Los comerciantes no pagarán más por los ‘barrios premium’

El Gobierno ha esbozado ya las futuras Áreas Comerciales Urbanas (ACU), el nombre que recibirán en España los business improvement district (BID), la figura a la que se acogen comerciantes de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido, para incorporarse a la gestión de barrios prestando servicios complementarios a los que proporcionan los Ayuntamientos. Pero, a diferencia de esos modelos, en los que los empresarios abonan una tasa extra para sufragar las mejoras, el Ministerio de Economía planea que en España esas entidades se financien mediante una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 95%, según el borrador del anteproyecto de ley para la Dinamización de las Áreas Comerciales Urbanas, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El primer esbozo de la normativa básica de las ACU contempla que las comunidades autónomas fijarán el procedimiento de constitución y la estructura de las entidades, que siempre deberán cumplir tres requisitos: estar delimitadas territorialmente en un “área urbana de marcado carácter comercial y atractivo para los consumidores”, disponer de una “oferta de servicios y ocio” diversificada y contar con una “imagen comercial y de gestión única”.

Los Ayuntamientos, por su parte, se encargarán de acordar mediante un convenio con las entidades los “servicios y actividades complementarias a desarrollar”, su presupuesto y su régimen de financiación. Entre las funciones que tendrán las ACU hay, entre otras, “acciones que contribuyan a la mejora de la seguridad pública y sus instalaciones”, la gestión de “la ocupación de locales comerciales”, actuaciones urbanísticas para favorecer la “accesibilidad” y el “estacionamiento”, la “colaboración en la conservación del patrimonio histórico y artístico”, la instalación de “equipamiento urbano para atraer visitantes” o actividades culturales y deportivas.

El BID es una figura de origen canadiense que permite que las asociaciones de comerciantes se autofinancien mediante una tasa obligatoria que se destina a aumentar los servicios de la zona. Eso evita que haya comerciantes que se aprovechen de las mejoras logradas sin haber desembolsado un euro. Antes, no obstante, debe haber una votación a la que están llamados todos los empresarios del área. El ministerio incluye en el borrador ese referendo y baraja dos opciones para que salga adelante: una mayoría de la mitad más uno o bien el 75% de los sufragios. En todo caso, el resultado siempre deberá ser validado por “el pleno del Ayuntamiento” mediante “un informe favorable”.

Todos esos aspectos se abordaron en una reunión que el ministerio mantuvo el pasado 13 de mayo con técnicos de las comunidades autónomas y representantes de los Ayuntamientos y los comerciantes. El aspecto que más recelos ha suscitado, según varios asistentes, fue la propuesta de que los ACU se financien mediante la regulación de “una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los inmuebles vinculados a estas entidades de colaboración público-privada” para que destinen esa cantidad a sufragar los gastos de sus servicios. Esos mismos asistentes explican que en el encuentro los responsables del ministerio informaron de que la propuesta está pendiente de recibir luz verde del Ministerio de Hacienda y descartaron la creación de nuevos tributos, ya sea mediante contribuciones especiales o impuestos. En la reunión, el Gobierno también rechazó la demanda de los comerciantes de que empresas y restaurantes participaran en esas entidades.

El proyecto recoge que las entidades participen en la seguridad pública

Fuentes del ministerio explicaron que esa reunión fue solo una primera toma de contacto. Sin embargo, la propuesta de que las entidades se financien a través del IBI ha despertado recelos en algunas comunidades, que preferirían que las aportaciones las realizaran directamente los comerciantes. “La propuesta del Gobierno no tiene nada que ver con los modelos de Canadá, Estados Unidos o Reino Unido. Los comercios no tienen por qué ser los dueños del inmueble. Es más, lo normal es que sean inquilinos. ¿Cómo van a articularlo?”, se queja el director general de Comercio de Canarias, Gustavo Matos.

Además, expone Matos, no recaudaría lo mismo un barrio del centro de la ciudad, donde los valores catastrales son más elevados, que uno de la periferia, por lo que se corre el riesgo de crear “barrios de primera y de segunda”. “En un momento en el que el Gobierno pretende retirar competencias a los Ayuntamientos, corremos el riesgo de privatización de algunos servicios públicos en el centro de las ciudades”, añade. Fuentes del Gobierno justificaron la medida en la necesidad de no elevar la presión fiscal de los comerciantes en un momento de incipiente recuperación de las ventas.

Las comunidades han identificado 200 zonas donde aplicar la figura

Uno de los motivos por los que se creó esta figura fue la necesidad de competir con los grandes centros comerciales. El borrador del anteproyecto de ley se acompaña de un anexo con los centros comerciales urbanos o al aire libre que hay en España, salvo los del País Vasco y Cataluña, cuyos titulares de Comercio no entregaron los datos. En total, las comunidades identificaron 202 áreas en las que esa figura podría aplicarse. Estas cuentan con 18.450 asociados y 42.877 establecimientos minoristas. Los centros corresponden sobre todo a las principales avenidas de las mayores ciudades españolas. Entre otros, están el centro de Marbella, el casco urbano de Oviedo, el barrio de Las Letras y el centro comercial abierto Triball, ambos en Madrid.