El Supremo debate los recursos contra los sondeos en Canarias

El Tribunal Supremo delibera hoy sobre los siete recursos presentados por administraciones y entidades canarias, organizaciones ecologistas y partidos políticos contra las prospecciones petrolíferas que Repsol quiere realizar frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Los recursos se presentaron después de que el Consejo de Ministros convalidara a Repsol en 2012 un permiso de investigación de hidrocarburos en la zona. Los recurrentes alegan riesgos medioambientales y económicos.

Los magistrados deliberan sobre los siete recursos, que han sido unificados, presentados por el Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Ben Magec - Ecologistas en Acción, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida. Fuentes del Supremo han asegurado a EFE que las deliberaciones continuarán mañana miércoles porque el tema es muy complejo y la documentación voluminosa. 

Repsol lleva desde 2001 intentando estudiar los fondos marinos a unos 60 kilómetros de las costas canarias para comprobar si hay hidrocarburos y es rentable su extracción. El Gobierno le dio los primeros permisos ese año, pero en 2004 el Tribunal Supremo los anuló porque carecían de las medidas ambientales que requería la normativa. En 2012 el Gobierno consideró que Repsol había subsanado las deficiencias y convalidó los permisos de nuevo.

La decisión del Supremo, por tanto, no está relacionada con la declaración de impacto ambiental favorable que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concedió a Repsol el pasado 29 de mayo. Una declaración que el ministerio asegura que ha sido emitida, pero que hasta hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como es preceptivo. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, informó de su emisión en un encuentro informativo con los medios. Repsol tiene autorización medioambiental para realizar hasta tres sondeos ­–es probable que solo lleve a cabo dos, según fuentes de la empresa—a unos 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Los recursos alegan, entre otras cosas, que ambas islas están declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO, y que los sondeos podrían causar impactos negativos en especies protegidas como los cetáceos y las tortugas. También mencionan los riesgos para la actividad económica de estas islas, tanto de la pesca como del turismo.

Decenas de miles de canarios salieron el sábado a las calles de todas las capitales isleñas para protestar contra las prospecciones. Las marchas fueron convocadas por plataformas ciudadanas después de que se conociera la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio de Medio Ambiente. Según la Delegación del Gobierno, los asistentes a todas las manifestaciones sumaron cerca de 50.000 personas, que los organizadores multiplican por cuatro.

El Gobierno canario quiere convocar una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si quieren que Repsol realice las prospecciones. El Parlamento canario aprobó en febrero solicitarlo al Estado. El pasado 28 de marzo el Supremo aplazó la deliberación sobre los recursos, prevista para el 1 de abril, para solicitar más información al Ministerio de Medio Ambiente. Será la sala tercera de lo Contencioso-administrativo la encargada de decidir sobre la autorización gubernamental.