“No hay una doble lectura en las sanciones a Grupo México”
El procurador dice que el Gobierno mexicano castigó a la empresa responsable de su peor desastre ambiental en el sector de minería en tiempo récord
Las autoridades mexicanas han calificado el derrame tóxico de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, iniciado el 6 de agosto pasado, como “uno de los mayores desastres en materia minera en la historia del país”. Ocurrió en el estado fronterizo de Sonora (noroeste de México) y contaminó el río que lleva su nombre. “Sí, uno de los peores en la historia del país”, coincide Guillermo Haro (Ciudad de México, 1959), titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa). En su oficina, hace un recuento de lo ocurrido estas semanas. Es un hombre alto, rubio y erguido. Se pone de pie para señalar, frente a un mapa que está recargado en uno de los muros de su oficina, las siete comunidades más afectadas: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácori y Urés. Una triste línea azul marca la región cuya economía, de por sí frágil, ha quedado devastada y donde subsisten 23.000 personas, cuya vida giraba en torno al campo y el río, y que con el desastre causado por la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, han visto arruinado por tiempo indefinido su modo de vida.
Grupo México intentó en un inicio explicar que el desastre se debía a unas “lluvias inusuales”. Las investigaciones indicaron que no existían tales lluvias inusuales y que el fallo se debía a un problema técnico en una de las obras de expansión de la mina. La mina Buenavista del Cobre es de las más grandes del mundo y el dueño de Grupo México, Germán Larrea, es el segundo hombre más rico del país con un patrimonio de 14.700 millones de dólares y ocupa el sitio 67 del listado de multimillonarios de la revista Forbes.
El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), Juan José Guerra Abud, anunció el 11 de septiembre que se crearía un fideicomiso de 150 millones de dólares, pagado por Grupo México y gestionado por un comité al que Haro pertenece junto con otras autoridades federales, representantes de la empresa e investigadores independientes.
Pregunta. ¿Tienen alguna previsión sobre cuándo se levantará la emergencia ambiental?
Respuesta. Lo que tenemos ahora son 300 pozos en veda, que son los que están a 500 metros tanto del río Bacanuchi como del río Sonora. […] Se han dispuesto medidas de plantas de tratamiento portátiles para atenuar la contingencia y pipas de agua para el suministro de todos los afectados. Es probable que la próxima semana se vaya levantando gradualmente.
Tenemos 300 pozos en veda, que están a 500 metros tanto del río Bacanuchi como del río Sonora
P. ¿De qué plazo estaríamos hablando para una reparación final? ¿Seis meses, un año…?
R. El daño causado a los mantos acuíferos y al cauce del río tendrá que determinarse a corto y mediano plazo. […] También [la empresa] deberá aplicar plazos de monitoreo de cinco, diez, quince años para medir la calidad del agua. Una parte importante del uso del fideicomiso es la construcción pozos de ósmosis inversa, que deben asegurar que el agua esté libre de metales pesados.
P. ¿El apoyo a las comunidades se entregará también de manera gradual?
R. Sí, estamos hablando de cuestiones fundamentales. La Profepa ha estado desplegando su actividad, que dictó medidas, que obligó a la empresa a la reparación del daño sin juicio de por medio en un tiempo récord. […] Obligamos a la empresa, sin juicio de por medio, a la reparación del daño, a la inspección de todas las instalaciones de la mina, una que tiene ocho concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía, que tiene más de 3.600 hectáreas de dimensión. Actualmente tenemos clausuradas 800.
R. Sin duda alguna, en los dos que detectamos, uno en [las represas] Tinajas 1 y otro en Tinajas 2, ahora sí se debieron a lluvias que habían caído en Sonora en los últimos 50 años, por el paso de este fenómeno. Pero fundamentalmente, lo que llegó a Bacanuchi y al río Sonora es básicamente agua, con muy pocos metales pesados. El color poco usual del agua obedece, seguramente, a sedimentos y material ferroso que históricamente ha estado en la zona.
P. Hay denuncias de las actividades irregulares de la mina, anteriores a la administración del presidente Peña Nieto…
R. En el caso de Buenavista del Cobre se recibieron nueve denuncias desde 2008. Todas fueron atendidas. A la que se hizo referencia, principalmente, es una queja que presentó en octubre de 2013 el alcalde de Arizpe. Dijo que no la habíamos atendido y que eso había producido el derrame. Lo cierto es que la queja, que atendimos entonces, no tenía nada que ver con el problema técnico que se presentó el 6 de agosto. Se refería al de Cananea, que está arriba de la mina, y fundamentalmente a olores fétidos y a una probable contaminación atmosférica. Quedó acreditado después que, en este caso, se derramó sulfato de cobre. Ni olores ni abonos.
