Un muerto que pagaba sus facturas

El pasado domingo 22 Ángel Oñate fue encontrado muerto en una vivienda del número 1 de la calle Templarios en el barrio obrero de La Pilarica, en Valladolid. En el salón, junto a una pequeña estufa eléctrica enchufada a la corriente. Su cuerpo estaba momificado. La policía, que acudió al inmueble tras recibir la llamada de una vecina que trataba de ocupar el piso pensando que estaba vacío, calcula que llevaba allí unos tres años largos. Las últimas gestiones bancarias que realizó en persona datan de diciembre de 2010. Un almanaque amarillento hallado junto al cadáver se paró también esa fecha, la misma en que había dejado de pagar los gastos de la comunidad.

Nada de eso levantó sospechas entre los vecinos. No era el primer inquilino que lo hacía en un edificio con escasa vida social. El bloque tiene dos escaleras. La que da a la calle acoge a 24 familias, cuenta con ascensor y rampa para minusválidos. Está bien adecentada. En la interior oficialmente hay cuatro pisos habitados. Los otros ocho los van ocupando familias cuando se corre la voz de que quedan vacíos. Varios pertenecen a bancos que han desalojado por impagos a sus anteriores propietarios. En las puertas varias cerraduras están forzadas.

Una familia 'okupa' que entró al piso descubrió el cuerpo en Valladolid

Así que cuando de un día para otro, el inquilino del 1º C desapareció durante el invierno de 2010, el vecindario concluyó que era otro más que se había mudado sin dar explicaciones.

La vida de Ángel Oñate empezó a torcerse en 1982. Cuando se separó de su mujer y su hija y abandonó el piso al que se habían mudado en Valladolid desde Miranda de Ebro, su localidad natal. Tenía 33 años y había trabajado como soldador, mecánico industrial y encargado de montaje en distintas zonas del norte de España. Tras la ruptura, se encerró en sí mismo e interrumpió todo contacto con su entorno familiar. No solo con su esposa y la niña pequeña, también con su único hermano, Ricardo, cinco años mayor. Toda su explicación fue que quería vivir su vida. Y eso hizo alejado del mundo durante casi tres décadas.

Oñate se instaló en el edificio donde lo encontraron muerto en 2007. Durante dos años, vivió en el 4º C, propiedad de una conocida. “El hombre me dijo que habían llegado a un acuerdo: ella le cobraba una renta baja y a cambio él cuidaba de la casa”, explica Jesús Manuel García, el administrador de la finca. La situación cambió con el fallecimiento de la mujer. Sus herederos le echaron y Oñate se trasladó al 1º C de la misma escalera, propiedad de Bernardino Panizo, hermano de la que había sido su casera.

El cadáver momificado fue hallado junto a una estufa eléctrica enchufada

Los residentes le recuerdan como un hombre correcto y reservado hasta el tuétano. Les suena que había sufrido un accidente laboral. Saben, eso sí, que era aficionado a moldear figuras de madera. “No tenía relación con ningún vecino más allá de hola y adiós”, apunta María Jesús Villarroel, vecina desde hace casi dos décadas y actual vicepresidenta de la comunidad. Siempre le llamó la atención su barba: larga, poblada, sin arreglar, “como si quisiera esconderse de alguien”.

Laudelina Ferreras vivía puerta con puerta con él y tampoco puede decir gran cosa. “Me saludaba cuando nos encontrábamos en el pasillo y nada más”. Nada le hizo desconfiar. “No estaba cuando se lo encontraron, me enteré por una vecina pasados unos días”, relata sin soltar el cuello de la bata.

En el tercero vive Dina: madre de dos retoños, desempleada y okupa, como la familia de al lado. Se instaló hace dos semanas. No tiene pistas.

El casero que alojó a Oñate tampoco notó nada extraño porque mes a mes cobró el alquiler. La renta estaba domiciliada y la pensión que siguió percibiendo ya fallecido daba para cubrir los recibos de la luz y el agua. Durante tres años y medio, todos esos trámites se sucedieron mecánicamente. En la burocracia oficial, Ángel seguía vivo.

