La Xunta amplió las concesiones del transporte saltándose el veto europeo

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) cree que Galicia, junto a otras 12 comunidades, vulneró la normativa europea aplicando prórrogas a las concesiones de transporte por carretera. La Xunta lo hizo en dos ocasiones. La primera en 2008, con el Gobierno del bipartito, cuando alargó un año las autorizaciones de servicios públicos de transporte interurbano a la espera de aprobar un nuevo marco legal que, con Emilio Pérez Touriño en el poder, nunca se llegó a concretar. Después de las elecciones, con el PP en la Xunta y Agustín Hernández al frente de la Consellería de Territorio, el Parlamento aprobó una ley con carácter de urgencia para prorrogar las actuales 143 autorizaciones en vigor. En la mayoría de los casos, la misma empresa continuará prestando el servicio más allá del año 2020 y muchas rozan el 2030. Las últimas que caducarán corresponden a Autos Queijeiro, que explota la línea Cerceda-Carballo y que continuará haciéndolo hasta el 2029 y Autos Fernández Belmonte, en el trayecto Busto-Carballo, hasta el 2028.

44 concesiones se han prorrogado más allá del año 2023

El PP promovió a toda prisa un cambio legislativo para eludir la norma

Un total de 44 concesiones se han prorrogado más allá del 2023, entre ellas las que unen las principales ciudades gallegas con sus áreas metropolitanas. Además de un buen número de pymes, grandes grupos como Monbus (que opera con Castromil, Alsina, Autobuses urbanos de Lugo, Rías Altas y Monforte SA, entre otras) y Arriva Noroeste se han visto beneficiadas por la renovación automática de sus líneas de transporte.

Para la CNC, que la semana pasada hizo público un duro informe sobre el transporte, lo que ha hecho la Xunta equivale a "restringir la competencia, porque implica el cierre absoluto del mercado". Las prorrogas que han establecido las autonomías están usando plazos "absolutamente desproporcionados, que superan los 10 años", según el documento. La reprimenda de la CNC se apoya en que las concesiones crean de facto oligopolios que están cerrando a otros operadores la puerta de entrada al mercado gallego y contravienen el reglamento comunitario del 2007 que entró en vigor el pasado 3 de diciembre. Ese reglamento establece que sólo se pueden autorizar prórrogas en casos muy concretos y con un límite máximo de cinco años. Para eludirlo, el PP promovió a toda prisa un cambio legislativo. Tres días antes de que la norma europea entrase en vigor en España, el Diario Oficial de Galicia publicaba una ley con carácter de urgencia que automáticamente amplió la vigencia de las concesiones en 10 años contados desde la fecha del vencimiento. El PSdeG y el BNG votaron en contra. Fue una norma que se presentó como "garante de la calidad del sistema", y como un instrumento para que el sector se adaptase a las "novedades" que se presentarían a corto plazo en el ámbito comunitario. "Todo lo contrario", responden desde la Comisión Nacional. "La ley vulnera lo dispuesto en el reglamento comunitario", recuerdan desde el organismo. Y advierten que el caso gallego se está estudiando con lupa para ponerlo en conocimiento de Bruselas.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que regula el transporte, tiene en su poder el informe de la CNC pero guarda silencio hasta que sus servicios jurídicos lo estudien. Los empresarios del sector están tranquilos porque se ven "completamente amparados por la ley". Lo dice el secretario de la Federación Gallega de Servicios de Transporte en Autobús (Fegabus), Eugenio Jeijo, que quita importancia al posible interés de otras compañías porque la dispersión poblacional de Galicia "hace muy difícil rentabilizar las líneas regulares".

Otra cosa es el transporte escolar, en el que Galicia se gasta 120 millones de euros cada año y que compensa en parte la existencia de líneas regulares deficitarias. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció la semana pasada que también se darán prórrogas a las empresas que lo explotan amparándose en la misma normativa que critica la CNC en su informe.

"Es una suerte de fraude de ley mediante el que se establece una vía de escape al procedimiento de licitación competitivo", continúa el organismo público. Su servicio jurídico también tantea la posibilidad de impugnar las autorizaciones en los juzgados.

El presidente de la Xunta, sin embargo, presentó las prórrogas como una medida de austeridad. En plena Semana Santa, el Consello de la Xunta aprobó ampliaciones para las líneas escolares. A cambio, dijo, las compañías se han comprometido a rebajar un 7% la factura de este año. Galicia paga el 22% de lo que cuesta el transporte escolar en España por la dispersión poblacional. "Las empresas asumieron como contrapartida la tarea de mejorar, racionalizar y optimizar el transporte escolar", recuerda la Xunta. Para la CNC, sin embargo, las ampliaciones que se justifican así "se conceden sujetas a la presentación de un plan de modernización de la concesión cuyos elementos son generalmente de fácil cumplimiento, lo que permite conseguir el verdadero fin: ampliar la concesión de manera automática". Estas mejoras que invoca la Xunta "se podrían conseguir por otros medios que causen un menor impacto en la competencia". Lo mismo piensa Xesús María Pastoriza, secretario federal de CIG-Transporte: "El plan de modernización es una declaración de intenciones, no establece nada concreto. El primer borrador sí mejoraba el control sobre las concesiones, pero la patronal presionó y quedó en nada".