Educación elimina requisitos para abrir nuevas universidades

El mapa de universidades españolas se ha extendido parcialmente desde 1997. En este tiempo, los campus privados han pasado de 12 a 32 mientras no se ha abierto ni un solo público (hay 50). La crisis no ha afectado a la creación de nuevos centros privados, que en ocasiones abren sus puertas pese a no garantizar la calidad docente ni una mínima actividad investigadora. Al mismo tiempo, distintos informes oficiales apuntan a la dispersión de universidades en España y a la necesidad de reorganizar ese mapa.

Con este panorama, el Ministerio de Educación comenzó a trabajar ya el año pasado en un real decreto de creación de centros que pretendía acotar los excesos y que finalmente ha terminado eliminando requisitos para la apertura de nuevas universidades.

El borrador, al que ha tenido acceso este diario y que aún es susceptible de modificaciones, quita algunas de las obligaciones previstas en el decreto anterior, de 1991. Entre otras, la de que las universidades cubran con sus títulos las distintas ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnología). El ministerio y el PP defienden que es una medida para facilitar la especialización de los campus y evitar que se abran nuevas universidades con una oferta idéntica a la de las que tiene alrededor. Añaden que se mantiene la obligación de tener un mínimo de ocho titulaciones y se dibuja un nuevo marco de supervisión que dificultará la proliferación de campus privados sin los requisitos necesarios.

La oposición considera, al contrario, que se trata de un cambio que beneficia la proliferación de las privadas. El texto también elimina el artículo que obliga a tener en cuenta la demanda por mayor población escolar, el desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o la cobertura de nuevas necesidades profesionales.

Algunas de las últimas propuestas para abrir una universidad privada no incluían estos requisitos, tal como denunciaban los informes oficiales. Así lo destacaban cuatro expedientes llevados en abril a la Conferencia General de Política Universitaria, que acabaron con informes desfavorables. Estos pronunciamientos no siempre son tenidos en cuenta, porque el Gobierno es quien determina los requisitos básicos, según establece la Ley Orgánica de Universidades, pero son las comunidades autónomas las que dan el permiso último para abrir campus obviando en ocasiones los informes previos.

El PSOE planteó una alternativa de control en abril para que se obligara a que los aspirantes a abrir una universidad tuvieran que acreditar que habían subsanado los errores reseñados en los informes. El real decreto no incluye esa idea. La diputada socialista Angelina Costa considera que los cambios “no ayudan a vigilar y acotar la universidad privada, da más flexibilidad para que proliferen, y la siguen dejando al albur de las comunidades autónomas”.

La conferencia de rectores de España, la CRUE, pidió que los informes señalaran de forma explícita si eran favorables o desfavorables. El borrador tampoco incluye este extremo, aunque desde el ministerio planea recogerlo antes de presentar el texto final a los rectores y a las comunidades autónomas la próxima semana. El PP defiende que los informes siguen sin ser vinculantes porque no pueden interferir en competencias directas de las comunidades autónomas. “Eso nos obliga a quedar un poco cortos en los objetivos, pero este real decreto es un buen marco general”, admite la diputada popular María Jesús Moro. El texto incluye la obligación de que las comunidades autónomas supervisen periódicamente el cumplimiento de los requisitos exigidos, pero no fija ni los plazos ni los modos para ejercer ese control.

La investigación es una de las actividades en las que se distancian las universidades públicas y privadas, que no suelen centrarse en un aspecto que les resulta menos rentable. El nuevo decreto establece que la investigación debe tener cabida en ambos casos, como destaca Laureano González, profesor de la Universidad de Cantabria y excargo de la agencia de evaluación Aneca. La norma perfila que las universidades deberán promover “el desarrollo de actividad investigadora” pero vuelve a quedarse en la generalidad. “Tendría que haber quedado plasmado de una forma más completa y explícita, pero es un paso”, concluye este experto.