La de Oñate no es la historia clásica, mil veces contada, del viejo que muere solo, desatendido y olvidado por su familia. Desde que decidió sacarse de en medio hace tres décadas, su hermano Ricardo, intentó seguirle la pista. Investigó por su cuenta tirando de amigos en instituciones que le facilitaban sus domicilios y se preocupó de saber si estaba vivo. Dio con cuatro o cinco pisos en los que había estado pero sus consultas informales empezaron a chocar con la Ley de Protección de Datos. Hasta abril de 2005 lo tuvo localizado. En uno de sus repetidos viajes desde Miranda de Ebro a Valladolid una familia le confirmó que había vivido en su bloque hasta cuatro o cinco meses antes. Ahí le perdió el rastro. Tras esa última visita infructuosa, se metió en abogados para lograr una declaración de ausencia y poder saber de su hermano.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 21 de diciembre de 2010 un breve texto de 11 líneas en el que la juez Patricia Teresa Rodríguez Arroyo hacía saber que desde tres años atrás no había noticias del paradero de Ángel. Lo publicitó “para que los que tengan noticias del desaparecido puedan ponerlas en conocimiento del juzgado”. El papeleo exigía además a la familia publicar anuncios en la prensa de la zona para acreditar la búsqueda. Su hermano pagó tres: en El Mundo, el Diario de Burgos y la desconexión local de Radio Nacional de España, con dos semanas de separación. Las pistas nunca llegaron pero el trámite era preceptivo para seguir adelante con el farragoso proceso. En 2012, la juez decretó la “declaración de ausencia legal” que incorporaba la coletilla habitual en estos casos: “No ha comparecido persona alguna dando noticias del desaparecido y no oponiéndose el fiscal a este trámite...” la justicia declaró ausente a Oñate en 2012, cuando según todos los indicios ahora conocidos llevaba dos años muerto. Lo hizo sin que nadie cruzase datos de la Seguridad Social o el Cuerpo Nacional de Policía, que le había renovado el DNI con su nueva dirección. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el instructor de una declaración de ausencia no tiene más obligación que atender el requerimiento de las familias. Rara vez investiga.

El hermano mayor del fallecido

El 9 de abril de 2013, la hija del desaparecido inició un nuevo procedimiento judicial, esta vez para la declaración de fallecimiento. Hizo constar en el BOE que no sabía nada de él desde 1985. Tampoco dio origen a ninguna pesquisa.

En su casa de Miranda de Ebro, su hermano está roto de dolor e indignación. Se pregunta para qué sirven las instituciones. Y por qué la juez no buscó esos datos que a él le estaba prohibido rastrear. “He perdido varios miles de euros en abogados y anuncios, ¿para qué pago impuestos?, ¿qué resultado me han dado? A quienes están en mi situación les diría que no se molesten en buscar si esta es la Justicia que tenemos”.

En el barrio hoy todos han oído hablar del caso, destapado por El Norte de Castilla, pero nadie aporta luz. La carnicera sabe que Oñate había sufrido un infarto, pero no que tuviera una hija. “Tengo clientas que en vez de comprar parece que vienen a confesarse. No era su caso”, comenta mientras coloca las piezas en la cámara. En la taberna, no saben nada. En el quiosco tampoco.

Una prueba de ADN ratificará estos días el final de la historia. La mujer que forzó la puerta de la vivienda que creía abandonada puede enfrentarse a un juicio de faltas por causar daños. En la comisaría de Valladolid no consta denuncia alguna por este hecho. Por ley, la Seguridad Social tiene derecho a reclamar a la heredera (su hija) el dinero de la pensión, solo el del último año. Para la policía, que levantó el atestado al entrar en la vivienda, no hay caso: la autopsia apunta a una muerte natural o como consecuencia de un infarto. Nada de su incumbencia.