Las dos parejas españolas en Etiopía: “Tenemos esperanza en la diplomacia”

Las dos parejas españolas que llevan cuatro meses en Etiopía envueltos en un periplo burocrático por la adopción de dos niños conocerán el próximo miércoles la sentencia definitiva del juez. La supuesta falsificación por parte del director del orfanato de la firma del Ministerio de la Mujer de Etiopía (MOWA) paralizó hace cuatro meses el proceso de adopción.

Sonia Alonso y Rubén Fernández, y Silvia Pons y Jerónimo Moltó llegaron al país el 31 de marzo para resolver los últimos trámites que le dieran la adopción, iniciada hace cuatro años, de Mikel y de Mario, de uno y dos años respectivamente. Pero un conflicto de competencias entre el MOWA –la Administración central que hasta hace un año era la encargada de gestionar las adopciones–  y los Estados Regionales del Sur –la Administración local correspondiente a la zona de donde proceden los niños– ha eternizado y convertido el proceso en una pesadilla para las dos parejas. Sonia Alonso, una de las adoptantes, asegura por escrito tener "esperanza en la diplomacia" porque al fin y al cabo, recuerda, "esto es un problema político".

En la vista de este miércoles, los Estados Regionales del Sur, que se oponen a que los niños salgan del país, han presentado pruebas de que las familias biológicas de los menores no pueden hacerse cargo de ellos por falta de recursos, pero han argumentado delante del juez que Etiopía cuenta con orfanatos mantenidos con ayudas internacionales para acoger debidamente a los niños. Las mismas alegaciones que ya expusieron en la vista del miércoles pasado. El juez les pidió entonces que aportasen pruebas para acreditar que efectivamente podían encargarse de ellos. Rubén Fernández, uno de los adoptantes, ha informado después de la vista que su abogada ha tratado de rebatir en todo momento esta argumentación. "Ahora lo que queda es que el juez dicte sentencia".

El MOWA, que no ha estado presente en la vista de este miércoles, fue el organismo que después de descubrir la supuesta firma falsificada, decidió denunciar a los padres y revocar la adopción. A la vez que por una parte alegó tener potestad para dictaminar que la adopción no era legal aseguraba que no le competía la resolución. Este punto provoca confusión dentro del ECAI, la entidad colaboradora para la adopción internacional, que resume todo el problema en "un debate político interno de esa región que se ha intensificado porque ante la presión, ellos reaccionan a la defensiva". Por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores ha mediado en el asunto a través de una carta enviada por el ministro José Manuel García Margallo al cónsul español en Etiopía. También el Ministerio de Sanidad ha seguido el tema a fondo y según la ECAI, está apoyando "en todo lo que puede".