Gallardón dice ahora que aprobará la ley del aborto antes de septiembre

Nuevo retraso en la tramitación de la ley del aborto, una de las más conflictivas políticamente para el Gobierno. “Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano”, dijo este lunes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “pero el verano termina en septiembre”, añadió tras participar en San Lorenzo de El Escorial en un curso de verano de la Universidad Complutense. Esta coletilla implica que con toda probabilidad esta norma ya no irá en julio, al contrario de lo que estaba previsto. También es muy difícil que se apruebe el 1 de agosto, porque ese día comparece Mariano Rajoy en rueda de prensa. Los nuevos cálculos llevan al siguiente Consejo de Ministros, el 29 de agosto. Es un retraso importante que complica las posibilidades de tramitación de la ley.

El ministro quería que entrara en el Congreso en julio para poder concluir la tramitación antes de fin de año, algo que ahora se complica aunque se podría lograr con mucha voluntad política y una tramitación exprés. Si no se aprueba antes de que acabe el año, varios de los miembros del Gobierno y dirigentes del PP consultados creen que la norma podría no llegar a aprobarse en esta legislatura.

Después llega un año electoral, 2015, y ninguno de los barones autonómicos y alcaldes, los más inquietos porque son los primeros en jugarse su futuro político en las urnas, quiere que un asunto tan delicado interfiera en la campaña electoral.

De hecho la única vez que el Consejo de Ministros tramitó esta norma, el 20 de diciembre de 2013, desató una tormenta entre los barones autonómicos que se apaciguó con la promesa de dejar dormir la ley hasta después de las elecciones europeas. Ahora que han pasado estos comicios el ministro quería sacarla adelante antes de agosto, para acelerar los plazos. Pero el pulso interno del Gobierno con esta norma, según coinciden varios miembros del Ejecutivo y del PP, ha retrasado de nuevo su aprobación.

La ley del aborto fue aprobada en vísperas de las Navidades de 2013, para que pasara más desapercibida en las vacaciones estivales, y en un Consejo de Ministros que no presidía Rajoy, sino Soraya Sáenz de Santamaría. Pese a ese detalle, nada habitual, la vicepresidenta nunca defendió públicamente la ley. Se limitó a decir que estaba tan cómoda con ella como con otras normas del Gobierno. Pero fue Gallardón quien asumió todo el coste de su defensa. Ahora se ha escuchado a todos los colectivos implicados y el Ejecutivo busca una fórmula para suavizar el asunto del aborto por malformación del feto, el más polémico, pero sin retirar otras cuestiones como el regreso al modelo de supuestos que colocan a España muy por detrás de los países de su entorno con ley de plazo como Francia, Italia o Alemania y la gran mayoría de la UE.

Algunos miembros del Gobierno hablan de un fuerte pulso entre Gallardón y Sáenz de Santamaría sobre esta norma. Ambos los niegan. Lo cierto es que el funcionamiento del Ejecutivo, siempre pendiente de la última palabra de Rajoy, hace que sea el presidente el que toma las decisiones de este nivel. Ni la ley del aborto pudo salir en diciembre sin el apoyo e impulso del presidente ni el nuevo retraso se puede producir sin que él lo quiera. Él decidirá si sale adelante y en qué terminos o si muere en el camino, lo que supondría un coste político importante para Gallardón que ha defendido con ahínco su oportunidad. La ley está ahora en La Moncloa y son Rajoy y Sáenz de Santamaría quienes rematarán el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Los retrasos en esta norma por pulsos internos dentro del Gobierno han sido una constante. De hecho en la ocasión anteror, en diciembre de 2013, la ley llegó al Consejo de Ministros después de al menos cinco retrasos, ya que Gallardón fue prometiendo fechas que nunca se cumplían.

Por su parte, representantes de los Gobiernos de Asturias, Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña han exigido esta mañana ante las puertas del Ministerio de Sanidad la retirada del proyecto de ley para la reforma del aborto, que supone cambiar el actual sistema de plazos por otro que solo permitirá la interrupción del embarazo en los supuestos de violación y grave peligro psíquico o físico para la mujer, con una lista limitada de malformaciones fetales. Los cinco han denunciado que el departamento que dirige Ana Mato se ha negado a introducir este debate en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que han mantenido hoy en el ministerio, pese a que lo había solicitado expresamente. “Han considerado que no es un asunto suficientemente importante en materia de igualdad. Por eso hemos acordado incluirlo nosotros mismos en cuando llegue el turno de ruegos y preguntas”, ha subrayado Guillermo Martínez, consejero de Presidencia de Asturias.

Estas cinco comunidades, que ya habían manifestado su rechazo en los informes que enviaron al Ministerio de Justicia para sobre el anteproyecto de ley, han aprovechado la reunión de hoy para reiterar su posición e introducir el tema en el marco de la Conferencia de Igualdad por considerar que atenta contra los derechos de las mujeres. Así lo han hecho en el turno de ruegos y preguntas para que, al menos simbólicamente, quedara constancia de su oposición. La secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, que ha presidido la reunión, se ha limitado a responder que el debate no se introdujo porque no había consenso entre todas las comunidades.

A las puertas del ministerio, Guillermo Martínez ha subrayado el rechazo de su comunidad a esta ley por considerarla “un retroceso sin parangón en los derechos de la mujer”. “Creemos que no admite enmiendas parciales y por eso exigimos la retirada en su totalidad”, ha añadido.

Francisco Hernández, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, ha lamentado también el rechazo del Ministerio de Sanidad a tratar este tema y ha calificado la reforma del aborto como un atentado contra la libertad y la igualdad de las mujeres. “La ley va a poner en riesgo la salud y la seguridad de las mujeres que no tengan recursos, y las que sí tienen recursos van a poder hacerlo donde quieran y con garantías sanitarias. Esta es la visión que tiene este Gobierno sobre los derechos de las mujeres”, ha dicho.

Silvia Oñate, directora del Instituto de la Mujer de Andalucía, ha destacado que la reforma de Gallardón “atenta además contra los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues ni siquiera apuesta por la prevención para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”. Izaskun Landaida, directora del Instituto Vasco de la Mujer, también ha expresado su rechazo a la reforma porque “supone un retroceso intolerable”, y ha advertido de que la ley no va a conseguir una reducción en el número de abortos.

Por parte de Cataluña ha acudido la presidenta del Instituto de la Mujer de esta comunidad, Montse Gatell, que también ha manifestado su oposición al proyecto.

Presión de grupos antiabortistas

Desde la posición contraria, varias asociaciones provida han criticado también al Gobierno, pero en su caso por dilatar la aprobación del proyecto. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha calificado de "lamentable" que Gallardón se tome a la ligera el asunto y se permita bromear con la fecha de finalización del verano, informa Europa Press. Joya ha recordado que Gallardón tiene a los ciudadanos acostumbrados a "incumplir" los plazos que marca y ha criticado que el Gobierno esté retrasando el proceso porque "está calculando si le conviene electoralmente o no".

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, cree que "ya se están agotando todos los plazos" y que "no hay ninguna razón para seguir esperando". A su juicio, cuanto más se retrase la aprobación del proyecto es peor electoralmente porque se acerca la campaña de las elecciones autonómicas y locales, un momento que "no es el más idóneo" para debatir esta norma que requiere "cierto sosiego".