Conflicto minero en Huepetuhe

El conflicto por la minería informal e ilegal mantiene en tensión a Perú. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el país andino practican esta labor unas 100.000 personas, aunque Daniel Urresti –general del Ejército retirado y en la actualidad ministro del Interior- elevó ese número a unos 300.000 el pasado mes de abril y a 29.000 millones de dólares el negocio de una actividad que tiene incluso dos representantes en el Congreso.

El Gobierno asegura que esta práctica deforesta bosques, contamina ríos, depreda reservas naturales y evade impuestos. En 2011 aprobó sanciones e inició un proceso de formalización pero hasta abril solo había admitido al 10% de los 70.000 mineros que habían iniciado los trámites para legalizarse. Las protestas, bloqueos de carretera y movilizaciones en varias ciudades llevaron a la administración a postergar dos veces los plazos de presentación de documentos.

La región más afectada por la minería ilegal es Madre de Dios, también la de mayor biodiversidad en el país. Las operaciones contra esta actividad emprendidas en la localidad de Huepetuhe por Urresti entre abril y junio supusieron el despliegue de más de 1.500 efectivos de policía y soldados, y el uso de explosivos, helicópteros y gas lacrimógeno. El Gobierno también aprobó una norma para disminuir la cantidad de combustible que podía entrar a Madre de Dios, usado en su mayor parte para la minería, y ello produjo movilizaciones frenadas por la policía con el saldo de un muerto y varios heridos.

La población de Huepetuhe, donde la extracción aluvial se da hace 40 años al pie de los ríos, señala que el Gobierno realiza estas operaciones porque a fin de año la empresa texana Hunt Oil empezará a hacer perforaciones en el Lote 76, una concesión de gas que logró del Estado sin realizar un proceso de consulta previa a las comunidades, es decir, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT del cual Perú es signatario. El lote se superpone a la Reserva Comunal Amarakaire, donde viven indígenas harakmbut y matsiguenga. Hunt Oil dividió a las autoridades comunales y federaciones indígenas -mediante el pago de dinero en efectivo- para que cambiaran de opinión y autorizaran la entrada de la empresa en sus territorios.