Bruselas constata que la subida de tasas no aleja al estudiante de las aulas

Bruselas pone de relieve la importancia de las ayudas públicas para paliar la subida de las tasas universitarias. La Comisión Europea ha hecho público este lunes un informe que destaca la "crucial" importancia de las becas o préstamos para compensar los efectos negativos de un incremento del precio que pagan los estudiantes, en especial en el caso de los alumnos procedentes de grupos de población vulnerables. Sin embargo, la investigación también subraya que el encarecimiento de las tarifas universitarias no tiene ningún impacto sobre la tasa global de matriculaciones "salvo que el cambio tenga una magnitud excepcional". Las familias siguen sosteniendo los estudios incluso en los perores momentos.

En España, uno de los países con los precios más altos de la Unión Europea (UE) y que no ha sido incluida en el trabajo, el coste de los estudios universitarios se ha disparado en varias comunidades autónomas —con Madrid y Cataluña a la cabeza—. En paralelo, la cuantía media de las becas ha pasado de 3.101 a 2.824 euros al año en el curso 2013-2014.

El estudio, elaborado por el Centro Alemán de Educación Superior e Investigación Científica (Hannover) y por el canadiense HESA a petición del Ejecutivo comunitario, analiza el impacto de los cambios en los precios de las tasas académicas en nueve países de la OCDE con diferentes modelos de financiación universitaria —Alemania, Austria, Finlandia, Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur— en los últimos 15 años y extrae tres conclusiones clave para el desarrollo de políticas públicas en materia educativa.

En primer lugar, el estudio centra su atención en las personas procedentes de grupos de población vulnerables y concluye que los sistemas de ayudas —ya sean becas, ventajas fiscales o préstamos en condiciones favorables— reducen el impacto sobre los estudiantes. En este sentido, los investigadores consideran "importante" que los Gobiernos busquen un equilibrio entre tasas y ayudas en el diseño de sus políticas.

Pero al mismo tiempo, la investigación se vale de los ejemplos de Alemania y Austria, donde se introdujo un sistema de tasas posteriormente abolido, y de Portugal, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur, países en los que las tasas han aumentado sostenidamente en los últimos años, para concluir que la subida de los precios públicos de la universidad "generalmente" no tiene efecto sobre la matriculación global de estudiantes. Al contrario de lo que la teoría económica indica —a mayor precio, menor demanda— una subida gradual de las tasas no lleva aparejada una caída en el número de matrículas de educación superior, ni siquiera en los grupos de estudiantes de bajos ingresos. Este encarecimiento sí afecta a la participación universitaria de los alumnos de mayor edad.

Por último, el estudio destaca que el incremento de los recursos de las instituciones de educación superior derivado de una subida de tasas no siempre redunda en mayor calidad de los estudios ofertados. En concreto, la evidencia muestra que en muchos casos los nuevos ingresos no se invierten en la formación de nuevos profesores y la creación de plazas docentes.

El caso español

Los precios de las matrículas universitarias españolas se dispararon en 2012, después de que el Ministerio de Educación aprobara un real decreto que establecía el cálculo de las tarifas en función de una horquilla del coste total del curso (entre el 15% y el 25%) y que supuso un incremento de hasta 540 euros al año. Al mismo tiempo, endureció los criterios académicos para obtener ayudas y, posteriormente, las dividió en una cuantía fija y otra variable. Las diferencias del coste de los estudios superiores entre comunidades autónomas se han disparado desde entonces, con incrementos de hasta el 60% en Cataluña y Madrid.

La cuantía media de las becas universitarias que recibe el 27% de los alumnos universitarios españoles ha caído en 300 euros en el curso 2013-2014. La tasa de cobertura de estas ayudas es inferior a la de 12 países de la UE como Finlandia, Reino Unido, Irlanda o Grecia, según la última comparativa elaborada por el Ejecutivo comunitario.