Como lo ha dicho el propio presidente, no hay empresa más poderosa que esté por encima de la ley"
P. El Congreso está revisando la opción de ampliar el fideicomiso [que paga Grupo México para reparar los daños].
R. El Congreso está pidiendo a Grupo México un fondo de 5.000 millones de pesos [370 millones de dólares] para reactivar la economía de la zona. Lo que logró el Gobierno federal es el fideicomiso de 2.000 [cerca de 150]. Esto no terminará hasta que se resuelva la última petición.
P. Para las 23.000 personas que han sido afectadas por este daño…
R. Hemos ejercido 500 millones de pesos [37 millones de dólares] de los 2.000 [150] del fideicomiso. Se han utilizado para reparar la productividad de las personas que sufrieron daños a su salud, en concreto 22 casos y a los ganaderos y agricultores que sufrieron un daño a sus tierras. Se están construyendo plantas de tratamiento en cada municipio para tener la seguridad de que el agua que beben, y que utilizan para la actividad ganadera esté libre de metales pesados. En esto, precisamente, se invertirán 350 millones de pesos [26 millones de dólares].
P. ¿Cómo mantener el balance en el caso de las concesiones y clausuras? ¿Cómo recuperar esas fuentes de trabajo?
R. Dos fórmulas: crecimiento sostenible, esto es mantener la fuente de empleo pero con cumplimiento a la ley ambiental. El Gobierno quiere generar empleos, extraer nuestra riqueza que sean para nuestro beneficio y que las condiciones de seguridad sean las máximas.
P. Como usted sabe, en México hay una “conspiracionitis”, o por decirlo de otra manera, una desconfianza hacia estas acciones, que algunos pueden interpretar como un juego político. En concreto, en la acción tan rápida y enérgica que ha tomado este Ejecutivo, ¿no hay una doble lectura?
R. No la hay. Las autoridades ambientales estamos volcadas en reparar el daño ambiental y a las personas. Y se acabó.
P. Grupo México fue responsable de una de los mayores tragedias en la minería mexicana en los últimos años: el desastre en Pasta de Conchos en 2005 [donde murieron sepultados 65 mineros y se detectaron muy malas condiciones en sus instalaciones] y no hubo mayor sanción. Por eso sorprende esta acción, tan firme.
R. Como lo ha dicho el propio presidente, no hay empresa más poderosa que esté por encima de la ley.
La presa del gobernador en medio del desierto
En medio del desastre ambiental, se descubrió que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés (del conservador Partido Acción Nacional), mantenía una presa a cinco kilómetros de la zona afectada, en una región desértica que llega a a rozar los 50 grados centígrados en el verano, y que además operaba sin ningún tipo de permiso. Los habitantes la llamaban ‘El Titanic’. Padrés asegura que la propiedad, familiar, tiene 60 años, pero habitantes han contradicho esa versión y señalan que hubo obras en 2011 y 2012 que incluso causaron la muerte de un trabajador.
El ocho de septiembre, en una entrevista radiofónica, y en medio de las acusaciones por su recién descubierta presa, Padrés dijo que los delegados federales en su zona habían sido “irresponsables y faltos de ética”. Exigió, además, la dimisión de Haro “por su irresponsabilidad e incapacidad para prevenir el desastre”, según un comunicado de su Gobierno.
Pregunta. Padrés exigió su dimisión hace unos días por su supuesta incapacidad para prevenir el asunto.
Respuesta. Creo que no ha habido la suficiente información de parte del Gobierno del estado [de Sonora] en este asunto. Profepa actuó conforme a los protocolos: se cuidó la salud de las personas, tomamos las medidas de seguridad que comentaba y obligamos a la empresa a la reparación del daño.
P. ¿Ha habido un cambio de actitud en el Gobierno de Sonora después de las acusaciones de la semana pasada? Preocupa que no exista una coordinación entre las instituciones federales y las locales.
R. Nosotros siempre hemos apostado por la coordinación de esfuerzos. Nuestra actividad se ha basado en el trabajo científico de nuestros inspectores, con pruebas y muestreos que demuestran que hemos asistido a todas las denuncias que el Gobierno estatal ha planteado. Nosotros celebramos que el presidente [Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, PRI] haya creado una comisión para que los recursos bajen rápidamente. El Gobierno de Sonora se ha sumado a esta coordinación, para reparar ese daño.
P. ¿Qué papel tiene Profepa en cuanto al descubrimiento de la presa del gobernador Padrés?
R. Nosotros recibimos una queja, que compartimos con Conagua, que es a quien le corresponde juzgar la legalidad de esa presa. A nosotros lo que nos corresponde su impacto ambiental. Estamos llevando a cabo esa inspección. En los plazos legales informaremos de los diagnósticos.
La presa que era propiedad familiar del gobernador de Sonora desapareció repentinamente el 23 de septiembre. La versión de Padrés es que el paso del huracán Odile provocó el daño; los diputados locales del PRI (que son oposición en Sonora, que es gobernador por el PAN, al que pertenece Padrés) aseguran que fue dinamitada para evitar mayores avances en la investigación federal sobre su construcción.
