Canarias fija un suelo de inversión en educación del 5% de su PIB

El Parlamento de Canarias ha aprobado la primera Ley de Educación de su historia. Es una norma resultante de una Iniciativa Legislativa Popular, apoyada por más de 35.000 firmas, que contiene elementos novedosos como asegurar la inversión en el área educativa de, al menos, un 5% del Producto Interior Bruto canario. Con esta medida, la inversión en Educación en las Islas Canarias llegará hasta el umbral en el que se ubica la media de la Unión Europea. Fue aprobada por el PSC, CC y Nueva Canarias. El PP no apoyó la medida. En la actualidad el porcentaje del PIB es del 4,23.

La cadencia de aumento presupuestario hasta llegar al 5% del PIB se hará de forma progresiva, estableciendo el límite para hacerlo en 2020. En cuanto a la procedencia del dinero para completar este incremento presupuestario significativo, en torno a 400 millones de euros si el PIB se mantuviese en el índice actual, en la Consejería de Educación sostienen que será tarea del Gobierno de Canarias marcar ese límite y también exigir una mejor financiación al Gobierno de España vinculada a los servicios públicos. “Es un mensaje que lanzamos a la sociedad sobre la prioridad de la inversión en Educación”, decía la viceconsejera del área Manuela Armas.

La Ley que entrará en vigor revisa múltiples aspectos del sistema educativo en Canarias. Para ello, el Gobierno canario deberá aprobar diversos decretos, de los que algunos ya están listos. El profesorado se verá afectado de diferentes formas. A partir de ahora, aquellos profesores interinos de más de 55 años que hayan prestado servicios durante más de cinco, verán estabilizada su plaza de trabajo. No el centro en el que desempeñarán su función, pero sí la seguridad de trabajar el siguiente curso. Esta medida es aplaudida por el sindicato STEC y Fernando Pellicer, su portavoz, sostiene que los interinos conforman "un colectivo que ha dado mucho por la Educación". También afecta a los profesionales el hecho de que se abra un espacio "para el reconocimiento social y retributivo del profesorado en Canarias", aseguran en Educación, lo que se ha entendido en las centrales sindicales más importantes como la apertura de las negociaciones para aumentar el salario de los profesores, uno de los más bajos del Estado.

El Gobierno de Canarias también fundamentará por decreto el papel que tendrán en las Islas los consejos escolares, los padres y los alumnos en la gestión de los centros educativos. Consideran en el área de Educación que restar importancia al papel de otros agentes educativos más allá del centro de formación es “condenar al fracaso al sistema”. Aunque creen que en este aspecto puede chocar parcialmente con algunas "atribuciones de poder jerárquicas que establece la LOMCE", hay “resquicios por los que se podrá aplicar la norma autonómica” y el modelo de funcionamiento que se prevé en ella.

En cuanto al alumnado, sobre todo, cambia el espacio educativo. "Vamos a romper con esta ley los límites del espacio y el tiempo en la Educación", en referencia a la creación de un sistema virtual que permita a los alumnos "estén donde estén" acceder a todos los recursos a la hora que lo necesiten. Para este proyecto están puestas las bases y será uno de los primeros en ponerse en marcha. Será conocido como el Espacio Educativo Virtual Común para Canarias.

La mayoría de agentes sociales, así como el Partido Socialista, que gestiona el área de Educación, mostraron su satisfacción al considerar "histórica" este legislación que además cuenta "con un consenso significativo", según indicó Pérez que apuntó que "el que la quiera cambiar tendrá que hacerlo como poco con un consenso mayor". Es la primera Iniciartiva Legislativa Popular que acaba convertida en Ley en las Islas, "es una ley nacida desde abajo", sentenciaba el también secretario general de los socialistas canarios.

En el Partido Popular, su portavoz Maribel Oñate, descalificaba la nueva norma argumentando que el PSOE quiere “imponer con prisas y sin consenso el viejo modelo socialista que ha llevado al más absoluto fracaso”. Junto al PP, Comisiones Obreras que tampoco considera que haya habido el consenso suficiente y que “soluciona los graves problemas inmediatos que tiene la Educación en Canarias”. Fuentes de este sindicato, sin embargo, apuntan a una división interna en torno a la nueva legislación y una crítica vinculada a una mayor participación de otros sindicatos en la elaboración de la misma.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose, Canarias mantiene una tasa de fracaso escolar temprano del 28,3%, estando la media en el 23,5%.