobuses".

Todas las administraciones fracasaron en las casi tres décadas de autonomía en cambiar el mapa de rutas del transporte en autobús, configurado por 143 concesiones en régimen de monopolio que en muchos casos se perpetúan desde mediados de los años 50. Una herencia de la dictadura que ningún Gobierno autonómico logró transformar, pese a intentarlo, para adaptar a la población actual y sus necesidades los servicios públicos de transporte interurbano. El mapa de las rutas sigue como hace 30 años, a excepción de alianzas y segregaciones de las empresas del sector que enmarañan aún más el ya complicado reparto del transporte interurbano.

Hubo intentos de transformarlo a mediados de los 90, bajo la presidencia de Fraga, y también durante el bipartito de Emilio Pérez Touriño. Pero se quedó en nada. Al final siempre se optó por prorrogar las concesiones, como acaba de hacer también la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Hasta 2020, o incluso en algunos casos hasta 2028, seguirán teniendo el monopolio las mismas empresas cuyo interés no está en mejorar sus rutas y líneas regulares, la mayoría deficitarias, alegan, sino en no perder su plaza en el reparto de la jugosa tarta del transporte escolar.

Ese es el negocio para el sector y su compensación por las pérdidas de las líneas regulares. Galicia dedica 120 millones de euros a ese servicio, el 20% de lo que se gasta en todo el Estado. Una cláusula de la normativa bloquea la creación de un auténtico servicio de transporte público interurbano de calidad: las empresas con una concesión de transporte tienen preferencia para prestar el servicio de recogida y traslado en bus a los colegios.

La línea regular que unía Noia y Boiro (17 kilómetros) con varios servicios diarios se fue reduciendo en la última década hasta quedar hoy en un único de ida y vuelta por la mañana, y sólo los días de colegio. Es un ejemplo de lo que ocurre con muchas rutas con escasos viajeros por falta de utilidad. En otras ocasiones se alarga el tiempo de viaje, precisamente por la rentabilidad de la línea. En bus, el viaje entre Vigo y Santiago lleva hora y media en determinados horarios. Las concesionarias, en sus líneas más apetecibles, incluyen paradas para aumentar sus ingresos a costa de la calidad y rapidez del servicio.

En las ciudades y sus áreas metropolitanas, donde se concentran dos tercios de la población gallega, 44 concesiones también se han prorrogado hasta 2023. Difícil pues resolver la ausencia de medios públicos para desplazarse en ciudades que en un pasado no muy lejano tenían buena conexión con tranvías o trolebuses, como los que funcionaron entre Vigo y Pontevedra o los de A Coruña-Sada-Carballo, hasta 1979. Los planes metropolitanos de transporte de bus en las áreas urbanas avanzan muy lentamente. Están firmando los convenios con los ayuntamientos pero en una gran mayoría de casos, al mantenerse las concesiones y rutas, seguirán conectando las comarcas sólo con las estaciones de buses de las ciudades.