Una juez ordena el cierre de un club cannábico por narcotráfico

Cada vez son más los visitantes que aprovechan su estancia en la capital catalana —que ya se considera la Holanda del sur— para comprar unos gramos de marihuana. Para conseguirlo, basta con meterse en Internet, hacerse socio de alguno de los clubes existentes y pedir la mercancía por teléfono o por correo electrónico, como comprobó este diario. También es posible encontrar a alguno de los empleados de los locales que reparten publicidad por la calle y que se encargan de acompañar al interesado hasta el local para hacerle socio y venderle la marihuana. Pero estas prácticas tienen un riesgo. Ayer, por primera vez en Cataluña, se cerró por orden de la juez un club ubicado en el barrio barcelonés del Raval. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, decretó esta medida porque en el lugar se traficaba con drogas, con una lista de precios en su interior, además de venderse consumiciones y aperitivos. Su dueño ha sido imputado.

Esta práctica es ilegal porque los clubes de cannabis (en Cataluña hay unos 400) funcionan como asociaciones y como tales deben cumplir con unos requisitos, entre los que figuran no tener ánimo de lucro y dispensar solo a un círculo cerrado de personas (los socios fijos), no al primer turista que pase por las Ramblas.

Falta fijar como se accede legalmente a la planta”, pide un abogado

En Cataluña están proliferando cada vez más estas asociaciones y, como consecuencia directa aumentan también las medidas de control sobre ellas, ante el peligro de que se conviertan en tapaderas para la venta de droga a turistas, como según los Mossos ocurría con la ubicada en el número 12 de la calle de Santa Margarida de Barcelona. Los agentes que investigaron por orden de la fiscalía la entidad detectaron a un hombre que “interactuaba” con los turistas y les llevaba al local. Allí les hacían un carné de socio al momento, un requisito imprescindible para este tipo de asociaciones, y les vendían marihuana. “Así los turistas podían consumir y comprar marihuana sin limitación mientras durasen sus vacaciones”, según la nota difundida por la policía catalana.

Desde hace años, algunas de las asociaciones de cannabis se han organizado y reclaman una regulación para evitar prácticas como estas y para saber qué derechos y deberes tienen. Temen que la falta de un marco jurídico les deje a todos en el limbo, “como ya sucede con la prostitución”, como explicó un empleado del sector. Las federaciones, que cada vez representan a más asociaciones, han editado un manual de buenas prácticas en el que se recomienda a los federados tener médicos en plantilla o garantizar que se trate de un club cerrado, es decir, donde solo puedan entrar los amigos de los que ya son socios. También tienen una propuesta para evitar el turismo cannábico: “Basta con esperar una semana antes de darles de alta”, explicó Albert Tió, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas auto reguladas de Cataluña (Fedcac). Desde la Fedcac no tienen ningún reparo en reconocer la mala praxis de algunas asociaciones, como las que se dedican a vender a los turistas: “Es una mala práctica y está tipificada en el Código Penal”.

El 13 de febrero, el pleno del parlamento catalán votó a favor de que se apruebe una regulación de las asociaciones cannábicas “desde la perspectiva de la salud pública, autoconsumo y autocultivo, que vaya en la línea contraria de la criminalización que pretende el Gobierno español”. Y se dieron un plazo de cuatro meses, que prácticamente se ha agotado. Hace más de un año que el Gobierno catalán estudia a nivel institucional —con Justicia, Salud, Educación e Interior—, con los actores implicados —fiscalía, policía, salud, entidades jurídicas y de derecho— y con los propios clubes una regulación que satisfaga a las partes. Pero, por ahora, sigue sin llegar el acuerdo, sobre todo por las opiniones divergentes entre Salud, proclive a la regularización, e Interior, que se inclina por una política más restrictiva.

El Parlamento catalán votó a favor de un código de conducta en febrero

Mientras ésta no llega, no para de crecer el número de asociaciones y su tamaño. Se calcula que solo en Cataluña estos clubes sin ánimo de lucro pueden estar facturando cinco millones de euros al mes, ya que cuentan con 165.000 socios, 60.000 de los cuales gastan cerca de 75 euros mensuales, según cifras de la Fedcac.

Además del Gobierno de la Generalitat, algunos ayuntamientos también preparan ordenanzas municipales para regular los espacios. El de Girona ya ha aprobado, por ejemplo, que no pueden estar a menos de 300 metros de distancia de colegios o centros sanitarios y que entre cada club tiene que haber al menos 500 metros de distancia.

“Todo esto está muy bien, pero hace falta regular cómo se accede legalmente a la planta” dice Martí Cànaves, abogado penalista. Sin una regulación, las entidades se ven obligadas a comprar la marihuana que dispensan a sus socios al mercado negro o bien plantarla ellos mismos.