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El Gobierno indemniza con 1.350 millones a ACS por el almacén Castor

La instalación de gas permanece cerrada desde septiembre pasado, cuando provocó 500 seísmos frente a las costas de Castellón

Operarios trabajando en la plataforma de pozos del depósito submarino de gas del Proyecto Castor a 21 kilómetros de la playa de Vinaròs. Ampliar foto
Operarios trabajando en la plataforma de pozos del depósito submarino de gas del Proyecto Castor a 21 kilómetros de la playa de Vinaròs.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy indemnizar con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 seísmos. La compañía Escal UGS, controlada por ACS en un 66,7%, renunció en julio pasado a la concesión de explotación del almacén y reclamó los 1.600 millones de euros (1.400 de la inversión más gastos operativos) que costó.

La instalación permanecerá "en hibernación", según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Se ha prohibido "cualquier extracción" del gas que ya contenía el depósito. "Se extingue la concesión de Escal UGS", ha añadido la vicepresidenta. A la empresa se le reconocen los 1.350 millones de euros que se le abonarán a través de Enagás Transporte. El sistema gasista, a su vez, resarcirá a esta compañía a lo largo de 30 años.

La infraestructura permanece cerrada desde que en septiembre pasado el Gobierno decidiera paralizar la inyección de gas al registrarse terremotos de más de cuatro grados de magnitud.

Escal tenía derecho a devolver la concesión, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable. El Gobierno intentó librarse de esa obligación, pero el Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado su petición de anular la indemnización. El Estado ha tenido que aceptar la renuncia de la empresa y compensarla. Según cálculos del Ministerio de Industria, el proyecto Castor ha costado 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones corresponden a la infraestructura, 186 millones son del gas colchón, cantidad mínima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones, a costes financieros.

Depósito estratégico

El almacén Castor es un depósito estratégico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días. Se diseñó para poder cubrir puntas de consumo o interrupciones en el suministro. El proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones que además fue respaldada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores.

La concesionaria, por tanto, tendrá que devolver la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto “el valor de la inversión es totalmente recuperable”.

Estudios sísmicos

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa interesada en construir el proyecto Castor, el mayor almacén subterráneo de gas natural de España, en un informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El texto no mencionaba específicamente la sísmica inducida, es decir, la posibilidad de que la actividad de inyección de gas pudiera desencadenar actividad sísmica. Quien sí había alertado dos años antes de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor fue el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación en el que participan, entre otros, el CSIC. “La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”, detalló un informe realizado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del almacén.

La crisis del Castor comenzó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs. La concesionaria había empezado en junio a inyectar gas colchón para comprobar que la instalación funcionaba correctamente. El 5 de septiembre se registró el primer temblor. El 24 de ese mes, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Dos días después el Gobierno ordenó el cese de actividad. El mayor seísmo fue uno de magnitud 4,2.

"Elevada incertidumbre"

Tras la crisis sísmica, el Gobierno encargó informes a dos organismos públicos, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ambos concluyeron que hay relación entre la inyección de gas en este almacén submarino y los terremotos que se registraron en la zona. Constataron además que la rotura de una falla no cartografiada hasta entonces --a la que los expertos bautizan ‘falla Castor’— fue la responsable de los temblores. El IGME alertó de la “elevada incertidumbre” del proyecto y de la posibilidad de que las "fallas importantes" que hay en el entorno sean susceptibles de “generar sismos de cierta magnitud”. Hacen falta más análisis, recomiendan ambas instituciones, que en sus informes evitaron pronunciarse sobre cómo respondería el terreno a una nueva inyección de gas.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró tras conocerse el contenido de esos dos informes --que tardaron meses en hacerse públicos pese a haber sido solicitados por diputados en el Congreso-- que también había encargado estudios a “expertos internacionales”: la Universidad de Stanford y el MIT.

El Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado la petición del Gobierno de anular la indemnización al almacén de gas Castor en el caso de que mediara negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. El abogado del Estado pidió --en mayo de 2012, mucho antes de la crisis de los seísmos-- la anulación de una cláusula del real decreto de 2008 con el que se autorizó la concesión administrativa por considerarla abusiva y contraria al interés general.

La nueva Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en octubre pasado, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón).